A seis meses de entrar en vigor la Alerta de Violencia de Género para ocho municipios de Morelos, no se ha cumplido con las acciones mandatadas a las autoridades, denunció la Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH), organización que desde que se decretó dicha alerta, a la fecha ha registrado 37 casos de feminicidio ocurridos en la entidad.

En conferencia de prensa, integrantes de la CIDH, agrupación peticionaria de la alerta, dio un recuento del primer semestre transcurrido desde el pasado 10 de agosto, cuando inició el plazo establecido para el cumplimiento de las medidas de atención por parte del gobierno en sus diferentes niveles.

La CIDH informó que el recuento de feminicidios en el estado de Morelos es de 686 casos en 16 años. “Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del gobierno actual encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. Ante estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencias del feminicidio son múltiples y además de privar de la vida a las mujeres, deja secuelas graves en su entorno familiar y en el tejido social”, expuso Juliana García Quintanilla, vocera de la comisión.

En el informe se destaca que hay actos evidentes de omisión de las autoridades, tales como el financiar medios de comunicación en los que se revictimiza. “Las mujeres son doblemente victimizadas, son las madres, las hermanas, las hijas quienes sufren la pérdida y el trauma psicológico y el daño moral que significa el trato, que autoridades y algunos medios de comunicación dan a los cuerpos de las víctimas, exhibiéndolos y denigrando su dignidad. Las consecuencias sociales son igualmente dañinas, porque van elevando el umbral de violencia permitido y tolerado en el cuerpo ideológico de la sociedad, permitiendo y aceptando el proceso de degradación y crisis de las relaciones en los ámbitos social, familiar y cultural”.

En este informe la agrupación da cuenta del problema creciente en el estado, al referir que del año 2000 al 2005 se reportaron 122 feminicidios en Morelos. Para el año 2000 en los diarios locales se reportaron 21, en el 2001 sumaron 28, en el 2002 se reportan 18 casos, en el 2003 fueron 10 casos, en el 2004 sumaron 15 y del 2005 fueron 30 casos, con lo que se documentó la cifra más alta de estos primeros años. Se expone que el año con el mayor número de feminicidios dados a conocer en los medios llegó a 92.

En el 2013 se contabilizaron 70, en el 2014 fueron 54 los feminicidios y en el 2015 concluyen el registro con 57. En lo que va del 2016 ya contabilizan diez.
La vocera lamentó que desde que se emitió la alerta de violencia de género no se haya frenado este grave problema, al exponer que del 10 de agosto a la fecha se han perpetrado 37 feminicidios.

“El mes en el que ocurrieron más casos fue enero (2016) con diez, seguido de diciembre con siete, septiembre con seis y octubre también con seis. Esto deja ver que en lugar de disminuir los feminicidios aumentaron”.

“La violencia feminicida y en particular los feminicidios en el estado de Morelos, es ya una situación de extrema violencia que se ha ido acrecentando a lo largo de los años. Son ya 31 los municipios de la entidad morelense que forman parte del mapa del feminicidio: Amacuzac, Atlatlahucan, Axochiapan, Ayala, Coatlán del Río, Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Huitzilac, Jantetelco, Jiutepec, Jojutla, Jonacatepec, Miacatlán, Ocuituco, Puente de Ixtla, Temixco, Temoac, Tepalcingo, Tepoztlán, Tetecala, Tetela del Volcán, Tlalnepantla, Tlaltizapán, Tlaquiltenango, Tlayacapan, Totolapan, Xochitepec, Yautepec, Yecapixtla y Zacatepec”.

Del 10 de agosto del 2015 al 10 de febrero del 2016, los feminicidios sucedieron en por lo menos 17 municipios diferentes, incluyendo los ocho municipios donde se decretó la Alerta de Violencia de Género: Cuautla, Cuernavaca, Emiliano Zapata, Jiutepec, Puente de Ixtla, Temixco, Xochitepec y Yautepec.

Aseveró que “cada vez con mayor frecuencia se conocen crímenes atroces contra niñas y mujeres de todas las edades en diversos municipios de nuestro estado y, a pesar de ello, el gobierno federal, estatal y municipal no han diseñado una política integral para enfrentarlos y para abatir la impunidad que los caracteriza. Autoridades de rangos distintos han demeritado los homicidios de mujeres, los desvalorizan con actitudes misóginas, acusan a las víctimas y no trabajan con profesionalismo en su esclarecimiento”.

