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El 16 de noviembre de 1982 inició su carrera en el servicio público en el Poder Judicial Federal, como actuario judicial interino, adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Morelos, meses después consiguió la titularidad del cargo y en 1985 se convirtió en secretario, labor que desempeñó durante nueve años.
El 19 de mayo de 1994 fue designado magistrado del Tribunal Superior de Justicia y en 2004 Rosas Pérez por primera vez se convirtió en presidente del TSJ. El primer caso que lo colocó en el ojo del huracán fue la absolución del junior Juan José Pedro Sarquís, quien en octubre de 2002 habría quitado la vida con un arma de fuego a su amigo Braulio Paredes, tras una discusión sobre quien de los dos tenía más dinero durante una fiesta en una casa en el fraccionamiento Burgos, del municipio de Temixco.
El caso tomó relevancia no sólo porque estaban involucrados como protagonistas y testigos del crimen hijos de prominentes empresarios mexicanos, sino porque el joven muerto era sobrino del entonces ministro del interior de Chile, José Miguel Insulza, hoy secretario general de la Organización de Estados Americanos.
Días previos a su elección como presidente, la jueza Guillermina Jiménez Serafín absolvió al joven Sarquís y nueve personas más involucradas en el homicidio. La sentencia posteriormente fue ratificada en segunda instancia. En este caso, se presumió que hubo millonarios sobornos para liberar al presunto responsable de la muerte de Braulio.
También el 2004 surgió el caso del juez Sebastián Sedano Quintanilla, quien fue acusado de influir en un expediente que involucraba a su sobrina política y por lo cual la Procuraduría estatal solicitó la acción penal en contra del juzgador. Sin embargo, el TSJ negó la orden de aprehensión bajo el supuesto de que los jueces tenían fuero.
Esto motivó al Poder Ejecutivo a iniciar una controversia constitucional en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual concluyó en que no hay tal fuero y ordenó la reposición del proceso penal que se inició contra el juzgador y el TSJ simplemente decretó la prescripción del delito para proteger Sedano Quintanilla. Esto provocó indignación particularmente entre las organizaciones de abogados y comenzó el deterioro de la relación del TSJ con el Gobierno del Estado.
En el 2005, Rosas Pérez y el recién creado Instituto Morelense de Información Pública protagonizaron un pleito político-legal emblemático ante la negativa del TSJ de dar conocer información sobre los “créditos” que recibieron los magistrados a costa del Fondo Auxiliar de Administración de Justicia.
Algunos magistrados se ampararon contra la orden del IMIPE de revelar la información, pero otros no. En el caso de los no amparados, el órgano de transparencia les requirió la información, pero el otro grupo de magistrados consideró el hecho como una violación a su amparo, lo que derivó en una denuncia ante la PGR. Finalmente, fueron absueltos del cargo los consejeros del IMIPE.
En mayo de 2006, Ricardo Rosas fue reelecto por el Pleno del TSJ por otro periodo de dos años en un clima de aparente calma debido a que la atención estaba en el proceso electoral para elegir gobernador, alcaldes, diputados locales y federales, senadores y presidente de la República.
Paralelamente, el Congreso decidió la no ratificación como magistrados de Miguel Cajigal Navarro y Andrés Hipólito Prieto. En sustitución fueron nombrados, Valentín González García y Leticia Taboada Salgado, respectivamente. Hipólito Prieto impugnó la no ratificación y en el 2008 fue reinstalado por el Congreso como magistrado tras ganar un amparo, en tanto que Navarro no tuvo éxito y Taboada Salgado posteriormente fue otra vez designada magistrada.
Tras el triunfo del panista Marco Antonio Adame Castillo como gobernador, la relación entre el gobierno estatal y el TSJ estuvo tersa durante varios meses, pero conforme transcurría el tiempo la relación se enfriaba y descomponía con diversos grupos políticos y de abogados. Rosas Pérez justificó que había intenciones del PAN y el gobierno estatal de apoderarse del Poder Judicial, y que sus detractores estaban inconformes porque el TSJ no cedió a sus presiones e intereses.
