Los legisladores que pretenden participar en el próximo proceso electoral, buscando ser gobernadores, senadores y diputados federales, determinaron disminuir los recursos destinados a la realización de la próxima contienda, con lo que colocan a la institución encargada de organizar aquella contienda en condiciones de “pobreza extrema” para cumplir con la función para la cual fue creada.

Un importante número de mexicanos (el 50%) no participará en la jornada electoral; el resto, el 40 por ciento, decidirá su voto de acuerdo con la conducta de partidos y candidatos durante los próximos seis meses y tomando en cuenta factores emocionales y de las más diversas causas, no siempre vinculadas a la revisión puntual de los proyectos y propuestas que se ofrezcan.

Existe el riesgo de que los procesos internos y la elección constitucional se determinen en los “traseros de los camiones y rutas”, que es hacia donde se están canalizando las mayores inversiones en propaganda de los aspirantes a gobernador y alcaldes de todos los partidos, personajes que estuvieron ausentes de la vida pública por más de una década, como el ex secretario de Obras Públicas del gobierno de la reconciliación 1998-2000, Jorge Meade Ocaranza, o Ariosto Genel, ex secretario de Obras Públicas del gobierno del general Jorge Carrillo Olea, y reaparecieron en los últimos meses con fundaciones y propaganda en los “traseros de los camiones” reclamando ser incluidos y fueron aceptados en la larga lista de “aspirantes al gobierno de Morelos” (son 12 en el PRI).

La nominación a gobernador es el “epicentro del proceso interno de cada partido”, al no existir una ley de partidos que permita a los electores intervenir y conocer el método bajo el cual cada instituto político tomará esa decisión. En cada organización cumplen con el procedimiento de acuerdo con el margen de maniobra que logra la cúpula que toma la determinación.

En el Partido Acción Nacional, están Alejandro Villarreal y Adrián Rivera; el primero está cerca de renunciar a la Secretaría de Programación y Finanzas y Adrián Rivera anunció que no solicitará licencia como senador para participar en la contienda constitucional como candidato a gobernador porque la ley no se lo impide. Entre ellos dos está la nominación. Algunos consideran las posibilidades de Demetrio Román Isidoro, quien es alcalde de Jiutepec, ex diputado local y ex diputado federal.

En el Partido de la Revolución Democrática, están el senador Graco Ramírez y el diputado Rabindranath Salazar y quizá otro más. Ahí aseguran que la determinación surgirá de un acuerdo entre Marcelo Ebrard y el candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador. Graco y López Obrador son nativos de Tabasco, están integrados a grupos políticos diferentes. Oficialmente aseguran que será a través del método de encuesta en febrero.

EL MÁS COMPLEJO; EL PRI

La candidatura más atípica es la del Partido Revolucionario Institucional; ejemplifica la incapacidad de sus integrantes para legitimar ante los electores la intención de buscar el triunfo en las urnas, convertido luego de más de una década en oposición, en una organización de alta competencia política, con vocación democrática. En Morelos el presidente de esa organización, Amado Orihuela Trejo, reta al concejo político (máximo órgano de gobierno del PRI) y la militancia al no presentar como se lo han solicitado su licencia al cargo de presidente del partido para competir en igualdad de circunstancias con los otros 11 aspirantes a la nominación para gobernador.

En Morelos, el general Jorge Carrillo Olea llegó a la gubernatura en la elección de 1994. En aquel proceso, Amado Orihuela fue electo presidente municipal de Mazatepec; en 2002, durante la presidencia de Maricela Sánchez en el PRI Morelos y cuando ésta era diputada federal, el ex edil llegó a la dirigencia del sector campesino de ese partido, la liga de Comunidades Agrarias CNC Morelos; en 2006 fue electo diputado federal (fue la única posición federal de ese partido en aquella elección); pidió licencia para contender como diputado local por Mazatepec y desde ahí buscó la coordinación parlamentaria y luego la dirigencia estatal (pactó una alianza con un importante número de grupos priistas, con el compromiso de buscar la candidatura a gobernador).

Orihuela ha logrado construir un grupo político.

El deterioro histórico del PRI vivió una tregua durante el proceso electoral de 2009; de la tercera fuerza en la entidad pasaron a ser la primera, triunfaron en los cinco distritos federales electorales, en 15 de los 18 distritos locales y en casi 20 de 33 presidencias municipales, lo que los convirtió en una organización compleja que inició un deterioro al interior que la actual dirigencia y el peso del comité nacional no han logrado contener.

