Recalcó que no está en contra de que los trabajadores reciban un apoyo adicional, sino de la manera unilateral y con el fin de obtener un beneficio político en que el Poder Legislativo invadió competencias.

“Por un lado, nosotros hemos pugnado por la mejora de nuestros trabajadores, por darles mejores condiciones económicas, laborales, asistenciales, etcétera, eso me parece excelente. Lo que no nos parece que sea correcto es que el Poder Legislativo intervenga en las decisiones del Poder Judicial para determinar de qué manera se van a aplicar nuestros recursos”, dijo.

Recordó que el año pasado el TSJ promovió la controversia constitucional 9/2014 y la Suprema Corte de Justicia de la Nación le concedió la suspensión para efecto de que no se ejercieran dos millones y medio de pesos que el Congreso del estado asignó en el presupuesto del Poder Judicial para el pago de despensas del personal sindicalizado en activo y jubilado.

Finalmente, expresó, nos desistimos de la controversia para efecto de poder apoyar a nuestros trabajadores y poderles entregar ese recurso y mejorar sus condiciones económicas.

Insistió en que es bienvenido  todo lo que represente mejoras laborales y económicas a los empleados de la institución, pero no a costa de violar la ley y la invasión de competencias de un poder a otro para beneficio político de un grupo de personas.

“Me parece que nunca nos hemos desentendido del tema de nuestros trabajadores. Con lo que no estamos de acuerdo es que se use este tipo de cuestiones desde un punto de vista para abonar a los intereses políticos de una o dos personas, o un poquito más. Eso me parece que es lucrar con las necesidades de nuestros trabajadores e interferir en la competencia del Tribunal Superior de Justicia”, expresó.

Informó que está en análisis la posibilidad de impugnar la reforma a la ley orgánica, tomando en cuenta que, por una parte,  los trabajadores se sentirían agraviados con la promoción de una controversia, pero por otro lado, desde el punto de vista legal y constitucional, el TSJ considera que hay una invasión a sus competencias y es la SCJN quien puede dar un veredicto al respecto para que las cosas queden claras.

A principios de agosto entró en vigor la reforma a la Ley Orgánica del Poder Judicial para mantener intocadas las partidas presupuestales que  determine el Poder Legislativo, específicamente aquella destinada para apoyos extraordinarios a los trabajadores sindicalizados. La propuesta fue impulsada durante el proceso electoral por el diputado local panista y actual diputado federal electo, Javier Bolaños Aguilar, con el apoyo de la dirigente sindical, Leticia Castro Balcázar.