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Lo anterior, pese al acuerdo previo de la Junta Política y de Gobierno de sancionar a los diputados faltistas, mismo que fue recordado en el inicio de la sesión por el presidente de la Junta Política y de Gobierno, Javier Bolaños Aguilar, para que a su vez la presidenta de la Mesa Directiva presentara un informe la próxima semana de las sanciones establecidas al resto de los diputados que no se presentaron a sus curules.
De hecho, la sesión ordinaria de ayer inició con 19 diputados, pero en el transcurso de la asamblea se sumaron tres legisladores más, lo que sirvió para desahogar 22 iniciativas, siete dictámenes de primera lectura, dos de urgente y obvia resolución, y aprobaron sólo tres dictámenes de segunda lectura, además de dos puntos de acuerdo.
El ex auditor superior de fiscalización Gerardo Casamata Gómez fue uno de los beneficiados con el desahogo del rezago que enfrenta el Poder Legislativo, pues dentro de los dictámenes de primera lectura que se aprobaron con carácter de urgente y obvia resolución, se encontraba enlistado el decreto mediante el cual se le otorgó pensión por jubilación.
El dictamen emanado de la Comisión del Trabajo, Previsión y Seguridad Social, determinó la abrogación del diverso 1389 publicado en el Periódico oficial "Tierra y Libertad" número 5194 con fecha del 11 de junio del 2014 y en su lugar se aprobó el nuevo decreto pensionatorio.
El pleno del Congreso local también conoció la iniciativa por la que se propone reformar diversas disposiciones de la Constitución Política del Estado de Morelos, a fin de establecer los exámenes de control y confianza en los cargos de diputados, gobernador y ayuntamientos.
La propuesta impulsada por el panista Javier Bolaños Aguilar, busca dar certeza a la ciudadanía de que los funcionarios que ostentan dichas representaciones populares sean personas honorables y no tengan vínculos con delincuencia organizada.
Asimismo, se presentó por el perredista Juan Ángel Flores Bustamante la iniciativa de adición a la Ley de Atención Integral para Personas con Discapacidad en el Estado, con el fin de establecer la beca salud a su favor, como una obligación del Estado.
Dicho apoyo se dividirá en dos modalidades, la económica, que ascenderá a cinco salarios mínimos mensuales; y en especie, que consistirá en atención médica gratuita y medicinas en los hospitales del sector salud.
