La Suprema Corte de Justicia de la Nación dio trámite a la controversia constitucional 33/2015 promovida por la presidenta magistrada del TSJ y representante del Poder Judicial del Estado de Morelos, Nadia Luz Lara Chávez, en la que se reclama la invalidez de los artículos 26 BIS, 26 TER, 26 QUATER, 26 QUINQUIES y 26 SEXIES a la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Dicha reforma establece que los magistrados que culminen su periodo de seis años y, en caso de ratificación, 14 años, podrían recibir como haber de retiro un “único pago en una sola exhibición, a razón de tres meses del salario actual que perciben los magistrados, así como el otorgamiento de un mes más de salario por cada dos años que ejerció la magistratura”.

Por ejemplo, actualmente un magistrado del Tribunal Superior de Justicia tiene un salario por 96 mil 277 pesos con 84 centavos mensuales y quien termine su periodo de seis años sin ser ratificado, tendrá derecho a un pago en una sola exhibición de 577 mil 667 pesos por concepto de haber de retiro; el magistrado ratificado que culmine su periodo máximo constitucional de 14 años en el cargo tendrá derecho a un haber de retiro de 962 mil 774 pesos.

Inconforme, la representación del Poder Judicial (que agrupa a los tribunales Superior de Justicia, de Justicia para Adolescentes y Contencioso Administrativo) tramitó una controversia constitucional ante la SCJN para combatir la decisión legislativa.

A esta acción se suman 22 amparos promovidos ante la justicia federal por magistrados y ex magistrados (entre ellos Ricardo Rosas Pérez, Ezequiel Honorato Valdés y Virginia Popoca González), por considerar que los criterios y el monto fijado atentan contra sus garantías.

Adicional a estos amparos, los tres magistrados no ratificados por el Congreso para un segundo periodo de ocho años han promovido juicios de garantías, en los que a dos ya se les ha concedido la suspensión definitiva para efecto de que sus magistraturas no sean concursadas por el Congreso hasta que la justicia resuelva los recursos.  

La semana pasada el magistrado Carlos Iván Arenas, en sesión de Pleno del TSJ, acusó que al Congreso de “bullying político” y advirtió que los magistrados responderían con “bullying jurídico” a los diputados.