Piden la separación del cargo de César Salazar Zamora, mientras enfrenta la denuncia
Dos trabajadoras del Ayuntamiento de Cuautla que denunciaron penalmente por acoso sexual al regidor del partido Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), César Salazar Zamora, son revictimizadas por la Fiscalía General del Estado y dos testigos de los hechos fueron despedidos de sus empleos por evidenciar la conducta impropia del concejal.
En rueda de prensa, las trabajadoras Katia Yoselin Ordaz Olvera y Marisol Camilo Luviano, denunciaron presuntas irregularidades de la fiscalía estatal al permitir el acceso a sus capetas de investigación a personas no autorizadas.
Explicaron que el pasado 30 de marzo, Hugo Arturo Alonso Coronel, presunto abogado del regidor, tuvo acceso a las carpetas cuando él no tenía personalidad jurídica acreditada y todavía las denuncias estaban en proceso de integración.
“Nosotras al momento de cuestionarle a la fiscal en ese momento porqué se las prestó, porqué lo había hecho, dijo que ella sólo había recibido órdenes de Dana (Danae Velázquez Luna, secretaria ejecutiva de la FGE). Dos días después fuimos a hablar con el fiscal general (Javier Pérez Durón) y le pedimos que tomara cartas en el ausento y que queríamos la destitución de Danae porque estaba beneficiando a una persona”, dijo.
Ambas dijeron sentirse revictimizadas por la institución, porque todo indica que el regidor “tiene influencias” en la fiscalía y ellas en calidad de agraviadas están en indefensión.
Denunciaron que sus compañeros Hugo Arturo López Cardozo y Vicente Hernández, que también se desempeñaban como asistentes del regidor César Salazar, fueron despedidos por el Ayuntamiento de Cuautla, un día después de que acudieron a la fiscalía a declarar y corroborar la conducta impropia del servidor público.
“Ellos se dieron cuenta, visibilizaron todos los hechos que ocurrían con nosotras, por lo menos las insinuaciones, las propuestas indecorosas, las vulgaridades del regidor, ellos fueron las personas que lo presenciaron y la fiscalía los citó a declarar, y en el momento en que ellos van y declaran, al día siguiente el jurídico les dice que están despedidos, sin darles un porqué de la situación. Nosotras creemos que es una represalia que tomó el regidor contra ellos porque sabe que ellos fueron a decir la verdad, lo que vieron”, señalaron.
Ambas trabajadoras, que tras la denuncia del acoso lograron ser reubicadas a otra área del ayuntamiento, pidieron la intervención del Cabildo para que pida al regidor la separación del cargo, con el propósito de que enfrente las imputaciones como cualquier ciudadano y sin influencias.
Marisol Camilo Luviano hizo un llamado a las organizaciones feministas y defensoras de los derechos humanos a sumarse en su apoyo, ya que hasta el momento no han tenido el soporte de ninguna agrupación.
Incluso, afirmó que si es necesario convocará a una marcha para exigir el respeto a los derechos de las mujeres, contra el acoso sexual y que el funcionario responsable de la agresión enfrente a la justicia.