El diputado local recordó a sus homólogos que el Poder Legislativo tiene una responsabilidad jurídica y no política en este asunto, y en base a ello, agregó, tiene que tomar una determinación la Junta Política y de Gobierno.

"Esto es jurídico, cada grupo o fracción parlamentaria entiendo que tendrá que votar, somos un voto ponderado y en ese sentido será la mayoría quien lo diga y cada partido y cada fracción tendrá que asumir su responsabilidad en ese sentido", manifestó. De no ser así, añadió, los promoventes del juicio político tendrá una segunda vía, que es el amparo ante la justicia federal.

Por lo anterior, adelantó que la bancada del PAN votará a favor de que el caso sea turnado a la Comisión de Gobernación y Gran Jurado, para que ésta analice sí el gobernador del estado incurrió en una falta que sustente el inicie de un juicio político en su contra para su destitución.

"No estamos acusando a nadie, la Junta (Política y de Gobierno) sólo debe determinar si cumple o no con los requisitos y ya, y creemos que sí los cumple", dijo el diputado, tras un análisis que hizo el grupo parlamentario del blanquiazul, junto con sus secretarios técnicos.

Informó que esta postura la harán pública hoy, en rueda de prensa, previo a la reunión de la Junta Política que se llevará a cabo este lunes y en la que los coordinadores parlamentarios habrán de emitir una resolución en torno a la solicitud que presentó la Coordinadora Morelense Movimientos Ciudadanos desde el pasado 19 de noviembre.

Dentro de los argumentos aportados por la agrupación social, señalan al gobernador Graco Ramírez de haber mal ejercido más de 450 millones de pesos de los dos mil 806 millones de pesos del crédito contratado en el 2013, con el supuesto de la mejora en la prestación de la salud pública en el estado. 

Así mismo, de haber desviado recursos de la construcción del estadio de futbol "Coruco Díaz", entre otras irregularidades cometidas en la aplicación del crédito que el mismo Congreso del estado autorizó en octubre del 2013.

Cabe recordar, que a la par del análisis de la solicitud de juicio político, está pendiente que la Entidad Superior de Auditoría y Fiscalización entregue los resultados de la auditoría especial ordenada por la pasada legislatura desde el 2014, y cuyo plazo para informar, según la Comisión de Hacienda, era en la segunda quincena del presente mes.