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Y es que fue precisamente el Tercer Tribunal Colegiado que en diciembre de 2009 otorgó la protección de la justicia federal al magistrado Andrés Hipólito Prieto contra la aplicación retroactiva de dicha reforma y determinó que tenía derecho a conservar su inamovilidad hasta cumplidos los 70 años, con base en la normatividad por la que fue designado y luego ratificado –también tras ganar un juicio de amparo – como magistrado del Tribunal Superior de Justicia.
Recientemente, la Segunda Sala de la SCJN resolvió el recurso de competencia 92/2010 y determinó que era el Tercer Tribunal y no el Segundo Tribunal Colegiado la instancia indicada para conocer la revisión del juicio de amparo de Ricardo Rosas y un grupo de magistrados y consejeros de la Judicatura.
Sin embargo, la resolución fue acompañada de un acuerdo por el que se ordena al tribunal colegiado no emitir una resolución hasta que el Alto Tribunal defina qué procede en torno diversos recursos jurídicos y a la controversia constitucional 66/2009, promovida por el presidente del TSJ contra la designación de seis magistrados.
Magistrados y abogados consultados sobre las implicaciones de la resolución del recurso de competencia, coinciden en que el Tercer Tribunal Colegiado tendría que amparar a un grupo de magistrados, como sucedió en el caso de Andrés Hipólito Prieto.
De acuerdo con las previsiones jurídicas, los magistrados Ricardo Rosas Pérez, Ezequiel Honorato Valdez y Virginia Popoca González podrían obtener la protección de la justicia federal y así conservar su inamovilidad hasta cumplidos los 70 años.
En el caso de otros magistrados que fueron nombrados bajo las disposiciones anteriores a la reforma y que aún no han sido ratificados, el tribunal colegiado podría dictar un sobreseimiento, con la posibilidad de que en el momento que concluya su primer periodo y aspiren a una ratificación puedan promover otro juicio de amparo.
En el caso de los consejeros de la Judicatura, Joaquín Magdaleno y Jesús Valencia Valencia, se pronostica una revocación y no amparo, porque –según los juristas- éstos no tienen derechos adquiridos.
La guerra sucia dentro del TSJ
En la víspera de que Rosas Pérez rinda su sexto informe de labores como presidente del TSJ y el Pleno determine su reelección o la designación de un nuevo presidente, la guerra sucia no se ha hecho esperar.
En los pasillos del TSJ se comenta sobre la intención de Rosas Pérez de aferrarse a la presidencia y mantener a toda costa el control de la administración de justicia ya sea con una reelección o con imposición de uno de los magistrados de su más entera confianza.
Además, se presume que ha iniciado una campaña interna en contra de la postulación del magistrado Miguel Ángel Falcón Vega, quien también hace sus propios esfuerzos para defenderse y repeler los ataques.
Incluso, por medio del correo electrónico han circulado “boletines de prensa” en defensa de Falcón Vega y anunciando un posible albazo de Rosas Pérez.
Hasta el momento, el presidente del TSJ, Ricardo Rosas Pérez, se ha negado a conceder a este medio una entrevista sobre éste y otros temas, pues a decir de sus colaboradores cercanos está muy ocupado, en víspera de la presentación de su informe el próximo 17 de mayo y de la elección del presidente ese mismo día.
Otros magistrados se han mantenido cautelosos en sus declaraciones a los medios de comunicación, aunque han aceptado que su voto lo definirán hasta que vean quién de los aspirantes a la presidencia del TSJ tiene el “consenso”.
