La audiencia se desarrolló sin ninguna eventualidad y las partes involucradas en la controversia (Congreso, Gobierno del Estado y Tribunal Superior de Justicia) expusieron sus últimos alegatos, en los que no hubo ninguna novedad que agregar.

Una vez cumplido con el procedimiento, se decretó el cierre de instrucción y el ministro instructor Juan N. Silva Meza está ya en condiciones de elaborar el proyecto de resolución que habrá de presentar en su momento ante el Pleno del Alto Tribunal, para dirimir la constitucionalidad o no de la designación de los magistrados y el consejero.

El 19 de julio de 2009 el Congreso designó y tomó protesta como magistrados del TSJ a Carlos Iván Arenas, Rubén Jasso Díaz, Norberto Calderón Ocampo, Ángel Garduño González, María Idalia Franco y Guillermina Jiménez Serafín, así como el nombramiento de Ernesto Pérez Soria como consejero de la Judicatura.

Según el presidente magistrado del TSJ, Ricardo Rosas Pérez, hubo diversas irregularidades en el proceso de designación. Sin embargo, será la SCJN la que determinará la constitucionalidad o no de los nombramientos, así como habrá de determinar si concede o no el amparo a Rosas Pérez contra la aplicación de la reforma constitucional relativa al Poder Judicial que entró en vigor en julio de 2008, que elimina la “inamovilidad vitalicia”, entre otras cosas.