Colectivos de familiares de víctimas y organizaciones de derechos humanos de varios estados del país salieron en defensa de los integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos (CEAV-Morelos) y acusaron a la presidenta del Sistema Estatal del DIF, Elena Cepeda León, de hostigar a las comisionadas con el fin de mantener el control de la comisión.

A través de un comunicado, media centena de defensores de derechos humanos y agrupaciones de los estados de Guerrero, Veracruz, Sinaloa, Michoacán, Baja California, Nuevo León, Oaxaca, Ciudad de México, Coahuila y Chihuahua, así como la Universidad Autónoma del Estado de Morelos (UAEM), reprobaron los ataques de la primera dama hacia integrantes de la CEAV-Morelos, particularmente contra Angélica Rodríguez Monroy, madre de Viridiana Morales Rodríguez, desaparecida el 12 de agosto de 2012, y quien desde el 30 de marzo de 2015 se desempeña como comisionada. 

“En este sentido, manifestamos que Angélica es la única de todas las personas que integran las comisiones de víctimas estatales y la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que cuenta con la solvencia moral para desempeñar un cargo como este. Ella sabe lo que las víctimas sentimos y necesitamos; sabe lo que es la desesperación, el dolor y la ausencia, no lo leyó en un libro o lo escuchó en un aula. Sabe también lo que es ser revictimizada en una dependencia pública, y sobre todo, sabe que lo que le pasó a ella no debe pasarle nunca a nadie”. 

Angélica Rodríguez Monroy y Celia Salinas Maya

Condenaron los ataques de la presidenta del DIF, Elena Cepeda, quien hace unos días en la ceremonia de inauguración de las oficinas de la CEAV-Morelos acusó a las comisionadas de cobrar salarios onerosos y sostuvo que sus cargos deberían ser honoríficos.
“Reafirmamos nuestra postura de que dicho organismo no puede, ni debe sólo ser un consejo consultivo honorífico ni quedar subordinado al Poder Ejecutivo. Es necesario que la comisión dedique el tiempo completo dentro de lo que marcan las leyes en materia laboral, y que formen parte de la administración pública del estado”, señalaron en el comunicado.
Por tal razón, respaldaron una reforma a la Ley de Atención y Reparación a las Víctimas de Morelos, en su artículo 103, para que los comisionados de la CEAV-Morelos tengan una situación laboral definida, para que puedan cumplir con la tarea encomendada y perciban retribución económica por su trabajo.

Recordaron que hace un año, en la conmemoración del 28 de marzo, Día Estatal de las Víctimas, el gobernador Graco Ramírez se comprometió a apoyar esta reforma, pero sólo quedó en palabras.

Los defensores y organizaciones consideraron que las declaraciones recientes de Elena Cepeda, “donde cuestiona la labor y los ingresos que percibe nuestra compañera Angélica, tienen como objetivo el acoso y la difamación, además de mantener subordinada la CEAV-Morelos al Poder Ejecutivo”.

Evidentes excesos

El enfrentamiento que Elena Cepeda de León tuvo esta semana con dos integrantes de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas del Estado de Morelos (CEAV-Morelos) ha puesto de manifiesto la forma en que se ejerce el poder en la entidad.
La esposa del gobernador no fue electa para ningún cargo público y sólo desempeña de forma oficial y de forma honorífica -se supone- la presidencia del DIF, aunque tradicionalmente a sus decisiones se somete la dirección de ese organismo de asistencia social.
Sin embargo, la señora ejerce una influencia alegal o quizá ilegal sobre la forma de operar de una gran parte de las instituciones, que ha traído diversas consecuencias a Morelos, por lo que el gobernador -su esposo- incurre en graves responsabilidades.
No por nada Graco Ramírez incumplió su promesa de someterse a la ratificación popular cada dos años. La corrupción y la elevada violencia han marcado el sexenio y el intervencionismo de Elena Cepeda es parte de ese escenario.

Para colmo, ni siquiera hay congruencia en sus palabras, pues mientras aboga porque la gente trabaje de manera honorífica (sin sueldo) ella y su familia disfrutan a manos llenas de los recursos públicos, lo cual se puede ver, simplemente, en lo que cuesta su aparato de seguridad, un insulto en una entidad donde la gente vive atemorizada por los homicidios y toda clase de delitos que no se previenen y menos se persiguen.