El edil acudió tanto a la Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta Pública, como a la presidencia de la Mesa Directiva para solicitar el respaldo de los legisladores, pues dijo que su Gobierno no cuenta ni con parque vehicular.
Reynoso Nava aseguró que durante su gestión no ha mal aplicado los recursos del ayuntamiento, tal y como se le ha acusado, de ahí que garantizó que hará buen uso del crédito que podría autorizarle el Poder Legislativo.
"Mis manos están limpias, no hay ningún problema, pueden iniciarme la auditoría en el momento que el Congreso diga, estoy en la mejor disposición, de hecho yo fue el que la pedí (sic), precisamente para agilizar esos malos entendidos que hay", aseveró el presidente municipal.
Dijo que con el crédito de 50 millones de pesos, pretende construir el palacio municipal que fue derribado en la administración pasada, la compra de vehículos y cubrir otras necesidades del ayuntamiento.
El edil aprovechó para hablar también sobre las averiguaciones que existen en su contra por parte de la Procuraduría General de Justicia (PGJ) y aseguró que tampoco tiene nada de qué preocuparse. No obstante, aseguró que su antecesor, el actual diputado local, Alfonso Miranda Gallegos, sí debe ser investigado y auditado.
Insistió en que la situación que enfrenta el municipio es responsabilidad del ex alcalde, pues en su administración se cometieron muchos abusos. "Aquí traigo las pruebas y se las puedo mostrar", agregó.
Analizan diputados crédito para Amacuzac
El presidente de la Comisión de Hacienda, Mario Arizmendi Santaolaya, informó que continúa en análisis la solicitud de crédito por parte del ayuntamiento de Amacuzac.
Es que recordó que este ayuntamiento fue uno de los que no cumplió con los requisitos para la autorización de deuda. Sin embargo, dijo que las autoridades municipales aún tienen oportunidad de cumplir con todo lo necesario, para que en este periodo el Congreso les dé "luz verde".
Detalló que los 50 millones que solicitó Amacuzac, pretenden ser destinados 42 millones para inversión pública y el resto en reestructuración de la deuda actual.