Ayala, Morelos.- La defensa legal y la familia de los cuatro imputados por el asesinato del activista Gustavo Salgado Delgado, exigieron al gobierno de Morelos y al Tribunal Superior de Justicia (TSJ), garantías de seguridad para el desahogo del juicio oral y evitar la violencia en la comunidad de “El Chivatero”, en el municipio de Ayala, y anunciaron la formación de un grupo de autodefensa.

Adelaida Marcelino Mateos, abogada y familiar de los cuatro imputados, rechazó la versión de un enfrentamiento y afirmó que la noche del lunes ella y un grupo de personas (entre menores y adultos mayores) que se encontraban en una casa ubicada en la calle Revolución de 1910, fueron atacados con piedras y bombas molotov.

Dijo que pese a que solicitó apoyo al Mando Único, al lugar llegaron varias patrullas pero los policías no intervinieron para frenar el ataque, la quema de al menos dos vehículos, daños a otros dos autos y la quema de tres casas, dos de ellas de cartón. Y fue necesario requerir el apoyo de la Policía Federal, cuyos elementos finalmente salvaguardaron la integridad del grupo y apoyaron el traslado de los heridos a los hospitales.

Indicó que intentó iniciar la carpeta de investigación por estos hechos ante la fiscalía estatal, pero el personal rechazó atenderla, con el argumento de que no había tiempo.

Explicó que ante la omisión y negligencia tanto de la Fiscalía General del Estado como la Comisión Estatal de Seguridad de garantizar la paz social y el orden en la comunidad, está en vías de formación un grupo de autodefensa comunitaria con el apoyo de la organización guerrerense Montaña de la Sierra.

“El Frente Popular Revolucionario tiene antecedentes de ser un grupo muy violento y de utilizar a menores de edad para realizar ese tipo de actos delictivos, y ante el temor de que nosotros ya sabemos el antecedente, vamos también nosotros a tomar nuestras medidas sin caer en la violencia, simplemente es un medida de precaución y de seguridad que vamos a tomar”, dijo.

Christian Fragoso Velázquez, quien encabeza la defensa legal de los indígenas tlapanecos imputados Héctor y Elidio, ambos de 35 años, Víctor de 25 y Victorino de 50 años de edad, lamentó la suspensión de la audiencia del juicio oral el pasado lunes por la falta de condiciones de seguridad, pues en todo momento los elementos del Mando Único que fueron se mantuvieron como espectadores, pese al conato de violencia en la Ciudad Judicial de Cuautla, donde se instaló un campamento de organizaciones y seguidores del otrora activista Gustavo Salgado.

“No está en juego sólo una situación de amenazas, está en juego la integridad y la vida de las personas que están interviniendo, se tiene que tomar con responsabilidad por parte de las autoridades”.

“Estaremos acudiendo con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia para exponerle esta situación y que se tomen las medidas pertinentes para garantizar la seguridad de los que intervenimos (en el juicio)”, señaló.

Afirmó que solicitará al TSJ que la audiencia, por razones de seguridad, se lleve a cabo en la sala de juicios orales dentro del penal de Atlacholoaya, y que se disponga de un dispositivo para proteger la integridad de todas las partes y evitar actos de violencia.

Hizo una llamado a la mesura a los simpatizantes y organizaciones que buscan justicia para Gustavo Salgado, a quienes pidió acudir a la fiscalía estatal a pedir explicaciones sobre las actuaciones del Ministerio Público en la investigación del caso, y se les diga de dónde sacó la fiscalía la computadora presuntamente propiedad de la víctima y el machete con el que supuestamente fue privada de la vida, luego de que un juez federal invalidara ambos elementos como pruebas incriminatorias por considerar que fueron obtenidas de manera ilegal y posiblemente “sembradas”.

“Invitamos al grupo del frente popular Gustavo Salgado Delgado, es un llamado a la cordura, es un llamado a la mesura, que se acerquen a la propia fiscalía, que les explique porqué esas pruebas fueron desechadas, porqué el juez las consideró como pruebas ilegales y de dónde las sacaron”.

“Aquí no se trata de una confrontación de nosotros somos los buenos o somos los malos, o ellos los buenos o viceversa, aquí se trata de esclarecer los hechos y por supuesto que la autoridad tiene mucho que ver en esclarecer de dónde sacaron esa computadora y ese machete”, recalcó.

También pidió seguir los cauces legales en el esclarecimiento del homicidio y que sea el Poder Judicial el encargado de dictar la resolución que en derecho corresponda, pero sobre todo: “por favor tomen en consideración que hay niños, hay mujeres de ambos lados, y hay que evitar una confrontación que puede concluir en la pérdida de vidas humanas”.

El 4 de febrero de 2015 se reportó la desaparición del activista Gustavo Salgado Delgado en el municipio de Ayala, pero en horas posteriores su cuerpo decapitado fue localizado. Días después fueron detenidos cuatro indígenas tlapanecos acusados de ser los presuntos autores materiales del crimen, y la fiscalía anunció que, como resultado del cateo a un domicilio en la localidad, fueron asegurados un machete (presunta arma homicida), la computadora supuestamente del activista, cuatro vehículos con reporte de robo y otros objetos no precisados por la autoridad.

Entonces, la Fiscalía General del Estado descartó el móvil político en el homicidio del activista y miembro del Frente Popular Revolucionario, e informó que la principal línea de investigación apuntaba a “un conflicto de interés” por la disputa de unos predios en el municipio de Ayala.

Desde entonces se enardecieron las diferencias entre las organizaciones y simpatizantes que exigen justicia para el activista, y la agrupación autodenominada “Semilla”,  “Los Vitorinos” o “Los Marcelinos”. Ambos grupos se acusan de violentos e incurrir en actos ilegales.