Dijo que el primero corresponde al viejo sistema de justicia y se debe a la indebida condonación de deuda a los municipios de Jonacatepec y Tepoztlán, por un monto de cuatro millones de pesos, que al final, bajó a multas de cuatro mil pesos, cosa incorrecta porque los alcaldes respectivos nunca hicieron las aclaraciones, ni respondieron a las observaciones que se les hizo.
Recordó que se le dictó auto de formal prisión y finalmente salió libre con caución de 40 mil pesos, es decir, hay antecedentes penales en su expediente, por eso nunca logró su objetivo que era la reinstalación en el cargo de auditor.
Y el otro proceso, dijo González Velázquez, es el que se desarrolló a través de los juicios orales en la justicia adversarial, aquí, por haber desaparecido documentos que amparan un faltante de cinco millones de pesos en la administración como alcalde en un periodo anterior de Julio Espín en Puente de Ixtla.
Explicó que “el delito no fue fácil de detectar, se localizó luego de una minuciosa revisión del registro de las cuentas públicas porque no había ningún elemento que diera con este caso, se borraron todo tipo de evidencias documentales, fue casi fortuito”.
Luego, indicó que además Casamata Gómez nunca hizo la entrega-recepción como corresponde en ley, simplemente se negó y obligó a un trabajo de revisión de expediente por expediente para poder tener un control del archivo e inventario, sin embargo, eso fue lo que llevó a la localización de información extraviada.
Y advirtió que por “la no entrega-recepción es una falta administrativa que debe ser sancionada, ya se iniciaron los trámites ante la comisión de hacienda del Poder Legislativo para que se proceda conforme a derecho, es decir, este es un asunto nuevo que seguramente derivará en alguna multa adicional por tratarse de un aspecto de menor relevancia, pero que da fe de la manera poco ordenada cómo se trabajó durante su gestión”.