El líder de los litigantes penalistas, Cipriano Sotelo Salgado, expresó que existe un cúmulo de pendientes que necesitan ser tratados por las comisiones y el Pleno del Congreso del Estado.

Lamentó que los conflictos de partido entorpezcan la función legislativa en detrimento de los intereses de la sociedad. “Desafortunadamente otros asuntos han hecho que los diputados se olviden de legislar”, dijo.

Por ejemplo, señaló, desde hace cinco años se realizaron las modificaciones a la Constitución local para que los ciudadanos puedan reclamar indemnización a las autoridades estatales y municipales por cualquier hecho o actividad irregular que cause daño a bienes o derechos de particulares.

Sin embargo, hasta el momento no se ha expedido la norma reglamentaria, es decir, la Ley de Responsabilidad Patrimonial del Estado.

El 20 julio del 2005 fue publicado en el periódico oficial “Tierra y Libertad” el decreto 725, que dio vigencia a la adición a la Constitución del Estado Libre y Soberano del Estado de Morelos para incluir la responsabilidad patrimonial del estado en el artículo 133.

Según el artículo cuarto transitorio de dicho decreto, los diputados fijaron un plazo máximo de 90 días hábiles contados a partir de la entrada en vigor de la reforma constitucional para expedir la ley reglamentaria de la materia, pero son ya cinco años sin resultados.

Sotelo Salgado continuó con varios ejemplos de pendientes legislativos como las reformas a la legislación penal con motivo de las modificaciones a la Ley General de Salud, que delega a los estados la responsabilidad de combatir el narcomenudeo.

Por ello, el presidente de la Asociación de Abogados Penalistas sostuvo que es necesario que los diputados se pongan a trabajar en lo suyo y las diferencias partidistas se diriman en otro terreno.