La CIDH hizo notar la violencia institucional: “la falta de profesionalismo de los funcionarios, el trato discriminatorio, incluso el encubrimiento a los agresores o la complicidad con ellos prevalecen en la procuración de justicia. La corrupción hace inconfiables a las instituciones en general para la ciudadanía”.

Destacó que el gobierno federal no ha dado seguimiento ni vigilancia al cumplimiento de las medidas, y al no establecer tiempos de cumplimiento se abre la posibilidad para la dilación por parte del estado de Morelos.

Ante lo expuesto, la comisión exigió que de manera inmediata se cumplan todas las medidas establecidas por el grupo de trabajo que participó en el análisis que dio paso a la Alerta de Violencia de Género, así como a las acciones que mandata la propia alerta.

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La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) solicitó una reunión con el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, para pedir una evaluación al gobierno de Morelos, ante el aumento de los feminicidios y el grave rezago en el cumplimiento de las 15 recomendaciones para prevenir, combatir, erradicar y sancionar la violencia de género.

Respaldada por académicos, organizaciones no gubernamentales y sindicales, la coordinadora de la comisión independiente, Juliana García Quintanilla, informó que a seis meses de la declaratoria de la Segob de la Alerta de Violencia de Género (AVG) en ocho de los 33 municipios del estado, no hay acciones concretas y efectivas para contrarrestar la violencia a la población femenina y, por el contrario, se observa un ascenso en las agresiones a las mujeres y de manera preocupante de feminicidios.

Precisó que de agosto de 2015 (cuando se declaró la AVG en Morelos) a la fecha, la organización documentó 37 feminicidios más, siendo este mes de enero cuando se registró el mayor número de casos (diez feminicidios). Con los últimos, el número de feminicidios registrados por la comisión en 16 años asciende a 686 casos.

Explicó que el Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no prevé plazos para que el gobierno federal evalúe y supervise el cumplimiento de las entidades de las recomendaciones de la AVG, que implica una serie de acciones de emergencia para proteger la vida de las mujeres.

“Las deficiencias que tiene el reglamento, que las hemos ido revisando puntualmente, nos lleva a señalar que no hay un periodo desde el ámbito federal para revisar las deficiencias que tiene el gobierno de la entidad, por lo tanto, esto le permite al gobierno actuar de manera lenta y omisa”, subrayó.

Afirmó que pese a la emergencia, Morelos es “un estado que no ha garantizado y que no garantiza la vida y la libertad de las mujeres, es un estado sin medidas emergentes, que no se detiene el feminicidio y que la AVG es una herramienta jurídica que requiere voluntad política y no una simulación como lo que ha estado sucediendo”, a lo largo de los últimos seis meses.

Detalló que la comisión realizó un informe en el que detalla las omisiones y rezagos del gobierno de Morelos en el cumplimiento de la alerta, el cual se pretende presentar ante el secretario de Gobernación federal, Miguel Ángel Osorio Chong, a quien se le solicitó una audiencia para informarle lo que sucede en la entidad, mostrarle cómo va en aumento la violencia feminicida y pedirle que instruya una evaluación inmediata a las escasas acciones hasta ahora realizadas por las autoridades locales. 

“Hoy constatamos que el nivel de violencia feminicida se mantiene en los más altos niveles durante la gestión del gobierno actual, encabezado por Graco Ramírez. Lejos de ser un problema heredado del pasado, como se argumenta, es una situación actual que lacera cruelmente los derechos de las mujeres. De estos crímenes no debemos olvidar que las consecuencia del feminicidio son múltiples y además privar de la vida a las mujeres deja secuelas graves en su entorno social y en el tejido social”, recalcó.

La académica y activista Sylvia Marcos expresó su preocupación por el aumento del feminicidio en tan poco tiempo, de lo que se deduce que hay factores de riesgo que no se están atacando y que las mujeres tienen una “doble vulnerabilidad”.

Afirmó que el incremento de la violencia de género es responsabilidad del Estado, ya que no sólo no implementa acciones de prevención sino que fomenta la impunidad.

“Es obligación del Estado controlar y disminuir la impunidad porque ya si entran unos a su casa, ya qué puede uno hacer, si lo sacan a uno a la fuerza o como mataron a Gisela Mota, qué puede uno hacer. Es el Estado el que es totalmente responsable, las policías, la autoridad de gobierno son los que tienen que frenar este tipo de crímenes”, dijo.