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Las cuatro personas detenidas por el homicidio del activista de la región oriente de Morelos, Gustavo Delgado Salgado, obtuvieron un amparo que les podría permitir lograr su libertad en las próximas horas.
El Juzgado Sexto de Distrito con sede en Morelos consideró que la Fiscalía General del Estado cometió una serie de irregularidades en la investigación y detención de los presuntos detenidos, ya que sus abogados documentaron torturas y que se allanaron sus domicilios para ejecutar las detenciones.
La familia de los inculpados dio a conocer que los agentes de la Policía de Investigación Criminal que participaron en la detención de las personas imputadas habrían allanado el domicilio, sin contar con una orden de cateo otorgada por la autoridad judicial, y posteriormente las torturaron para que se incriminaran, además les "sembraron" algunos objetos.
Adela Marcelino Mateos, quien se identificó como familiar de uno de los detenidos, agregó que la Fiscalía General del Estado en la audiencia de vinculación a proceso ofreció una serie de indicios, obtenidos de manera ilegal, para que la autoridad judicial vinculara a proceso penal a las cuatro personas implicadas en el homicidio de Gustavo Salgado.
Agregó que hay resistencia por parte de las autoridades para aceptar las irregularidades, ya que primero se interpuso un recurso de apelación ante el Tribunal Superior de Justicia del Estado (TSJE), que no se ganó, y posteriormente el amparo que les fue concedido porque se documentaron las irregularidades.
El pasado 14 de diciembre la autoridad federal dio a conocer la resolución, en la que ordena reponer el procedimiento.
La justicia federal ordenó a juez de Control que deje insubsistente la resolución que emitió el 14 de abril de 2015, es decir el auto de vinculación a proceso penal, y en su lugar dicte otro.
En la resolución el juez federal ordena no tomar en cuenta los indicios obtenidos de manera ilegal a través del cateo ilegal y la tortura.
Adela Marcelino refirió que derivado del caso, inició una denuncia por tortura en contra de los agentes de la Policía de Investigación Criminal, así como del Ministerio Público, ya que incurrieron en violaciones a los tratados internacionales. Dijo que a partir de que se documentaron las irregularidades de la autoridad, ella ha sido víctima de amenazas de muerte por parte de personas de la misma comunidad indígena de El Chivatero del municipio de Ayala, razón por la cual inició la denuncia correspondiente.
