La titular del TSJ, Nadia Luz Lara Chávez, explicó que arrancó la primera etapa de este proyecto financiado con recursos federales que permitirá eficientar recursos humanos, materiales y financieros, además de garantizar el debido proceso y los derechos humanos de las personas sujetas a un proceso penal.

Señaló que como parte de la consolidación del sistema oral de justicia penal “requerimos de la interconexión entre instituciones, es decir, utilizar las tecnologías de la información para tener una comunicación directa entre los diversos actores procesales. A qué me refiero, a que tengamos conexión con la Fiscalía, con la defensoría de oficio y que tengamos comunicación con reinserción social”.

Explicó que los jueces del TSJ y las autoridades del penal de Atlacholoaya o Cereso Morelos, ya tienen comunicación vía electrónica para efecto de agilizar los procedimientos y dar cumplimiento inmediato a las resoluciones judiciales.

“Ya dimos un primer paso y tenemos  la primera conexión hacia reinserción social porque cuando nuestros jueces emiten alguna resolución y tienen que notificarla al Cereso, se evita ya el envío de papeles, solamente se hace una comunicación vía intranet, podríamos decir, que está encriptada, y se le hace llegar la comunicación de inmediato a la dirección de reinserción social para efecto de notificarle en qué condición quedó la situación jurídica de una persona, y si es una libertad, con mayor razón, mientras más pronto se haga, mejor”, detalló.

Afirmó que este sistema electrónico está protegido y es muy seguro, de manera que las comunicaciones sólo podrán ser conocidas por las instituciones y personas autorizadas.

Expresó que el TSJ y la Fiscalía estatal están en prueba para llevar a cabo esta interconexión electrónica “y así eficientamos tiempo, recursos humanos, recursos materiales, aparte de que este modelo de interconexión es un modelo de gestión, que es un tema que el estado de Morelos como punto de lanza del sistema acusatorio a nivel nacional estamos encabezando en la conferencia nacional de procuradores y tribunales”.  

Lara Chávez precisó que en una tercera etapa se incluirá a la defensoría de oficio y a los defensores privados, ya que se pretende replicar el modelo de central de actuarios en materia mercantil al ámbito penal, para efecto de agilizar los procesos inherentes a la administración de justicia.

Agregó que la inversión prevista para completar el proyecto es aproximadamente de dos millones de pesos (aportados por la Secretaría Técnica para la Implementación del Sistema Acusatorio Adversarial), que tanto a corto y largo plazo reflejará beneficios y ahorros para las instituciones involucradas en la procuración y administración de justicia.