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La dirección de atención a víctimas de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), presentó ante el Senado de la República una propuesta de reforma a la Ley General de Víctimas, para establecer mecanismos de revocación del mandato, en su caso, y las sanciones a los servidores públicos que incumplan con los derechos que la ley otorga a las víctimas del delito y a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
Senado de la República
La propuesta fue entregada por Javier Sicilia Zardaín, secretario de Comunicación Universitaria, y Roberto Villanueva Guzmán, coordinador del Programa de Atención a Víctimas de la UAEM, al senador Roberto Gil Zuarth, presidente de la mesa directiva del Senado de la República, y la senadora Angélica de la Peña Gómez, presidenta de la Comisión de Derechos Humanos.
El proyecto de iniciativa de reforma presentado incluye entre sus aspectos más destacados: proteger el espíritu garantista original de la Ley General de Víctimas; establecer con claridad la forma en la cual se cumplirá con la acreditación de la calidad de víctima en los momentos y condiciones que se realiza ésta ante las autoridades obligadas por la ley; convertir a la Comisión Estatal de Atención a las Víctimas (CEAV) en una estructura que efectivamente funcione, a partir del establecimiento de un esquema consistente en una presidencia y un Consejo Directivo; y establecer el procedimiento para la revocación del mandato y las sanciones a los servidores públicos que incumplan con los derechos que la ley otorga a las víctimas del delito y a las víctimas de violaciones a derechos humanos.
En conferencia de prensa, Javier Sicilia destacó que la reforma incluye el reconocimiento de víctima a las personas desplazadas, problemática que hasta ahora no ha sido cuantificada, ni atendida, a pesar de que las cifras oficiales indican que al menos 250 mil personas se encuentran en esta situación.
Además, señaló que en Morelos las fosas clandestinas no sólo son del crimen organizado, sino también son abiertas por la Fiscalía General de estado.
“El caso de Morelos parece que nadie lo ha tomado en cuenta. Nos habían dicho que las fosas clandestinas eran del crimen organizado, nosotros descubrimos hace unos meses que también la Fiscalía de Morelos, con el gobierno de Graco Ramírez, abrió el 28 de marzo de 2014 unas fosas clandestinas en Cuautla, donde desaparecieron 150 cuerpos, justo cuando él decretó el Día de la Víctima”.
Las exigencias plasmadas en el proyecto –dijo- son apegadas a los más altos estándares, pero sobre todo necesarios para dar pie a una política de Estado efectiva que permita a las víctimas superar su condición con más y mejores herramientas, más ligeras y expeditas. Así como para garantizar a la sociedad en su conjunto que se implementen medidas con enfoque transformador, que permitan la modificación de las causas estructurales de la violencia para lograr el objetivo de que las víctimas recuperen plenamente el ejercicio de todos sus derechos.
Además, informó que en los próximos días el Programa de Atención a Víctimas participará en el cabildeo legislativo y continuará apoyando con la propuesta técnica.
Editorial
La inseguridad, por supuesto
El gobierno del estado mantiene la soberbia que ha caracterizado a la actual administración y se niega a reconocer que su estrategia de seguridad (si es que tal estrategia existe) ha fracasado.
La extorsión (bajo la denominación de "cobro de piso) y los homicidios se han convertido en algo cotidiano con lo que los habitantes de Morelos deben lidiar.
Y aunque el gobierno no los considere "delitos de alto impacto" y, por lo mismo, no los combata, lo cierto es que dañan cada vez más el tejido social y económico de la entidad.
No sabemos cuánto más se debe perder en vidas y desarrollo económico para que el gobernador y sus funcionarios (convertidos por su silencio en cómplices de la situación) tomen acciones efectivas para salvaguardar la vida y los bienes de los ciudadanos.
