Susana Díaz Pineda, representante de la organización, dijo que el Tribunal Superior de Justicia, el Congreso y la Procuraduría General de Justicia respondieron positivamente a la petición hecha por el Centro de Derechos Humanos y un grupo de víctimas de delitos sexuales para la adquisición e instalación de la cámara en al menos en una de las siete salas de juicios orales, pertenecientes al Primer Distrito Judicial.

Sin embargo, la repuesta fue acompañada de la negativa por parte de las tres instancias para adquirir dicha cámara por lo menos en lo que resta del año, con el argumento de que ninguna de las instituciones cuenta con presupuesto.

Díaz Pineda dijo que la adquisición e instalación de la cámara tiene un costo aproximado de 500 mil pesos, cuya cantidad es ínfima en comparación con los gastos superfluos de legisladores, magistrados y funcionarios estatales.

Lamentó que las instituciones desestimen la urgencia de proteger la integridad moral y física de niños y mujeres víctimas de agresiones sexuales, que dejarán secuelas permanentes en sus vidas.

Y es que, insistió, el no darles garantías de protección no sólo es doblemente victimizarlos, sino negarles el derecho a la justicia y exponerlos al acoso e intimidación de sus victimarios.

“Cómo alcanzar la justicia cuando un niño o una niña son enfrentados a su violador, que en el 90 por ciento de los casos resulta ser el padre, el abuelo, el tío o el vecino; un menor que es enfrentado con su victimario, una persona capaz de acosarlo y lastimarlo de nuevo, por supuesto que tendrá temor de decir y describir lo que sufrió. Por esto y muchas cosas más es urgente e imprescindible que exista una cámara de Gesell”, dijo.

Indicó que actualmente la Procuraduría General de Justicia atiende nueve casos de niños y niñas que fueron violados o abusados y quienes, de acuerdo con la legislación penal, obligadamente deben carearse con sus agresores.