La Comisión Independiente de Derechos Humanos (CIDH) condenó el asesinato de la alcaldesa de Temixco, Gisela Mota Ocampo, ocurrido en el clima de violencia que prevalece en la entidad y destacó que ése es uno de los ocho municipios en los que se declaró la Alerta de Violencia de Género. El organismo lamentó también la política de seguridad tanto a nivel estatal como en municipios.

Organizaciones civiles –entre ellas la CIDH– también reaccionaron ante el homicidio de la alcaldesa, sucedido la mañana del sábado. José Martínez Cruz, vocero de la organización, aseveró que este asesinato muestra el alto grado de descomposición política y social que provoca una creciente inseguridad y violencia que destruye el tejido social y afecta gravemente la vida, la libertad y la seguridad de las personas en la entidad, ya que forma parte de los cientos de crímenes que se padecen cotidianamente y que se mantienen en la impunidad la inmensa mayoría de los mismos.

Destacó que la situación es grave prácticamente en todo el estado y en particular se refirió a la zona conurbada de Cuernavaca y los municipios colindantes, incluido Temixco (uno de los ocho municipios donde se decretó, en agosto de 2015, la Alerta de Violencia de Género debido a los crecientes feminicidios). Hizo notar que los crímenes ocurren en forma cada vez más despiadada, sin que se logre detener esta escalada de violencia que se viene incrementando desde hace ya varios años atrás, derivado de las políticas impuestas por gobiernos de distinto signo partidario e iguales resultados.

"En Temixco existe alta violencia feminicida; ahí asesinaron a Gisela Mota. Violencia feminicida que priva de la vida violentamente a una mujer a quien se le trata con odio machista, muestra la grave situación que se vive en Morelos.  Cientos de muertes violentas en la entidad muestran las consecuencias de la descomposición social y política que llega a altos niveles. Siempre estaremos por la justicia y verdad, en cualquier caso de feminicidio. Por eso exigimos una investigación a fondo y castigo a los verdaderos culpables", expuso la organización al fijar su postura.

Martínez Cruz recordó que la comisión ha dado cuenta de que se ha documentado, en el mismo municipio de Temixco, muchos otros casos donde se priva de la vida a mujeres y a jóvenes. "Casi de manera cotidiana, en calles obscuras, se arrojan los cuerpos, ante la certeza de que habrá impunidad en la inmensa mayoría de los casos, como se ha demostrado en las estadísticas oficiales que dan cuenta de hasta un 95% de impunidad", destacó.

La CIDH hizo notar que la inseguridad es producto de la corrupción, el abuso del poder, y cuestionó la política de seguridad oficial en los diferentes niveles de gobierno. "Los gobiernos, en sus distintos niveles, únicamente se desempeñan como las juntas de administración de los verdaderos dueños del capital, abandonando las políticas públicas para garantizar derechos de la sociedad, priorizando el uso desmedido de la fuerza pública, trátese de policía municipal corrupta o de Mando Único que busca recuperar el monopolio de la fuerza, en manos de un Estado donde las fronteras entre lo legal y lo ilegal se ha perdido hace mucho tiempo. Por lo que el uso recurrente a las fuerzas armadas, incluyendo patrullajes y retenes del Ejército e inclusive la Marina, son presentadas como la salvación desde hace décadas, en una lógica estratégica de militarización de la seguridad pública que no resuelve la inseguridad y sólo dispara las violaciones a los derechos humanos y la espiral de violencia criminal-institucional, con enormes pérdidas en vidas humanas."

Por lo tanto, planteó la demanda de modificar la estrategia de "militarización y estado policíaco porque es fundamental para garantizar la seguridad ciudadana y combatir la impunidad. Sin embargo, es claro que ésta no vendrá de ninguno de los actuales gobiernos –municipal, ni estatal o federal– porque todos responden a la sectorización del Estado, que prioriza el aparato represivo en aras de una seguridad que se coloca por encima de cualquier otro derecho".

Finalmente, José Martínez consideró que una verdadera seguridad humana-ciudadana significaría priorizar los derechos de la mayoría de la población y que en la toma de decisiones se consulte a la población a través de mecanismos de democracia participativa.