El ex alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós, enfrenta hoy “el fuego amigo”. Los otros 11 “aspirantes” aseguran públicamente que ante los “ojos del comité nacional” perdió la confianza para ser el abanderado. El Partido Acción Nacional y el de la Revolución Democrática cumplen con su responsabilidad de igualar las condiciones entre las fuerzas políticas en el proceso previo a la designación de candidatos; han invertido en el sobredimensionamiento de los enfrentamientos entre priistas. El ex contralor del municipio de Cuernavaca, José Luis Urióstegui Salgado, busca ser candidato por el PRD a la alcaldía capitalina y su discurso está enfocado a señalar los temas que en el Ayuntamiento él intentó prevenir y no lo autorizaron.

Los aspirantes a la candidatura a gobernador que presentaron ya licencia al cargo son Manuel Martínez Garrigós, Jorge Morales Barud y Fernando Martínez Cué. A esta lista se integran varios desde la vida privada como Jorge Meade y Ariosto Genel.

Los priistas reconocen que el mayor riesgo que tienen es una división interior, como la que enfrentaron en el 2000. Por ello insisten en los “llamados a la unidad”. Un método para mantenerla ha sido con los “espacios de consolación”. En el 2000, David Jiménez junto con Rodolfo Becerril y José Castillo Pombo participó en la consulta abierta para la elección del candidato priista a gobernador, en la que logró más votos Juan Salgado Brito. Jiménez González fue candidato a senador en primer lugar de la fórmula, aunque quedó en tercer lugar en la consulta abierta; fue el único que llegó a una responsabilidad pública de aquel grupo.

Así se inauguró en Morelos el método de “premios de consolación, para mantener la unidad”, lo que provoca la intención de los 12 de mantenerse hasta el final de la contienda interna bajo la creencia popular de que pueden lograr alguna posición presionando. Unos podrían ser los candidatos a senadores, otros a diputados federales, otros en los espacios plurinominales, otros en las alcaldías más importantes, otros pueden aceptar hasta regidurías.

Son 11 espacios que otros priistas han señalado pretender, como la diputada federal Rosalina Mazari que realiza ya el proceso para integrarse a la fórmula de candidatos a senadores. Ha sido diputada federal en dos ocasiones ganando su distrito y fue candidata al Senado en 2006 en fórmula con Guillermo del Valle. Así también están los precandidatos a diputados federales, diputados locales y presidentes municipales. La candidatura más importante luego de la de gobernador es la presidencia municipal de Cuernavaca, por el presupuesto que ejerce y los reflectores que atrae, colocando a su titular en la antesala de la candidatura a gobernador.

LA CANDIDATURA DE CUERNAVACA

En 1997, el PRI perdió Cuernavaca; en el 2000, la gubernatura. En el 2009, el PRI recuperó Cuernavaca. El efecto Fox del 2000, aseguran, se “clonará” con Enrique Peña Nieto en el 2012. Por ello hay candidaturas entre los priistas que generarán confrontaciones más violentas que las que se darán en el proceso constitucional y una de ellas es Cuernavaca.

En 1997, los panistas no advirtieron la posibilidad de llegar al gobierno estatal. Fue un proyecto que construyeron Sergio Estrada y Alfonso Pedroza desde el Ayuntamiento, y partió de la construcción de un equipo de colaboradores que aseguraban aquella posibilidad. En el 2009, priistas, panistas y perredistas confirmaron la posibilidad de que Martínez Garrigós se convirtiera en candidato a gobernador; aceptaron modificar la constitución para que su edad, 34 años, el día de la elección no fuera un impedimento.

Algunos de los “aspirantes priistas a la gubernatura” aceptarían “gustosos” la alcaldía capitalina. Desde la época “hegemónica”, en el tricolor advertían “de chicharrón pa´ arriba lo que caiga es bueno”, y pretenden convertir a la Ciudad de la Eterna Primavera en parte de una “apuesta electoral” y vuelven a negarle su propia identidad. Quienes conocen al PRI de Cuernavaca recuerdan que luego de la derrota de Hugo Salgado, por cuatro a uno en el 2000, el PRI Cuernavaca fue “abandonado”. En esas condiciones asumió la dirigencia municipal Manuel Martínez.

