El que fuera alcalde de Cuernavaca por el Partido Revolucionario Institucional (PRI), retó también a la autoridad, al señalar que al presentar licencia para separarse del cargo no cuenta con el fuero constitucional, y que por ello puede ser llevado ante un juez para responder por el delito de peculado, delito por el cual la Fiscalía General del Estado pidió al Congreso local su desafuero para poder ser sometido a juicio.

Consideró que el hecho de que el Poder Legislativo local haya declarado improcedente su desafuero es un triunfo más, ya que dijo se trata de algo inédito, porque obligó a los legisladores a dar marcha atrás a través de un recurso que promovió ante el Tribunal Estatal Electoral (Triee).

“Se impuso el derecho y la razón, porque la propia Constitución local dice que los diputados podemos ser desaforados por delitos del orden federal y el peculado es un ilícito del fuero común”, explicó Martínez Garrigós.

El pasado viernes los miembros de la Junta Política y de Gobierno, máximo órgano al interior del Congreso local, decidió echar atrás la pretensión de desaforar a Martínez Garrigós, y al legislador por el PT, Alfonso Miranda Gallegos, ambos porque presuntamente están relacionados con delitos del orden común.

Aclaró que tras la victoria legal que obtuvo demandará por la vía civil la reparación del daño en contra del Gobierno del Estado, pero también en contra del fiscal general, porque éste solicitó su desafuero.

Sin embargo, también dijo que no demandará a sus compañeros diputados, al considerar que ellos no son abogados y no tenían el conocimiento jurídico para determinar si era o no procedente la solicitud planteada en su momento por la FGE.

“En contra de mis compañeros no tengo nada, así que no haré nada contra ellos, pero sí contra las otras instancias”, aclaró.

Y es que actualmente Martínez Garrigós es diputado independiente, pues fue expulsado de la bancada parlamentaria del PRI, tras ser acusado de malversar recursos cuando fue presidente estatal de este partido, y por la acusación que le realizará el ministerio público por el delito de peculado, al no cumplir con el pago de las cuotas del Ayuntamiento capitalino al Instituto de Crédito al Servicio de los Trabajadores del Gobierno del Estado (ICTSGE).

“Mi antecesor (Rogelio Sánchez Gatica) salió bien librado y yo demostré en su momento que pagué las cuotas en tiempo y forma”, dijo el ex edil, quien consideró que su sucesor lo traicionó.