La senadora por Morelos Lisbeth Hernández Lecona adelantó que se analiza la posibilidad de impulsar un plan de rescate financiero a favor de los municipios que se encuentran sobreendeudados, pues esta propiciará un complicado inicio de las administraciones, en enero próximo.
Explicó que para ello, la Secretaría de Hacienda federal ya realiza un análisis de la situación de cada ayuntamiento y las causas de su endeudamiento, de los "desfalcos, de esas faltas de cumplimiento a los pagos", para que entonces se pueda llevar a cabo dicho rescate, no sólo en Morelos sino a nivel nacional.
"Hemos visto que los ayuntamientos no han logrado hacer la obra que quieren porque han estado pagando las deudas de las anteriores administraciones, ni siquiera la de su administración. Eso es un problema financiero que ha lastimado a los 33 municipios y al gobierno del estado y que están arrastrando las deudas, entonces tenemos que ver si hay un rescate financiero, pero tendrá que ser de acuerdo a su capacidad presupuestal”.
Además, adelantó que con las reformas recientemente aprobadas por la Cámara de Diputados en materia de disciplina financiera y que se espera apruebe el Senado de la República, las próximas autoridades municipales y también las estatales deberán sujetarse a nuevas normas legales para un mejor ejercicio de los recursos públicos, y se no hacerlo, aseveró que también debe garantizarse un castigo para los malos funcionarios.
Se le cuestionó en el caso específico del crédito contratado por el gobierno del estado por dos mil 806 millones de pesos y del que no ha concluido la auditoría especial ordenada para conocer de la aplicación de los recursos.
"Ahora con las nuevas reformas puedan auditar en tiempo y forma y espero que esas auditorías sean reales, tengan las pruebas suficientes y contundentes para justificar que no se ha dado cumplimiento a este crédito que fue solicitado y que no hemos visto los proyectos y programas para los cuales fueron implementados", agregó.
Las reformas constitucionales en materia de disciplina financiera aprobadas por la Cámara Baja, permitirán al Congreso de la Unión hacer observaciones de la deuda pública que contraten los estados y municipios, y emitir opiniones en caso de sobreendeudamiento para impedir que las instituciones públicas contraigan más compromisos financieros.