Defendió públicamente el desempeño de sus homólogos, María Idalia Franco Zavaleta, Carlos Iván Arenas y Ángel Garduño González, que el miércoles por decisión mayoritaria de los integrantes del Pleno Legislativo no fueron ratificados como magistrados por un segundo y último periodo de ocho años.

Lamentó que el Poder Legislativo haya descalificado la trayectoria de los magistrados con información falsa y manipulada a conveniencia, violentando el procedimiento legal de evaluación.

“Quedó probada que era una falsedad, la forma en que se estaban manejando, el hecho que se dijera que una de nuestras magistradas no tiene un título, un grado, un doctorado, obviamente  es una cuestión fácilmente comprobable  y que se reprocha total y absolutamente que se haya descalificado por esa cuestión.

“Y también es totalmente reprochable y reprobable el hecho que se tomara una información que se pidió del Consejo de la Judicatura federal y se manipulara esa información, de manera pues que vino a perjudicar la evaluación de nuestros magistrados y creo que están faltando al procedimiento que debió haberse seguido ante el propio Congreso para su evaluación”, dijo.

Dudó que los diputados hayan analizado la información que el Consejo de la Judicatura local envió a la Junta Política y de Gobierno del Congreso, ante la evidente falta de objetividad y argumentación en los dictámenes que concluyeron con la no ratificación de los tres magistrados.

Dijo que la información que el Consejo de la Judicatura federal facilitó al Congreso de Morelos, no fue del conocimiento de los juzgadores sujetos a evaluación y si bien los datos del órgano federal pueden ser fidedignos, todo apunta a que se “manipuló esa información con la tendencia a perjudicar la determinación de cada uno de nuestros magistrados”.

“En lo personal, tengo conocimiento que esa información no se ajusta a la realidad que como trabajo realizaron cada uno de nuestros magistrados porque si se contrasta con las evidencias documentales que el Consejo de la Judicatura (local) remitió al propio Congreso del estado, que por cada magistrado se remitieron un promedio de siete a diez cajas de documentos que avalan cada una de las resoluciones que ellos emitieron, por supuesto que no coincide con aquella información”, recalcó.

Lara Chávez afirmó que los magistrados  no ratificados (cuyo periodo vence hasta julio próximo) tendrán que tomar una determinación personal en el ámbito legal, porque con la decisión de los diputados prácticamente culmina su carrera judicial y, en algunos casos, de más de 20 años en trayectoria profesional de excelencia.

Criticó que hayan prevalecido los intereses políticos o ajenos a la administración de justicia y que los diputados hayan faltado al compromiso de realizar un proceso de evaluación objetivo, sin sopesar realmente el desempeño, las aportaciones y  ascenso académicos de los magistrados Franco Zavaleta, Arenas Ángeles y Garduño González.

“No podría precisar exactamente qué fue lo que sucedió, si una falta de objetividad, o una la necesidad de generar espacios para favorecer a terceras personas, que pudiera ser también el caso, y afectando de esta forma a nuestros magistrados que tienen una gran experiencia (…) Ahí los dos órganos del Congreso del estado que son dirigidos por dos diputados en específico los intereses políticos están permeando y eso es lo que más lamentamos, porque una institución no debiera ser afectada por esas cuestiones y menos una que se refiere a la administración de justicia”.

Subrayó que “hubiera deseado de verdad que no quedáramos en estas condiciones, porque creo que el término de una legislatura debe de ser de la mejor manera, de una manera brillante, y en el caso, tomar información de una forma tendenciosa y con el ánimo de perjudicar a ciertos compañeros, creo que no es la mejor forma de dar por concluida o casi concluida una legislatura”.

Argumentó su postura en el impacto negativo que la decisión legislativa tendrá en el TSJ,  donde se había logrado una estabilidad y sobre todo obtener mejoras en la impartición de justicia con la capacitación, profesionalización y carrera judicial de sus juzgadores.

De los cinco magistrados evaluados, sólo Rubén Jasso Díaz fue ratificado y en el caso del magistrado supernumerario, Norberto Calderón Ocampo, su situación sigue indefinida.