Por la sobrepoblación penitenciaria, tres de las cuatro cárceles estatales aparecen como focos rojos en el reciente informe presentado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos, en el que urge a las autoridades federales y estatales tomar medidas que permitan que los internos cumplan con sus procesos y sentencias en condiciones dignas que abonen a su reincorporación a la sociedad.

De acuerdo con el documento “la sobrepoblación en los centros penitenciarios de la República Mexicana”, el organismo nacional detalló que en una muestra conformada por 130 centros penitenciarios, se identificó a la sobrepoblación como una de las principales violaciones de derechos humanos en 72 centros estatales.

También enlistó 28 centros con sobrepoblación penitenciaria que tienen un riesgo crítico debido a que exceden en más del 40% su capacidad instalada, 20 centros más tienen un riesgo alto al exceder el 20% de su capacidad instalada, y 24 centros con riesgo moderado en virtud de exceder en menos del 20% de la capacidad.

En la lista de los penales con riesgo crítico destacan las cárceles distritales de Jojutla y Cuautla, cuya capacidad ha sido rebasada en 46.80% y 44.90%, respectivamente. Y es que la capacidad de internamiento de la cárcel de Jojutla es de 133 personas, pero ahí están recluidos alrededor de 250 procesados y sentenciados. La cárcel distrital de Cuautla tiene una capacidad para el internamiento de 227 personas, sin embargo, ahí se encuentran 412 personas recluidas.

El Centro Estatal de Reinserción Social “Morelos” o mejor conocido como penal de Atlacholoaya, fue creado para la reclusión de 1,887 personas, sin embargo, su capacidad ha sido rebasada casi en un 30%, por lo que se encuentran en el rango de riesgo alto. 

La CNDH consideró que deben destinarse recursos públicos para mejorar las instalaciones de los penales y procurar, en lo posible, que cumplan de manera adecuada con el objetivo para el que fueron creados.

“No obstante, el problema de la sobrepoblación penitenciaria no se podrá resolver únicamente con mayor presupuesto, sino con voluntad, con acciones y políticas públicas que perfilen una mejor y eficaz política criminal, que continúe privilegiando la incorporación de medidas alternativas a la prisión”, recalcó en el documento el organismo nacional.

Sugirió el establecimiento de protocolos de mitigación de riesgos de la sobrepoblación tendentes a resolver la demanda de servicios, dentro de los que se contemple un incremento de las plantillas de personal, de abasto de insumos y materiales para compensar los servicios de alimentación, servicios generales y actividades de reinserción social.

“La Comisión Nacional de los Derechos Humanos manifiesta su reiterada preocupación por las condiciones que imposibilitan o dificultan que los internos de los centros penitenciarios de la República Mexicana, accedan a una vida digna, así como a los medios para lograr su rehabilitación y reinserción social efectiva, por lo que se pronuncia sobre la necesidad de orientar las estrategias, programas y acciones que permitan dar atención a la problemática de la sobrepoblación en la que se encuentran los centros de reclusión en el país y que contraviene al fin de la pena, y con ello coadyuvar a que los internos una vez que obtengan su libertad se reintegren como personas útiles a la sociedad, procurando que no vuelvan a delinquir, todo ello en beneficio de la paz social”, subrayó.

Asimismo pidió ejecutar un programa de despresurización que sin demérito de los requisitos exigidos permita mayor agilidad en el otorgamiento de libertades anticipadas y revalorar el aumento de penas de manera desmedida, situación que impide de hecho la reinserción social y que resulta por ello violatoria de derechos humanos, lo que ha provocado la permanencia de la sobrepoblación.