Maricela Sánchez llegó a la dirigencia estatal luego de una consulta abierta, posterior a la derrota del 2000, fue dirigente formal del partido durante un periodo y conservó influencia durante la gestión de Guillermo del Valle; se postuló como compañera de fórmula con el diputado Julio Espín, y fueron derrotados por la estructura que se construyó en torno a Amado Orihuela, incluido el propio alcalde de Cuernavaca, Manuel Martínez Garrigós.

Manuel Martínez conserva la estructura del PRI Cuernavaca que construyó desde que asumió la dirigencia; con ella contendió en tres procesos electorales constitucionales: 2003, cuando el precandidato del comité estatal fue Jorge Meade Ocaranza; 2006, cuando el precandidato del comité estatal era Cesáreo Carvajal, y 2009 única ocasión en la que estuvieron de acuerdo. Erick Salgado, el actual líder municipal, colaboró con Martínez Garrigós en sus campañas, incluida la de 2009.

DECISIÓN POR CONVENCIÓN O DEL TRIBUNAL

Los priistas de Morelos y de Cuernavaca difícilmente aceptarán, como sucedía cuando el presidente de la república y el gobernador eran de ese partido, que desde el centro del país determinen quién será el abanderado. Hoy, el PRI nacional es una organización desde donde se analizan los expedientes de quienes pretenden desde Morelos aspirar a los dos espacios en el Senado, así como en los cinco distritos federales. Concluido el proceso electoral, el partido que triunfa construye el gabinete federal, que incluye los nombramientos de las más de 50 delegaciones y representación del poder nacional, en cada una de las entidades.

El PRI Morelos analiza y revisa las intenciones de quienes buscan ser candidato a gobernador. En 2000 y 2006, la decisión la impusieron las militancias locales; ellas determinaron que sus candidatos fueran Juan Salgado y Maricela Sánchez. Ahí también se revisan los expedientes de quienes serán los candidatos a las diputaciones locales, sobre todo los tres primeros lugares de la lista plurinominal y las regidurías en primera posición.

Existen varios métodos para definir candidatos en el PRI, el acuerdo, (dedazo), la consulta abierta que en Morelos ha causado conflictos posteriores desde 2000 y la convención de delegados, en la que un grupo de “notables” del consejo estatal, para las determinaciones estatales y municipales, en el caso de municipios, es el que determina quién los representará.

Priistas consultados aseguran que en esta ocasión y tomando en cuenta que es una elección concurrente que a nivel nacional favorece al abanderado presidencial Enrique Peña Nieto, no consideran viable la consulta abierta. Las bases priistas que han permanecido en esa organización durante los últimos 12 años consideran que tienen derecho a opinar antes de aceptar “emisarios”. Por ello, impulsan la consulta abierta.

La necesidad nacional de mantener la unidad de los priistas considera viable la realización de “convenciones de delegados”, sancionadas por árbitros imparciales. En el tema estatal, esperaran la solicitud de licencia de Amado Orihuela, cuando menos al cargo de líder del partido, para iniciar la revisión de quiénes serían los asistentes a ese evento.

Para Cuernavaca, están pendientes las solicitudes de licencia del dirigente municipal Erick Salgado y de los diputados que pretenden contender, como Jorge Arizmend. Esta etapa puede definir las expectativas de triunfo del PRI en la contienda constitucional. Existe la posibilidad de que algunos de los aspirantes a alguna nominación expresen su inconformidad sobre el resultado presentando denuncias ante las autoridades y los tribunales electorales, como sucedió en anteriores ocasiones entre las que destaca la candidatura estatal de 2006, en la que priistas, panistas y perredistas solicitaron que se le retirara por diversas causas la candidatura a Sánchez Cortés.

Los aspirantes a las candidaturas de todos los partidos cuentan con colaboradores especialistas en derecho electoral que preparan ya las protestas jurídicas si los resultados no les favorecen. La elección del 2012, organizada por autoridades pobres y candidatos y partidos ricos, puede concluir en los tribunales en una fecha posterior a la elección y no la noche de la jornada cuando se conozca el resultado, que fue uno de los compromisos de los legisladores de 1996, cuando crearon el Instituto Federal Electoral y el del Estado de Morelos.

