El tema fue discutido ayer durante la sesión de Cabildo, en la que los munícipes señalaron que de aprobar la petición realizada por el presidente municipal electo, Cuauhtémoc Blanco Bravo, se violarían las disposiciones legales reformadas por los diputados.

Derivado de lo anterior, el presidente municipal, Jorge Morales Barud, giró órdenes a la Tesorería, así como también a la Secretaría del Ayuntamiento y a la de Asuntos Jurídicos, para revisar los cambios efectuados por los diputados a la Ley de Ingresos 2015 y, con base en los resultados, ofrecer alguna alternativa para responder a la petición realizada por quienes administrarán el municipio el año entrante.

De acuerdo con lo explicado por Morales Barud en la sesión, si no se realiza el cobro anticipado del impuesto predial 2016, las autoridades electas iniciarían la recaudación a partir del día 2 de enero, lo que puede significar falta de ingresos suficientes para poder enfrentar los compromisos inmediatos de un ayuntamiento que inicia su periodo administrativo.

“Los ingresos por concepto de predial representan un ingreso muy importante. En ese sentido, se estima que a partir de los descuentos autorizados y el cobro anticipado, los recursos representarían un monto alrededor de los 50 millones de pesos que serían de gran utilidad para las autoridades electas a partir del inicio de sus funciones”, manifestó el edil.

Ahí mismo cuestionó la reforma, pues advirtió que esa medida incluso afecta a los ciudadanos, quienes año con año esperan los descuentos por concepto de predial y servicios municipales y se afecta a los grupos vulnerables como adultos mayores, personas con discapacidad, así como pensionados y jubilados.

Incluso manifestó que derivado del análisis a la Ley de Ingresos, podrían proponer reformas al Congreso del estado para que haya incentivos fiscales y se cobren por anticipado el predial y los servicios. Dijo que Cuernavaca no es el único municipio afectado, por lo que llamó a sus homólogos a efectuar una revisión y, en su caso, sumarse a la propuesta para reformar la ley de 2015.