Para conmemorar el Día Internación de la Eliminación de Todas las Formas de Violencia contra las Mujeres, la CIDHM realizó el Foro por la Alerta de Violencia de Género, en el auditorio de la Facultad de Derecho de la UAEM, con la participación de activistas y académicos especializados en el tema.
En entrevista, Dolores Soto, integrante de AI, señaló que aun cuando México es un país con gran desarrollo legislativo, el Estado no ejecuta las normas, ni lleva a cabo políticas públicas que permitan atacar el problema de la violencia de género.
“México es uno de los países que tenemos más avances y desarrollo en leyes, sin embargo hace falta hacer políticas públicas para que estas leyes se lleven a cabo. A qué me refiero cuando hablo de políticas públicas, es la voluntad de hacer de la autoridad de que se cumplan las leyes y en Morelos no es suficiente. Y así como en el Estado de México, donde también se ha decretado Alerta de Género, no es suficiente”, dijo.
Informó que el equipo de incidencia de AI trabaja con autoridades gubernamentales para firmar convenios y compromisos para que la políticas públicas se ejecuten y poder tener indicadores de medición que muestren si las acciones sirven o no, para proteger la integridad, el bienestar y la vida de las mujeres.
“¿Cómo sabemos el éxito de la política pública? Empiezan a disminuir los feminicidios, empiezan a ser consignados hombres que violentan a sus mujeres, empiezan a disminuir las desapariciones de mujeres, las víctimas estadísticamente van bajando”, puntualizó.
Consideró que es muy poco el tiempo para medir los avances o retrocesos en el Estado de México y Morelos, donde ha sido decretada en algunos de sus municipios la Alerta de Violencia de Género. Pero lo que no hay duda, es que se necesita que los gobiernos implementen una serie de acciones, que a la postre permitan hacer una evaluación con plazos, formas de medición y sobre todo bajo un esquema de rendición de cuentas a la sociedad.
Durante su ponencia, Dolores Soto expresó su consternación ante el creciente fenómeno delictivo de desaparición de mujeres, pues se estima que hasta ahora, al menos 7 mil 185 mujeres en México permanecen en calidad de extraviadas o no localizadas, y cerca del 45%, antes de desaparecer, eran menores de 18 años.
Dijo que el Estado mexicano está obligado a tomar medidas urgentes frente a la desaparición de personas, ya sean adultos o infantes, y especialmente de mujeres adolescentes, así como realizar investigaciones exhaustivas de cada caso con perspectiva de género.
Acciones a revisión
Por su parte, la representante de la CIDHM, Juliana García Quintanilla, lamentó que hasta ahora, el gobierno de Morelos no rinda cuentas en torno a las acciones y avances en la implementación de la Alerta de Violencia de Género.
“Desde la Comisión Independiente hemos insistido en que la alerta son acciones de emergencia y lo que aquí es cuestionable, es la actitud ineficiente y la política de simulación del gobierno de la entidad morelense. Parte de las opiniones que hoy emite AI es de reclamar al gobierno que ponga atención y que aplique la alerta. Y por otro lado, en la comisión vamos a hacer un llamado al pleno del Congreso de Morelos para que se haga este llamado al Poder Ejecutivo, para que revise cuál es la actitud de sus diversas instancias que están apuntadas y que están siendo cuestionadas en esta alerta de género”.
“Particularmente, lo que corresponde a seguridad pública, a la fiscalía, a las instancias de salud y de educación. Creemos que han tomado una actitud de ‘a mí no me toca’, cuando en realidad la alerta de violencia de género, como lo dice la ley, es el conjunto de acciones que se tienen que hacer entre cada autoridad, en cada instancia”, dijo.
Recordó que la alerta fue decretada por la Secretaría de Gobernación en ocho municipios, pero “ni siquiera en uno de esos ocho municipios el Ejecutivo está pidiendo a las autoridades encargadas de atender la alerta que hagan su trabajo. No hay un trabajo específico que se haya dado a conocer en seguridad pública que le permita a las mujeres transitar por las calles libremente. En el tema de la fiscalía no conocemos un expediente integrado conforme al protocolo, el código penal y la ley. Y los feminicidios no están siendo sancionados como eso, sino como un crimen común”, explicó.
Indicó que el organismo independiente continúa con el registro y documentación, para contrastar la información que en su momento dé el gobierno del Morelos, quien hasta ahora no ha rendido ningún informe a la sociedad.