Mientras el engranaje burocrático del llamado Sistema Estatal contra la Corrupción se hunde en el olvido y consume sin aparente justificación 30 millones de pesos de las arcas públicas, algunos integrantes del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción libran una batalla legal en los juzgados federales contra el gobernador Graco Ramírez, quien rechazó dotar a esta instancia de presupuesto para operación y salarios.

En agosto de 2015 entraron en vigor las reformas a la Constitución local en materia de transparencia y combate a la corrupción. En la recta final de la LII Legislatura los diputados lanzaron la convocatoria para la integración del comité ciudadano y el gobernador entregó al Congreso la terna para elegir al fiscal anticorrupción.

Derivado de estos procesos, los diputados eligieron al entonces consejero jurídico del gobierno de Morelos, Juan Salazar Núñez, como el nuevo fiscal anticorrupción y a Héctor Enrique Erazo Domínguez, Luis Arturo Guerrero Miranda, Omar Ramón Figueroa, Selene Montesino Oliver y Hugo Manuel Bello Ocampo, como miembros del comité ciudadano.

Los miembros del comité iniciaron un acercamiento ya con los nuevos diputados para conseguir presupuesto para la operación de todo el sistema anticorrupción estatal, que nació en medio de críticas, particularmente de los juristas, porque primero debía crearse el marco jurídico federal en la materia para que, posteriormente, las entidades pudieran armonizar su normatividad con base en los parámetros nacionales.

En la Ley de Egresos del Gobierno de Morelos para el 2016, los legisladores etiquetaron 30 millones de pesos para la implementación del sistema estatal anticorrupción, de los cuales 16 millones fueron entregados por el Poder Ejecutivo al Tribunal de Justicia Administrativa (TJA), básicamente para atender su gasto corriente, homologar los salarios de trabajadores y magistrados con los del Tribunal Superior de Justicia, pagar los salarios de dos nuevos magistrados y la contratación de nuevo personal.

Otros cuatro millones de pesos fueron destinados para la operación de la Fiscalía Estatal Anticorrupción, a cargo del ex consejero jurídico del gobernador. Recientemente, la Fiscalía General del Estado realizó adecuaciones a su normatividad interna para insertar en su estructura a la instancia anticorrupción, pero hasta ahora se desconoce dónde y cómo opera la fiscalía a cargo de Salazar Núñez, y si sigue algún caso.

Sobre los 10 millones de pesos restantes, también hasta ahora se desconoce el destino que le dio el Poder Ejecutivo. Sin embargo, integrantes del Comité de Participación Ciudadana Anticorrupción promovieron el juicio de amparo el 2248/2015-8, radicado en el Juzgado Primero de Distrito, contra el gobernador, el secretario de Gobierno, la secretaria de Hacienda y el Congreso del estado, por la omisión de asignar presupuesto al comité, cuya misión principal sería vigilar el buen funcionamiento del sistema estatal de combate a la corrupción.

El argumento del gobernador para no otorgar el presupuesto al comité es que sus miembros deben ser honoríficos y no percibir ninguna remuneración ni prestación; en contraparte, los integrantes alegaron en su juicio de amparo que en la convocatoria y su designación nunca se estableció el cargo como honorario y que, para realizar su trabajo, es necesario disponer de un presupuesto para operación y emolumentos.

Recientemente, ocurrió una polémica cuando la presidenta del DIF-Morelos, Elena Cepeda, dijo que con excepción de Nadxieelii Carranco Lechuga, coordinadora ejecutiva de la Comisión Estatal de Víctimas, los cinco comisionados no debían cobrar salarios, sus cargos deberían ser honorarios y que ese dinero que se gasta en emolumentos serviría más en el propio DIF.