La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Morelos (CDHEM) pidió revelar el número total de las fosas comunes que opera la Fiscalía General del Estado (FGE) y crear una fiscalía especial para investigar si el depósito de cadáveres no identificados se realiza conforme a la ley.

Al emitir la recomendación 190/2015-2, producto de la queja iniciada por María Concepción Hernández, madre del comerciante Oliver Wenceslao Navarrete Hernández (quien fue secuestrado y asesinado en 2013, y posteriormente inhumado en una fosa de Tetelcingo por la fiscalía, a pesar de estar reconocido y reclamado por su familia), el organismo concluyó que durante la investigación se pudieron acreditar diversas irregularidades, como falta de protocolos y mala integración en la carpeta de investigación en la que la familia de la víctima denunció el ejercicio indebido de la función pública.

Además, la Comisión estableció que el panteón de la comunidad de Tetelcingo, municipio de Cuautla –donde se encuentra una parte de las fosas comunes de la fiscalía– no cumple con los requisitos para su legal funcionamiento y la institución no aplica los protocolos de actuación ni lleva a cabo debidamente las solicitudes al Registro Civil de las actas de defunción correspondientes para poder realizar la inhumación de cuerpos.

Por ello, la CDHEM emitió la recomendación dirigida al gobernador y al fiscal estatal en la que se pide que el gobierno de Morelos repare los daños  y perjuicios, causados a las víctimas y sus familiares; que se ordene la creación un banco de datos de víctimas; instaurar el departamento de identificación humana bajo la supervisión del coordinador de Servicios Periciales, como lo establece el manual que se publicó el tres de octubre de 2007.

Particularmente, al fiscal general del Estado la CDHEM le pidió que, en un plazo no mayor a dos meses y medio, haga público el número de las fosas comunes que se han habilitado en el estado de Morelos en los últimos cinco años y el número de cuerpos allí depositados, junto con una base de datos donde se encuentren las fichas de identificación humana de los cuerpos en calidad de desconocidos que están a disposición de los fiscales, para efecto de que la información sea compartida con las demás entidades federativas y las instituciones relacionadas en la búsqueda y localización de las personas desparecidas.

De igual forma, requirió la creación de una fiscalía especial dedicada a investigar la fosa común de Tetelcingo, luego de que el 28 de marzo de 2014 fue extraída más de una centena de cuerpos para inhumar los restos de Oliver Wenceslao, lo cual detonó la polémica porque se evidenciaron las irregularidades en el manejo de los cadáveres (que fueron manipulados incluso con maquinaria pesada) y dio lugar a la presunción de la comisión de los delitos contra el respeto a los muertos y violación de las leyes sobre inhumación y exhumación de cuerpos.

El organismo solicitó al gobernador que instruya a quien corresponda para que se ofrezca una disculpa institucional a las víctimas y a sus familiares por los agravios generados por los servidores públicos de las dependencias a su cargo, y se den a conocer las medidas y garantías para la no repetición de actos, que incluye someter aprocedimiento y aplicar sanciones a los servidores públicos que incurrieron en actos fuera de la ley.

Finalmente, solicitó al gobernador que instruya a la Secretaria de Salud para que inicie un procedimiento administrativo de validación en el panteón del poblado de Tetelcingo para garantizar su regularización y que la Comisión Ejecutiva de Atención y Reparación a Víctimas del Estado de Morelos realice el registro de las familias ofendidas en el registro estatal de víctimas.