Aseguró que refrendar la política de Estado del buen ejercicio de la función pública, es significativo hacerlo en el año que concluye la administración estatal y federal, al asumir con determinación la tarea de erradicar los actos de corrupción, y de abuso sistemático desde el poder en agravio de los ciudadanos.

Así lo estableció Marco Adame en presencia del titular de la Secretaría de la Función Pública del Gobierno de la República, Rafael Morgan Ríos; de la presidenta del Patronato del Sistema DIF Morelos, Mayela Alemán de Adame; de la secretaria de la Contraloría, Patricia Alegría Loyola; del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Miguel ángel Falcón Vega; y del senador Adrian Rivera Pérez; los presidentes municipales de Temixco, Mazatepec, Tepalcingo, Jojutla, y contralores municipales.

En este contexto, hizo un llamado a los Poderes Legislativo y Judicial, así como a los gobiernos municipales para que se adhieran a estas acciones, y que desde sus respectivos ámbitos, puedan asegurar este atributo del nuevo México que se construye, en el que la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, sean una constante y no una notable excepción.

Resaltando que este convenio impulsado por el Presidente Felipe Calderón a través de la Secretaría de la Función Pública, “Está destinado a tener consecuencias, que está destinado a asegurar que no habrá tolerancia, que lucharemos contra la impunidad y que promoveremos que cada funcionario que usa los recursos públicos, que tiene a su cargo bienes fundamentales, las ejerza conforme a la ley y de cara a los ciudadanos”.

El mandatario estatal destacó la participación en estas tareas de organismos e instituciones autónomas como las contralorías sociales y el Instituto Morelense de Información Pública y Estadística (IMIPE), cuya presidenta consejera, Mirna Zavala Zúñiga, también atestiguó esta firma de este acuerdo que también contempla conocer e investigar las conductas de los servidores públicos, que puedan constituir responsabilidades administrativas, aplicar las sanciones correspondientes en términos de ley y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes.

En este sentido, Rafael Morgan, secretario de la Función Pública, afirmó que el combate a la corrupción debe ser un compromiso de Estado, que implica la suma de esfuerzos de todos los ámbitos de gobierno, ya que es la única forma imperativa para servir bien al país, salvaguardando el bien común, asegurando el desarrollo económico y fortalecer a las instituciones para restablecer la confianza de la sociedad hacia sus autoridades.

Morgan Ríos indicó que por parte del Gobierno Federal, no sólo se ha hecho frente de manera directa y con determinación, a los grupos criminales, sino también desplegado una política de cero tolerancia a la corrupción, desde la cual se abren las puertas a la criminalidad y con ello a la inseguridad, afectando la integridad de la familias y las comunidades.

“Consideramos que existen ciertos vasos comunicantes entre la corrupción de funcionarios que van en contra de los recursos públicos y de la normatividad, y la corrupción que viene de fuera, de aquellos que están inmersos en la delincuencia organizada, (…) por eso hemos hechos un gran esfuerzo para que haya cero impunidad en el gobierno, ya que es lo daña la estabilidad y la seguridad del país”, expreso el funcionario federal.

Asimismo, el gobernador Marco Adame respaldó el llamado hecho por el secretario de la Función Pública, a la Cámara de Diputados Federal para la aprobación de una iniciativa de Ley Anticorrupción, que respalda una ardua tarea de vigilancia y sanciones severas a las faltas cometidas por funcionarios públicos, que hoy observan un blindaje inescrupuloso.

El titular de la Secretaría de la Función Pública, detalló que en la administración del Presidente Felipe Calderón, se han presentado denuncias penales contra más de dos mil servidores públicos por corrupción; impuesto sanciones e inhabilitado a siete mil 559 servidores públicos; tres mil 629 sanciones económicas por daño patrimonial; así como mil 802 sanciones administrativas a empresas y empresarios que han afectado el patrimonio público.