El juzgador (quien continúa en funciones debido a la suspensión definitiva que hace casi un año le otorgó un juez de distrito)señaló que siguen su curso los juicios de amparo promovidos contra la determinación del Poder Legislativo de relevarlo por cumplir 65 años de edad, pues, según la Constitución, es la edad límite para ejercer el cargo.
Consideró que la norma es discriminatoria y es parte de los argumentos que debate ante la justicia federal, la que también deberá resolver los amparos promovidos por todos los magistrados integrantes del Poder Judicial contra el decreto de reforma que regula y fija los montos de haber de retiro.
Aguilar Lozano, quien asumió la presidencia del Tribunal de Justicia Administrativa (TSJ), aceptó que estaría dispuesto a dejar la magistratura, pero con la condición de una pensión “digna”.
“Lo único que yo solicito es que se me otorgue la pensión igual que los magistrados que estaban con anterioridad y, bueno, pues si se me otorga no tengo nada que discutir”, dijo.
Sostuvo que fueron los diputados quienes intentaron retirarlo forzadamente de la magistratura, con el pretexto de la edad y con un haber mínimo, razón por la cual recurrió a la justicia federal.
“Aquí la circunstancia es que ellos (los diputados) forzosamente me quieren retirar, yo no lo estoy pidiendo voluntariamente; si me quieren retirar forzosamente, me tendrán que cubrir al 100 por ciento”, dijo.
A pregunta expresa sobre si espera que los diputados emitan un decreto especial de jubilación, cuya pensión sea al 100 por ciento de sus emolumentos y prestaciones, afirmó que en un supuesto así estaría dispuesto a dejar la magistratura, aunque insistió en que “no he dicho que me quiero ir, ellos me quisieron retirar forzosamente”.
En julio la recién extinta LII Legislatura designó a Guillermo Arroyo como magistrado del TJA; sin embargo, no puede tomar protesta ni entrar en funciones debido a la suspensión federal a favor del magistrado Aguilar Lozano.
Sobre la posibilidad de un decreto especial de retiro para Aguilar Lozano, no está descartada la posibilidad, ya que no sería la primera vez que el Congreso realice este tipo de actos para relevar magistrados y hacer nuevas designaciones.