En el 2007, la críticas recurrentes en contra de Rosas Pérez y sus colaboradores fueron el estricto control (algunos lo llamaron terrorismo laboral) dentro del TSJ y los beneficios económicos concedidos por el Consejo de la Judicatura a altos funcionarios judiciales.
Tan sólo en el 2007 las jugosas “recompensas” y “premios” otorgados a altos funcionarios del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) sumaron casi dos y medio millones de pesos, provenientes de las utilidades que generó el Fondo Auxiliar para la Administración de Justicia.
EL presidente del TSJ siguió sumando antipatías por los nombramientos, principalmente de jueces, de personas que supuestamente no contaban con el perfil y la experiencia para desempeñar el cargo, en virtud de que las designaciones se hacían para tejer una red de nepotismo y compadrazgo al interior del tribunal.
El 28 de enero de 2008 varias organizaciones de litigantes presentaron ante el Congreso una solicitud de juicio político contra al presidente del TSJ, Ricardo Rosas Pérez, bajo la presunción de que cometió diversas irregularidades como la designación jueces de primera instancia sin cumplir con lo que establece la ley y protegió ilegalmente al juez Sebastián Prisciliano Sedano Quintanilla.
Sin embargo, días después, el 9 de febrero, los diputados determinaron desechar la solicitud de juicio político supuestamente porque no había elementos para sustentar las acusaciones contra Rosas Pérez.
En contraparte, el presidente del Tribunal Superior del Justicia, Ricardo Rosas Pérez, en reiteradas ocasiones expresó no temer a un juicio político y no haber cometido las supuestas irregularidades que le imputaban.
El 15 abril de ese año la negociación entre el Sindicato de Trabajadores al Servicio del Poder Judicial se volvió tensa y llegó hasta un paro de brazos caído, pero el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura ordenó el levantamiento de actas administrativas a los trabajadores sindicalizados que participaron en el paro. Finalmente, las partes llegaron a un acuerdo, pero también inició el desgaste de la relación entre las partes.
El 13 de mayo, Jesús Valencia Valencia –incondicional de Ricardo Rosas- en un cuestionable proceso de insaculación resultó designado por segunda ocasión consecutiva como representante de los jueces ante el Consejo de la Judicatura.
El entonces presidente de la Asociación de Jueces, Rubén Jasso Díaz, impugnó el proceso ante un juzgado federal, que determinó que hubo irregularidades en la insaculación, amparó al quejoso y ordenó repetir el proceso. Se presume que hubo trampa en la insaculación para mantener a Valencia dentro del consejo, sin embargo, hasta la fecha el consejo ha promovido toda clase de recurso para no cumplir con la ejecutoría de amparo
El 14 mayo, líderes de organizaciones de abogados se reunieron con Ricardo Rosas para convencerlo de que no se reeligiera por segunda ocasión, pero el 17 de ese mes se concretó de nuevo su elección para un periodo más.
Pero Rosas Pérez y sus colaboradores tendrían que enfrentar un periodo bastante turbulento, pues en junio de 2008, el PAN en el Congreso impulsó una reforma constitucional que, entre otras cosas, eliminó la “inamovilidad vitalicia” y modificó la estructura y funcionamiento del TSJ y el Consejo de la Judicatura.
El presidente del Tribunal Superior de Justicia calificó el acto como una “intromisión indebida” del Congreso y acuso a Acción Nacional de intentar apoderarse del Poder Judicial, único espacio no controlado por el PAN. “Los nexos institucionales que tenemos con el Congreso nos permiten identificar al grupo parlamentario como el que ha insistido en plantear este proyecto de reforma constitucional y desde luego, es el grupo parlamentario de Acción Nacional el interesado en que se realice de manera instantánea, inclusive un fast track dentro del Congreso del Estado en un asunto que no es menor”, dijo entonces.
La reforma fue aprobada por el Congreso y el Constituyente (aprobación de los municipios) entró en vigor el 16 de julio de ese año, tras su publicación en el periódico oficial “Tierra y Libertad”. Al mismo tiempo el Congreso aprobó un decreto que permitió el retiro voluntario de varios magistrados con una pensión al 100 por ciento.
