Hay que recordar que la última expedición de concesiones en la mayor parte del estado se dio en el 2006 y en la zona oriente en el 2008.

En ambos procesos se presumen irregularidades, como que varias personas recibieron más de una concesión, o que un gran número de los beneficiados no son transportistas y que el costo por autorización fue mucho mayor a lo que marca la Ley de Transporte.

Por lo anterior, Javier Bolaños Aguilar afirmó: “deben acabarse estas circunstancias, son señalamientos pero necesitamos elementos para saber si está ocurriendo o sólo son suposiciones. Una vez que concluya la revisión podríamos iniciar con la auditoría para entonces saber si el padrón de usuarios de concesiones se estableció conforme a la Ley”.

René Jiménez Aquino, líder de la Federación Democrática del Transporte, afirmó que el Gobierno del Estado se niega a otorgarle concesiones porque no es viable, y en febrero y abril de este año se expidieron autorizaciones en Tetelcingo fuera de tiempo y a personas que no se dedican al transporte y que sólo obtuvieron la concesión para revenderla.

La revisión que ya inició la Dirección de Transportes es del padrón total. Mientras que la auditoría a la lista de concesionarios de taxi se pretende aplicar desde el 2006 a la fecha, tal y como lo solicitaron los concesionarios.