Para el gobierno de Morelos, las diferencias personales entre habitantes han sido la causa de la escalada del conflicto en la comunidad de “El Chivatero”, en el municipio de Ayala, y advirtió que no se permitirá que en el lugar se formen grupos de autodefensa.

Luego de que familiares de cuatro imputados por el presunto homicidio del activista Gustavo Salgado Delgado, denunciaron omisión de la Policía para frenar la agresión de que fueron víctimas la noche del lunes por supuestos integrantes del Frente Popular Revolucionario (FPR), el secretario de Gobierno, Matías Quiroz Medina, rechazó la acusación y sostuvo que el Mando Único llegó a la comunidad a detener la violencia e incluso cinco patrullas resultaron dañadas.

Afirmó que la confrontación y la tensión que se vive en el lugar, no es producto sólo del asesinato del activista, sino de las diferencia personales entre miembros de la comunidad.  

“Con preocupación vemos que más allá de los aspectos sociales o políticos, ya hay diferencias personales muy fuertes y evidentemente generan una mayor acidez a la problemática y conflictos mucho más profundos”, dijo.

Afirmó que el gobierno estatal implementó medidas de seguridad permanentes y aseguró que no hay cabida para la creación de guardias comunitarias o de autodefensa, como lo anunció Adelaida Marcelino, familiar de los imputados y miembro de la comunidad de “El Chivatero”.

“El gobierno del estado no permitirá en ningún momento la creación de grupos que pretendan, bajo el argumento de la defensa, comenzar a cometer acciones delictivas”, sostuvo. Y recalcó que “quien hoy esté pensando en desarrollar una policía comunitaria, decirle con absoluta responsabilidad que actuaremos con estricto apego al estado de derecho, no hay ninguna circunstancia o ninguna condición para formar una policía comunitaria y seguiremos trabajando como lo hemos venido haciendo”.

Ante la tensión que prevalece en la comunidad, en la víspera del juicio oral de los cuatro presuntos responsables del homicidio de Gustavo Salgado (cuyo crimen está presuntamente vinculado a una disputa de tierras entre los grupos de “Los Marcelinos” y el FPR, al que pertenecía el activista), Matías Quiroz pidió a las organizaciones civiles y los partidos evitar contaminar el conflicto, para que la crisis en esa comunidad no se ahonde más.

En tanto, el fiscal estatal Javier Pérez Durón informó que se analiza la posibilidad de solicitar al tribunal de juicio oral, con sede en la Ciudad Judicial de Cuautla, que se reubique el lugar de la audiencia o se implementen medidas de seguridad para el desahogo del proceso.

“Vamos a buscar las mejores condiciones para todos los participantes y no violentar ningún derecho”, dijo.