Entonces, Rosas pidió al gobernador considerar la posibilidad de veto a la reforma, cuya petición fue infructuosa. Entonces, a nombre del TSJ se promovió la controversia constitucional 88/2008 y Rosas junto con otros magistrados promovieron el juicio de amparo 1160/2008 que cayó en el Juzgado Segundo de Distrito, para evitar que les quitaran la inamovilidad y otros beneficios.
La controversia fue resulta a mediados del 2009 por la SCJN, cuyo pleno determinó avalar prácticamente toda la reforma y el decreto de retiro voluntario de magistrados. Sin embargo, los ministros consideraron que eran los tribunales federales las instancias para que Rosas y sus colaboradores impugnaran las partes de la reforma que presumiblemente afectaran sus intereses personales.
El Juzgado de Distrito decidió amparar a Rosas y algunos magistrados y consejeros de la judicatura, así como sobreseer el juicio de garantía en otros magistrados a quienes aparentemente la reforma no les afecta. Sin embargo, el caso aún está pendiente en el Tercer Tribunal, que en diciembre de 2009 determinó amparar a Andrés Hipólito Prieto para que mantuviera su inamovilidad hasta cumplidos los 70 años.
Durante el proceso y resolución de la controversia hubo ruptura de relaciones entre los tres poderes del Estado, incluso en los últimos dos informes de labores actividades de Rosas el gran ausente ha sido el gobernador, además de las organizaciones de abogados que usualmente acudían a este evento.
Cabe destacar que a finales de octubre de 2008 entró en vigor la primera fase del nuevo sistema de justicia penal en el Primer Distrito Judicial. Hasta la fecha dicho sistema es criticado por diversos grupos sociales y de abogados pero no sólo desde la labor del TSJ sino del deficiente trabajo de la Procuraduría estatal.
A unas semanas de concluir la legislatura, el 19 de julio de 2009 los diputados designaron Ernesto Pérez Soria como representante del Congreso ante el Consejo de la Judicatura y a Norberto Calderón Ocampo, Rubén Jasso Díaz, Carlos Iván Arenas, Ángel Garduño, Guillermina Jiménez Serafín y María Idalia Franco como nuevos magistrados del Tribunal Superior de Justicia, en sustitución a los que se habían acogido al retiro voluntario.
Esto fue motivo nuevamente de disenso entre poderes y Rosas Pérez promovió la controversia 66/2009, argumentando que fue irregular el proceso legislativo. Recientemente la audiencia de pruebas y alegatos para declarar el cierre de instrucción fue diferida, debido a que la Corte rechazó varias pruebas del TSJ y Rosas interpuso un recurso de queja. Hasta el momento, no hay fecha de resolución.
Al entrar la nueva Legislatura, la composición política de las fuerzas políticas parecía darle una esperanza al presidente del TSJ para conseguir apoyo y financiamiento para concretar algunos proyectos en materia de infraestructura y juicios orales.
La mayoría priísta, aparentemente liderada por los ex representantes del PRI-Morelos, Guillermo del Valle y Marisela Sánchez Cortés, le garantizarían una alianza para hacer frente la PAN y al titular del Poder Ejecutivo.
Pero más allá de afianzar aliados, el TSJ se vio envuelto en una disputa entre priístas por el liderazgo de la fracción parlamentaria. En el octubre pasado, Rosas fue criticado por su alianza con la pareja Del Valle-Sánchez y por la liberación exprés del hermano de la diputada Guadalupe Tovar, acusado de presunta extorsión y acoso a uno de sus trabajadores.
Guillermo del Valle incluso fue destituido como secretario del Congreso y con ello Rosas perdió un aliado, empero, el magistrado presidente siguió operando para conseguir diputados adeptos. Algunos de ellos eran los legisladores Javier Mújica del PRI y Fidel Demédecis del PRD, con quienes en los últimos días aparentemente hay distanciamiento.
