Con la ausencia de más de la mitad de los 33 presidente municipales, las comisiones nacional (CNDH) y estatal de derechos humanos (CDHEM) signaron un convenio de colaboración que compromete a ayuntamientos a no sólo a capacitar a su personal para ejerza su funciones adecuadamente, sino a cumplir con las recomendaciones que emitan los organismos y a garantizar una seguridad pública apegada al respeto de las garantías fundamentales.

En la sede del Museo de Cuernavaca y con la presencia del titular de la CNDH, Luis González Pérez; la presidenta de la CDHEM, Lucero Benítez Villaseñor, explicó que la firma de convenio responde al exhorto que el Poder Legislativo realizó para que el organismo estatal brinde capacitación a los servidores públicos municipales, particularmente a los policías municipales que ahora están adscritos al Mando Único y bajo el control de la Comisión Estatal de Seguridad.

Advirtió a los ediles y sus representantes que hay una sociedad que exige que sus autoridades que cumplan con sus responsabilidades y, en caso contrario, se finquen responsabilidades a quienes no respeten los derechos humanos y cumplan con sus obligaciones legales.

“Ya no podemos ser omisos, ni podemos tener recomendaciones pendientes sin cumplir o aceptadas sin cumplir, tenemos que trabajar de la mano para que ustedes entiendan que hay una Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos que les atañe y que debemos de observarla y de cumplirla, porque si no detrás de ello ustedes como servidores públicos tendrán que someterse  a la ley de responsabilidad y podrán ser sujetos de un apercibimiento, de un exhorto o la remoción de sus cargos en casos graves”, recalcó.

Lamentó la ausencia de más de la mitad de los alcaldes y alcaldesas en la firma de este convenio, y aseguró que habrá una segunda etapa para que quienes por alguna razón no acudieron ayer, puedan asumir el compromiso con el respeto y defensa de los derechos humanos.

“La sociedad tiene un hartazgo definitivamente que no da límite ya a estar más tiempo esperando a que estas administraciones vayan asumiendo su responsabilidad”, sostuvo, y señaló que el interés particular es que los ayuntamientos tomen muy en serio su compromiso en materia de seguridad, pues si bien los ediles se sumaron al Mando Único, permanece la  obligación de cumplir con la capacitación y equipamiento de los policías, para que las corporaciones ofrezcan un servicio adecuado y apegado a la ley.

“Es parte de un exhorto, ojalá hubieran venido todos los presidentes municipales, ojalá tuvieran todos esa atención de corresponder en materia de derechos humanos; sabemos que se hizo un ejercicio en muy poco tiempo, pero esto tiene que refrendar el compromiso de que se firme este convenio para que la siguiente presidenta o presidente (de la CDHEM) retome los convenios que ya están, que no sea nada más una foto”, dijo. 

El presidente de la CNDH, Luis González Pérez, afirmó que mientras las autoridades cumplan con la  ley y respeten la dignidad de las personas, no podrá existir ninguna acción que cuestione su actuación, y se garantizará el efectivo acceso a la justicia y la reparación del daño a quienes han sido víctimas del delito.

“Considero que este aspecto es fundamental y es donde se tendrá que centrar nuestra actuación. Descalificar la actuación de defensores civiles, así como organismos e instancias nacionales e internacionales, además de que no contribuye a la atención de los problemas, distrae la atención de donde debería de estar: en la necesidad de que la autoridad haga bien su trabajo, lo haga conforme a derecho y respete en todo momento la dignidad de las personas”.

Sostuvo que los derechos humanos se deben colocar como eje fundamental de las administraciones de los tres órdenes de gobierno, porque es un mandato constitucional y, si bien el país ha pasado por procesos dolorosos provocados por la corrupción, el quebranto de la ley y la impunidad que han mermado el tejido social y la confianza en la instituciones, es necesario reconstruir dicha confianza y, en consecuencia, el Estado en sus distintos órdenes debe responder en todo momento por los actos y omisiones de sus agentes, sin que los cambios de personas o partidos sirvan de pretexto para no asumir la responsabilidad de reparar el daño y evitar la revictimización o repetición del acto.