Expresó que en el tema de los laudos, el Gobierno del Estado ha realizado una serie de acciones coordinadas con los municipios para tratar de abatir este problema, destacando, la posibilidad de adelantar un mes las participaciones a los ayuntamientos que así lo requieran para el pago de sentencias dictadas e impedir que se ejecuten órdenes de aprehensión por incumplimiento de pago.
En ese sentido, Hernández Benítez mencionó que no todos los municipios acogieron esta medida, sin embargo, invitó a aquellos que así lo requieran, que realicen la solicitud para que se les proporcione el apoyo.
Otra de las acciones implementadas gira en torno a facilitar de asesoría legal a los ayuntamientos, para que por las vías conciliatorias, se reduzca el monto de las negociaciones con quienes han iniciado una demanda en contra de los municipios, para lo que se mantiene una mesa de revisión con la Secretaría del Trabajo y Productividad.
El secretario de Gobierno comentó a los síndicos que el gobernador del estado autorizó la creación de un fondo de 60 millones de pesos con recursos adicionales que se destinarán al pago de los laudos condenatorios, y actualmente se encuentra realizando un análisis para determinar la manera en que se distribuirán los recursos entre los municipios, que en breve estarán conociendo la propuesta para su aplicación.
Adicionalmente, detalló que otra de las acciones que se acordaron fue la de explorar la creación de un fondo que permita enfrentar las obligaciones en cuestión de laudos y de prestaciones que se presentan al final del año. Este fondo sería del 5 por ciento de lo que reciben de participaciones estatales; de este porcentaje, 3 por ciento se destinaría para que los ayuntamientos tengan la suficiente liquidez para los pagos de fin del año y el 2 por ciento restante, para ahorrarse durante los tres años de gestión y que el ayuntamiento saliente pueda hacer frente a cualquier situación que se presente y evitar dejar deudas.
Al encuentro también se convocó al presidente de la Mesa Directiva del Congreso del Estado, el diputado Othón Sánchez Vela, y el director general de Vinculación Municipal, Análisis y Estudios Gubernamentales, José Guadalupe Ambrocio Gachuz.
El síndico de Cuernavaca, Humberto Paladino Valdovinos, reconoció el apoyo del gobierno estatal y el Congreso del Estado para generar los espacios de reunión como éste, lo que abona a los mecanismos que promueven la gobernabilidad.
En respuesta, el secretario de Gobierno señaló que es una muestra de la apertura y voluntad para tratar de resolver los problemas por los que atraviesan en los municipios, reconociendo la labor de algunos ayuntamientos quienes han trabajado para reducir la nómina.
Pero también señaló que en algunos otros esta situación ha sido a la inversa, por lo que invitó a que las administraciones actuales sean conscientes y generen los mecanismos para evitar que cuando terminen su trienio se unan al problema y esto genere demandas adicionales que incrementen aún más las ya existentes.
El diputado Othón Sánchez coincidió en esto, y señaló que los ayuntamientos deben tomar conciencia sobre los problemas por los que actualmente están atravesando y que éstos no se repitan en los próximos dos años, cuando terminen su administración.
Adicionalmente a las medidas ya mencionadas, el Gobierno del Estado impulsará una iniciativa de ley que reforma al servicio civil con el propósito de ajustar la norma, a fin de que los primeros niveles de los ayuntamientos sean considerados como personal de confianza, y que el ayuntamiento no esté obligado a brindar prestaciones sobre el tiempo que desempeñaron sus funciones.
Por otra parte, también se buscará reformar la Ley Orgánica Municipal, que hará que el personal de confianza sólo se desempeñe durante el trienio y una vez que ése finalice, éstos dejen el cargo sin ningún problema y sin dejar deudas de los ayuntamientos salientes.