Cuernavaca, Morelos.- Al referir que está a la espera de los documentos que garanticen que no se procederá penalmente en su contra y de los imputados por la Fiscalía de la Región Oriente del estado, el rector de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), Jesús Alejandro Vera Jiménez, consideró que la participación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) como observador en la apertura de las fosas de Tetelcingo, en Cuautla, será fundamental para determinar violaciones graves a los derechos humanos.

“Estamos a la espera de que no sólo sea un acuerdo verbal, a eso se comprometió (la fiscalía) en la Procuraduría General de la República y no sólo nosotros, la propia procuraduría general, la Comisión Nacional de Derechos Humanos que estuvo atestiguando, también la Comisión de Atención a Víctimas y la Comisión Nacional de Seguridad”.

Respecto de la participación de la UAEM en la apertura de la fosa en Tetelcingo, Alejandro Vera informó que hay escepticismo de parte de los científicos, porque cuando exhumaron el cuerpo de Oliver Wenceslao pudieron haber dañado los cuerpos, y los científicos –dijo- pueden encontrar un franco deterioro en muchos de ellos y por eso los peritos de la UAEM que se han designado han considerado la participación de especialistas en genética, antropólogos forenses, médicos legistas y odontólogos forenses. “Con lo que estaríamos llevando un equipo muy completo, de por lo menos seis especialistas que harán las pruebas antropométricas correspondientes. Para hacer una correcta identificación, para en caso de no poder tomar muestras de ADN”.

El rector de la UAEM consideró que por ser las conocidas como fosas comunes una acción planificada por los gobiernos de los estados, sin identificar plenamente a los inhumados, la apertura de fosas en Morelos puede constituirse un caso emblemático para todo el país por las posibles consecuencias y repercusiones.

“Estamos ante un caso que si lo tratamos bien, en términos interinstitucionales, daremos resultados a las víctimas y a la sociedad, además para identificar los nexos de las fiscalías y los gobiernos de los estados con el crimen organizado.

Podemos pensar que hay violaciones a derechos humanos muy graves -dijo Alejandro Vera- por lo que se tendría que pedir la intervención directa de la PGR, porque la fiscalía puede estar implicada y no puede ser juez y parte”.