En la única Sala de Juicios Orales ayer sesionó la Sala Segunda para dar respuesta a la apelación interpuesta por los abogados de las víctimas, Arturo Jaramillo González y Clara Saldívar, pues éstos sostienen que la Fiscalía de Hechos de Tránsito se niega a proceder en contra del chofer, quien fue puesto en libertad sin el pago de una fianza de por medio.
El magistrado Jorge Gamboa Olea, al darle lectura a la resolución, ordenó al Ministerio Público hacer un nuevo análisis y sustentar la resolución.
Y es que la Fiscalía representada por Graciela Flores Martínez, ha insistido que no hay lugar al ejercicio de la acción penal en contra del chofer, porque un dictamen de hechos terrestre refiere que fue el conductor de la motocicleta el que se metió en las ruedas de la pipa, pero otro peritaje elaborado por la Procuraduría General de la República (PGR) culpa al conductor del camión del accidente ocurrido el 12 de octubre de 2012.
El accidente se registró en la autopista México-Cuernavaca, a la altura de la colonia Lomas del Águila, y los dos ocupantes perdieron la vida en el lugar.
El pasado 8 de septiembre tuvo lugar una audiencia ante la juez de Control, Elvia Terán Peña, quien no ordenó a la Fiscalía General del Estado (FGE) revalorar las pruebas, pero sí dejó a salvo los derechos de la víctima para inconformarse.
Ayer jueves tuvo lugar la audiencia en la que los magistrados, Jorge Gamboa Olea, María del Carmen Aquino Celis, así como Ángel Garduño González, determinaron que si hay irregularidades en la integración de la carpeta de investigación y por ello ordenaron a la FGE revalorar las pruebas que obran en la carpeta de investigación.
El abogado de las víctimas, Armando Mejía Carvajal, adelantó que el asunto lo llevará ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, al considerar que hay elementos suficientes para presumir que la PGE se niega a proceder en contra del chofer de la pipa y por consecuencia en contra de la empresa.
“De entrada estamos hablando de un homicidio culposo (no existió la intención), pero la Fiscalía estaba obligada a defender a la víctima fijándole al chofer por lo menos una fianza, pero no fue así, por el contrario lo pusieron en libertad”, agregó el litigante.
Indicó que la resolución votada ayer por unanimidad obliga a la FGE a “fundar y motivar” la resolución que emita, ya sea a favor o en contra del ejercicio de la acción penal.
Finalmente la resolución emitida ayer por la Sala Segunda del TSJ no establece un plazo para que la Fiscalía valore las pruebas en este caso.