En las últimas semanas, prácticamente en los ocho juzgados de distrito fueron admitidas decenas de demandas de garantías, promovidas por inconformes a la reforma educativa y a las condicionantes para continuar en servicio.

Hasta el momento, en todos los casos los jueces de distrito han negado la suspensión provisional o definitiva solicitada por los quejosos, quienes buscan impugnar disposiciones de la Ley General del Servicio Docente, principalmente respecto a la evaluación obligatoria para ingresar o permanecer al sistema educativo.

Cabe destacar que recientemente la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la evaluación docente como método para garantizar la calidad de la educación y determinó que no viola la estabilidad en el empleo.

Por mayoría de votos del Pleno de la SCJN se determinó incluso que la Constitución privilegia el interés superior de los infantes y adolescentes y su derecho a una calidad de la educación a los derechos laborales de los profesores.

Aún fijados estos criterios por el máximo tribunal del país, las demandas de amparo promovidas por docentes de Morelos siguen su curso en los juzgados de distrito del Décimo Octavo Circuito, con sede en Cuernavaca.