Durante la presentación del estudio sobre la violencia contra las defensoras, Paloma Estrada, integrante de la CIDH-Morelos y coordinadora de la investigación, señaló que la mayor parte de las agresiones provienen del Estado, quienes a través del hostigamiento, la presión psicológica y la agresión física buscan disuadir la lucha de las mujeres.

Expresó que como en el resto del país, Morelos vive una crisis en la que las defensoras son blanco de la violencia, que comienza con la descalificación a la integridad de las mujeres y desemboca, en algunos casos, en violencia física.

Recordó que en todos los gobiernos estatales encabezados por diferentes partidos políticos, la persecución y hostigamiento institucional contra las mujeres defensoras de los derechos humanos ha sido una constante.

“La violencia es la misma, el principal tipo de violencia es la violencia institucional, la violencia psicológica, pero como en el caso de Griselda (obrera del grupo Covarra-Rivetex), en el caso de Confitalia, se llegó incluso hasta los golpes”.

“En los últimos años hemos dado cuenta que ante la movilización social siempre hay una descalificación en un principio, ese sigue siendo el patrón de los diferentes órdenes y diferentes partidos que han estado en el gobierno. Ya lo decíamos de Sergio Estrada Cajigal (gobernador panista), pero también lo decimos de los diferentes partidos que han estado en el poder”, subrayó.

Dijo que las integrantes de la Comisión Independiente de Derechos  Humanos han sido violentadas por el Estado y el actual gobierno perredista, al tratar de minimizar su trabajo y hasta acusarlas de intentar desestabilizar al gobierno estatal, sólo por el hecho de protestar contra los feminicidios e impulsar la declaratoria de Alerta de Violencia de Género en la entidad.

Precisó que de acuerdo con la Red de Defensoras de los Derechos Humanos, en México, en el 2013 se registraron 189 agresiones contra defensoras y en el 2014 un total de 308 agresiones. Además del Estado, las agresiones provienen también de los grupos de poder económico, grupos fácticos, grupos paramilitares y caciquiles.

Agregó que la intención de la investigación es generar un protocolo de protección y atención para erradicar y prevenir la violencia contra las defensoras de los derechos humanos en Morelos y el resto de país, así como buscar que se den garantías de no repetición de los hechos y se proteja la integridad de las mujeres.