Tras señalar que en Morelos se requiere de una legislación más severa en contra del maltrato hacia los niños, el diputado del Partido Nueva Alianza (PNA) Julio Espín Navarrete presentó, el miércoles pasado en sesión ordinaria, la propuesta de reforma al artículo 35 de la Ley para el Desarrollo y Protección del Menor.

Ante los últimos hechos registrados en el estado, derivado de la intervención del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) Morelos en la Casa Hogar "Amor para compartir", con el supuesto de abusos a los menores, el legislador local impulsó dicha propuesta, que busca establecer como una obligación de los autoridades de salud y educación, principalmente, denunciar cualquier hecho o indicio de maltrato infantil ante las instancias competentes, como la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia y la Fiscalía General del Estado.

Dentro de la exposición de motivos de la propuesta, el legislador local afirma que en los últimos años se han incrementado los casos de violencia infantil, sin que se denuncien en su mayoría. "Estos problemas pueden ocurrir en la casa, en la calle o en la escuela e inclusive con familiares, amigos o encargados. El médico como elemento social a cargo del cuidado de la salud y el maestro docente a cargo de su educación, pueden cumplir un rol fundamental en la prevención y detección de estos problemas".

Es por lo anterior que –dijo- se tienen que establecer obligaciones hacia estos entes involucrados en el cuidado de los menores, para que no sólo sean espectadores del problema, que es el maltrato infantil, sino que también puedan ayudar a prevenirlo o erradicarlo.

La iniciativa, en este sentido, busca modificar el artículo 35 de la ley antes mencionada, para establecer lo siguiente.

"Los directores de los hospitales públicos o privados, médicos particulares, enfermeras, directores de instituciones educativas públicas y privadas, maestros docentes o cualquiera otra persona u organismo que tengan conocimiento de hechos que encuadren dentro del maltrato infantil, tendrán obligación de comunicarlo inmediatamente a la Procuraduría de la Defensa del Menor y la Familia, a la Fiscalía General, o en su caso al DIF estatal o municipales, para la atención que le corresponda a cada institución en el ámbito de sus respectivas competencias y se provea de protección y asistencia al menor victimado".

Además, en la propuesta se explica que el maltrato infantil también puede ser psicológico, en caso de que exista violencia en la pareja (que pueden ser sus padres o tutores), para que de esa forma también sean denunciados esos hechos.