Particularmente en el Centro de Reinserción Social “Morelos” (mejor conocido como penal de Atlacholoaya) se ha detectado que algunos internos tienen cuentas en Facebook y que realizan llamadas al exterior, a través de celulares que generalmente son filtrados por sus propios familiares en los días de visita.

En este penal, detalló Hernández Gutiérrez, el sistema de bloqueo fue instalado hace más de tres años, pero nunca se presupuestaron recursos para su mantenimiento y con ello garantizar su operación.

“Simple y sencillamente es la falta de mantenimiento… Los bloqueadores que tenemos en el Cereso fueron colocados hace tres años, nada más se colocaron; los dejaron trabajando un 80 por ciento, aproximadamente, por recomendación del Comité Federal de Comunicaciones, para efecto de que no pudieran invadir al exterior otros derechos de telefonía celular. Pero desde entonces no se les ha dado mantenimiento, por insuficiencia presupuestal. Esperamos que este año podamos darle ese mantenimiento para recuperar por lo menos ese 80 por ciento”, dijo.

Ante las fallas del sistema, señaló que se han adoptado medidas de revisión y sancionadoras para inhibir el ingreso de aparatos de telefonía en los centros penitenciarios, especialmente en Atlacholoaya.

Una de las medidas es la revisión constante de las celdas y áreas comunes, con el fin de decomisar a los internos cualquier aparato de comunicación u objeto prohibido.

Otra es la revisión minuciosa de las bolsas o paquetes que los familiares ingresan a los centros penitenciarios en los días de visita y, en caso de encontrarse celulares, éstos son recogidos y se da parte al consejo disciplinario del penal para imponer sanciones como la suspensión hasta por seis meses o un año de las visitas familiares.

Hernández Gutiérrez lamentó que sean las propias familias las que accedan a la introducción de aparatos de comunicación a las cárceles y para hacerlo utilicen hasta sus partes íntimas para ocultarlos.

Informó que el gobierno federal otorgará a Morelos recursos por 6.5 millones de pesos para reforzar las medidas de seguridad en los centros penitenciarios y para reparar el sistema de bloqueo de telecomunicaciones, el cual se espera esté en funcionamiento óptimo a lo largo de este año.

La instalación de bloqueadores tenía como propósito contener y evitar la extorsión telefónica o que los delincuentes se comuniquen con sus cómplices que  se encuentran fuera de la prisión. Sin embargo, las fallas del sistema por falta de mantenimiento permiten que los internos tengan comunicación con el exterior.