La magistrada presidenta del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), Nadia Luz Lara Chávez, advirtió que si la institución no recibe presupuesto suficiente para su operación en el 2016, tendrá que litigar ante la Suprema Corte de la Nación la autonomía financiera del Poder Judicial del estado de Morelos, cuya declaratoria quedó congelada en el Congreso local.

En vísperas de la elaboración del proyecto de las leyes de ingresos y egresos del gobierno de Morelos, señaló que para el ejercicio fiscal 2015 el Congreso asignó al Poder Judicial 580 millones de pesos, de los cuales 508 fueron etiquetados para el TSJ y el resto para los tribunales Unitario de Justicia para Adolescentes (TUJA), Estatal Electoral (TEE) y Contencioso Administrativo (TCA).

Explicó que la inflación, la inestabilidad en los indicadores económicos y el aumento salarial a los trabajadores, trajo consigo un desfase del presupuesto del 2015, que requiere ser subsanado con un incremento presupuestal generoso.

Precisó que para el 2016 el TSJ solicitará un presupuesto mínimo de 700 millones de pesos para hacer frente a los gastos de operación, concretar proyectos y garantizar la operatividad con calidad del sistema de impartición de justicia.

“Eso es lo que hemos estado pidiendo reiteradamente, hemos avanzado poco a poco, pero ya es momento de que se volteé al Poder Judicial, que si queremos que este equilibrio que genera el Poder Judicial y ese factor en los temas de paz y de tranquilidad en la sociedad sean de verdad atendidos, se requieren recursos. No sólo el factor humano es importante, no solamente la voluntad que hemos puesto en todos los temas en que hemos trabajado, hemos tenido la voluntad pero también se requieren los recursos para sacar adelante los proyectos”, dijo.

Afirmó que si el próximo año el TSJ no recibe presupuesto suficiente, entonces ahora sí podría recurrir a la controversia constitucional ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación para obligar al Congreso local a emitir la declaratoria de la reforma constitucional que dota al Poder Judicial de Morelos de autonomía financiera y obliga a asignar a los tribunales el 4.7 por ciento del presupuesto estatal programable.

“Si no hay una sensibilidad al respecto de las necesidades que se requiere cubrir para que realmente cumplamos en tiempo y forma con nuestra sociedad en el tema de administración de justicia, pues vamos a tener que empezar a litigar la validez de la declaratoria de la autonomía financiera”, advirtió.

Lara Chávez reprochó que la saliente legislatura no discutiera seriamente la propuesta de desaparecer la Sala Auxiliar del TSJ, la cual representa una carga financiera para la institución, y en consecuencia deberá preverse más presupuesto para sostener esta área.

Recalcó no se trataba de afectar a una, dos o tres personas que integraban esa Sala Auxiliar, sino determinar presupuestalmente la viabilidad o no de mantener esta área.

“Ese es el tema que no analizaron, que dejaron pendiente (los diputados salientes). Qué bueno que el magistrado Norberto Calderón fue ratificado, de lo que no se están dando cuenta los diputados es la carga que nos vuelven a imponer de manera financiera y la próxima designación de magistrados. Me parece que si esa es la línea a seguir, la obligación en consecuencia es el aumento de presupuesto, o bien, la autonomía financiera para que entonces nos pongamos en orden todos”, recalcó.