Rafael Espinosa Méndez, secretario general de la organización sindical, informó que la JFCA tomó la decisión a unas horas del estallamiento, que la misma instancia acordó en varias ocasiones prorrogar. Argumentó una tesis aislada, según la cual los organismos únicos descentralizados no pueden firmar Contratos Colectivos de Trabajo.
Lo anterior, fue calificado por el representante sindical como una violación a sus derechos, “una muestra de corrupción total de funcionarios de la Junta federal”.
Por lo tanto, adelantaron que cuanto antes iniciarán la demanda de amparo ante la justicia federal (tienen como plazo 15 días) contra la decisión de la Junta y habrán de iniciar denuncias contra los funcionarios involucrados.
Los trabajadores confiaron en obtener la protección de la justicia federal, en virtud de que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) falló a su favor al reconocer a su sindicato y sería incongruente que no pudieran firmar un contrato colectivo de trabajo.
Además afirmaron que hay jurisprudencia que les favorece y la propia junta reconoció su derecho, cuando en varias ocasiones se acordó la prórroga del estallamiento. “Son triquiñuelas”, aseveró el dirigente del sindicato, al adelantar que analizarán las movilizaciones a seguir”.
Con la solicitud de amparo, si se le da entrada, el emplazamiento “sigue vivo”, por lo que se mantendrán atentos al posible estallamiento.
Denunció que desde temprana hora, el director del IMTA, Felipe Areguín Cortés ya conocía el sentido de la decisión de la JFCA, al grado de que presuntamente pidió a personas externas “armar un cuadro de provocación” para desacreditar a los trabajadores.