El Congreso del estado mandó a la "congeladora", por más de tres meses, la solicitud de juicio político en contra del gobernador Graco Ramírez, impulsada por la Coordinadora Morelense de Movimientos Ciudadanos, con la justificación de que no se aportaron suficientes elementos de prueba y se tendrán que esperar los resultados de la revisión especial realizada por la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización (ESAF) al ejercicio del crédito de los dos mil 806 millones de pesos que contrató el Poder Ejecutivo en el 2013.

Durante la reunión de la Junta Política y de Gobierno ayer, la mayoría de los 11 coordinadores de las fuerzas políticas con representación en el Congreso local determinaron reservarse la votación del dictamen emanado de ese mismo órgano para su posterior análisis, prórroga que durará 90 días hábiles.

Los argumentos dados por los líderes parlamentarios del PRI, PRD, Movimiento Ciudadano, Nueva Alianza, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo, que mayoritearon el acuerdo, se basaron en el retraso que ha tenido la Auditoría estatal para concluir una revisión extraordinaria (administrativa y contable) al ejercicio del crédito que contrató el gobernador del estado en el 2013.

"En virtud de que la Auditoría AE/01/14-DHFHPE-PE, que lleva a cabo la Entidad de Auditoría, se encuentra en proceso, sin que haya concluido con el informe de resultados, me permito proponer que se reserve la votación del proyecto de resolución de juicio político por un plazo de 90 días hábiles a partir del 26 de los corrientes, con el objeto de permitir que la Entidad de Auditoría y Fiscalización concluya los resultados definitivos de la auditoría especial referida", señala el dictamen aprobado ayer por la Junta Política.

El documento, votado un día antes del plazo que marca la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, fue rechazado por los coordinadores del grupo parlamentario del PAN y de las fracciones del Partido Social Demócrata y el Humanista.

Aprovechan diputados "vacío" legal

A pesar que la Ley Estatal de Responsabilidades de los Servidores Públicos señala que la Junta Política del Congreso tiene tres meses para resolver las solicitudes de juicio político, la presidenta de este órgano, la diputada Hortencia Figueroa Peralta, afirmó que no violaron la norma, pues finalmente sí emitieron una respuesta (aunque no definitiva) a la solicitud.

Además, los coordinadores parlamentarios se basaron en que la misma ley no señala una sanción para los diputados, en caso de que no resuelvan a favor o en contra las demandas de juicio político.

"Nosotros estaremos emitiendo ese resolutivo y notificándole a los demandantes cuál es la determinación de la Junta. Frente a esta determinación, ellos tienen instancias legales y seremos respetuosos de las acciones que ellos puedan tomar", agregó la coordinadora del Partido de la Revolución Democrática.

En tanto, el coordinador del grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional, Alberto Martínez González, afirmó que no se trató de una salida política, sino de la oportunidad que da el Congreso de analizar todos los argumentos necesarios para resolver la demanda de juicio en contra del mandatario estatal.

Por su parte, el líder de Movimiento Ciudadano, Jaime Álvarez Cisneros, afirmó que una vez pasada la prórroga, el Congreso local no tendrá pretextos para resolver la demanda, ya sea enviarla al archivo o remitirla a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado.

El próximo lunes resuelve la ESAF auditoría al crédito

Mientras tanto, el titular de la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización, Vicente Loredo Méndez, informó que será el próximo lunes, y no en tres meses, cuando entregue los resultados de la auditoría extraordinaria aplicada al ejercicio de los dos mil 806 millones de pesos por parte del Ejecutivo.

El funcionario estatal aseguró que una vez aportados los resultados, el Poder Legislativo estará en condiciones de hacerlos públicos y el órgano de fiscalización de iniciar los procesos sancionatorios, si es que se hubieran detectado irregularidades en la aplicación de estos recursos, aunque no dio información al respecto.

Sin embargo, recordó que estos resultados corresponden a la auditoría que se hizo de los más de mil 600 millones de pesos y no al total del crédito, pues cuando se inició este proceso de fiscalización, el gobierno del estado no había ejercido todo el empréstito.