Ante las reacciones generadas por la determinación de los coordinadores parlamentarios de aplazar el caso, como la advertencia de los integrantes de la Coordinadora Morelense de radicalizar las movilizaciones en contra del Congreso y el Ejecutivo del estado; diputados locales insistieron en que la respuesta de la Junta Política está bien sustentada y tiene como única finalidad, allegarse de más elementos para resolver el asunto.

La presidenta de la Junta Política y de Gobierno, Hortencia Figueroa Peralta, se dijo respetuosa de las acciones que pretendan llevar a cabo los ciudadanos, pero pidió evitar afectar a terceros con estas acciones.

La legisladora local rechazó que la agrupación civil haya aportado elementos suficientes para declarar procedente el juicio político en contra del mandatario, por supuesto mal uso del crédito de dos mil 806 millones de pesos y de ahí la determinación de la Junta Política de esperar a que la Auditoría estatal entregue resultados de la revisión especial al ejercicio de dichos recursos.

Sin embargo, dijo: "Creo que es necesario hacer un llamado a la prudencia. En redes sociales hemos visto una serie de descalificativos, también de señalamientos que ni siquiera tienen sustento y que lamentablemente descalifican". Este llamado, agregó la diputada, se hizo para su compañero Jesús Escamilla, quien llamó "vendidos".

El presidente de la Mesa Directiva, Francisco Moreno Merino, por su parte calificó como "estúpido", el hecho de considerar corruptos a los diputados por no resolver en este momento el caso y aseveró que no será a "capricho" de nadie, sino apegada a derecho como se emitirá una respuesta a la demanda de juicio político.

En tanto el diputado Edwin Brito Brito aseguró que la Junta Política y de Gobierno no violentó lo que marca la Ley Estatal de los Servidores Públicos, y en todo caso, afirmó, los promoventes del juicio político tienen el derecho a buscar cualquier otra vía legal -que crean conveniente- para hacer valer su derecho.

En sentido negativo, dictamen de la Junta

Sin embargo, trascendió que el sentido del dictamen de la Junta Política y de Gobierno sería en sentido negativo, toda vez que las causales señaladas en la demanda de juicio político en contra del mandatario no son procedentes, en los términos que se presentaron. Es decir, no encuadran en los términos que marca el artículo 134 de la Constitución Política del estado, en el que señala las conductas por las que puede ser enjuiciado el gobernador.

Sin embargo, este dictamen no fue aprobado bajo fundamentos que no coinciden con los argumentos antes citados.