Desde la promulgación de la Ley de Extinción de Dominio del Estado de Morelos, en marzo de 2009, el gobierno estatal no ha logrado la adjudicación a su favor de ninguna propiedad utilizada para cometer delitos como el secuestro.

Según la autoridad, hay obstáculos que impiden que el Estado pueda lograr la adjudicación de los inmuebles usados con fines delictivos, porque casi la mayoría son propiedades irregulares que se encuentran en asentamientos ilegales, áreas comunales o agrarias.

La titular de la Unidad Especializada en Combate al Secuestro y Extorsión (UECS), Adriana Pineda Fernández, reconoció que hasta ahora no hay ninguna "casa de seguridad" ni bien e inmueble asegurados a bandas de secuestradores, que haya podido ser adjudicado al gobierno estatal mediante la extinción de dominio.

“Hay determinados requisitos que tienes que cubrir, o sea, esto no es algo en donde tú puedas ir y quitar una propiedad a una persona, hay que fundar, motivar, y cubrir todos los requisitos, entre otros, que la propiedad sea una propiedad regular. Si es una propiedad irregular, evidentemente no podemos avanzar hacia el tema de extinción, y muchos lugares que han utilizado para la comisión de un acto delictivo han sido en áreas rurales”, dijo.

Expresó que la mayor parte de los inmuebles usados para planear y mantener en cautiverio a las víctimas de secuestro carecen de escrituras e inscripción al Registro Público de la Propiedad, “lo cual ha limitado la acción de la autoridad para ejercer la extinción de dominio”.

Dijo que la fiscalía estatal y la UECS estudian la experiencia de la  Procuraduría General de Justicia  de la Ciudad de México sobre sus procesos de extinción de dominio, y se evalúa con la Coordinación Nacional Antisecuestro una posible reforma legal, con base en los obstáculos que enfrentan las entidades para obtener el dominio de los inmuebles usados por la delincuencia.

“Justamente es lo que estamos evaluando con la Comisión Nacional Antisecuestro, traemos ya una mesa de trabajo donde vamos a empezar a desmenuzar todo lo que nos está ocurriendo al interior del país, para ver qué obstáculos tenemos cada uno (de los estados) y si estos son superables mediante una reforma o si son superables a través de procesos mucho más especializados que nos permita a todos tener eficacia en este tema.

“Entonces es un tema que estamos atendiendo, precisamente al ver que no tenemos todavía un gran avance en la materia, porque no solamente implica el tema del secuestro, sino otros delitos de alto impacto que tampoco están siendo judicializados en el tema de extinción de dominio”, explicó.

Actualmente, la Fiscalía General del Estado tiene en curso una decena de juicios de extinción de dominio y ninguno de ellos ha prosperado hasta el momento.