PRESIDENCIALISMO RENOVADO

Mario Fernández Baeza, ministro del Tribunal Constitucional de Chile de 2006 a 2011, escribió con Dieter Nohlen, catedrático de la Universidad de Heilderberg, Alemania, que es considerado un experto en sistemas electorales y desarrollo político, El presidencialismo renovado en 1998. En la revisión que ambos realizan a los procesos electorales en América Latina destacan que: “Cuando las elecciones son competitivas –no siempre es así-- pueden cumplir funciones conceptualmente, en América Latina las elecciones contribuyen menos que en las democracias desarrolladas a dirimir el poder político. Las fuentes no institucionales de poder (económicas, sociales, éticas, culturales, religiosas) tienen una incidencia muy fuerte en el juego político. Las elecciones, por lo tanto, contribuyen junto a otros factores a la decisión sobre el poder político”.

En segundo lugar, las elecciones no contribuyen sustancialmente a la conformación del gobierno ni a la selección de la élite política. El marcado presidencialismo latinoamericano no sólo entrega al jefe del Ejecutivo la facultad de nombrar al Gabinete, sino también, “de facto”, nominar gran parte de los candidatos al Parlamento y de los más probables de ser electos.

Los mecanismos por los cuales se produce esa decisión son a menudo ajenos a la voluntad popular y muy previos a la fase informada de las campañas políticas. La selección de las élites políticas tampoco es determinada en gran medida por las elecciones, como sucede en las democracias de los países desarrollados. En América Latina existe una estratificación social más rígida y una movilidad social poco fluida, a excepción de algunas fases del desarrollo en los países del Cono Sur o de Costa Rica. En general, la élite política se autogenera casi autónomamente y establece como consecuencia de ese proceso la oferta de personal a las elecciones. Este fenómeno está relacionado obviamente con otros factores, como la educación o el sistema de propiedad, pero se encuentra muy enraizado y estrechamente vinculado con las características de los partidos políticos.

En tercer lugar, tampoco es muy nítido que las elecciones en América Latina legitimen el sistema político o contribuyan a su consolidación o a que los ciudadanos depositen confianza en el sistema y en sus órganos y representantes. Por una parte existe el problema, ya mencionado, de la participación pasiva de gran parte de la ciudadanía en los actos electorales. Ello es sinónimo de indiferencia y carencia de respaldo al sistema político. Por otra parte, este factor se ve afectado por los problemas todavía existentes en el ámbito del derecho y de la organización electoral.

Los nuevos procesos políticos de la región, sin embargo, ofrecen un cuadro más positivo en cuanto a rol legitimador de las elecciones. Se ha aumentado la participación activa a través de una cierta modernización de los partidos y de sus mecanismos internos de selección (primarias, “internas”) y se ha afianzado la convicción de que un “acuerdo en lo fundamental” es básico para mantener la democracia, a pesar de las carencias de la gestión de gobierno. En otras palabras, se ha extendido popularmente la distinción entre “apoyo al gobierno” y “apoyo al sistema” y la necesidad de diferenciar el comportamiento político respecto a uno y otro.

Es necesario destacar que las elecciones en América Latina sí contribuyen a la movilización y concientización política del electorado. En cierto modo, en este aspecto reside la principal función de las elecciones en América Latina, siendo en algunos países el principal motivo de los partidos políticos (“partidos electoralistas”). En este sentido, la tradición latinoamericana es homogénea, tanto tratándose de regímenes autoritarios, totalitarios o democráticos en sus diversos grados. Las campañas electorales constituyen en todos los países el mecanismo de proselitismo político e ideológico por excelencia y en algunos, incluso, una especie de fenómeno sociocultural (Costa Rica, Venezuela, Colombia), especialmente en los países en que las campañas son largas y los períodos de gobierno reducidos (Costa Rica). Mirando desde un punto de vista positivo, el carácter movilizador y concientizador de las elecciones tiene un gran potencial de educación o de formación política, en la medida en que durante las campañas se divulguen los principios y objetivos de toda sociedad democrática.

Existen elecciones competitivas en los sistemas democráticos, semicompetitivas en los autoritarios y no competitivas en los totalitarios.

El rol de las elecciones (competitivas) en los sistemas democráticos es fundamental. En primer lugar, las elecciones constituyen la base del concepto “democracia”. Hay democracia cuando los detentadores del poder son elegidos popularmente en una lucha abierta y libre por el poder. En segundo lugar, las elecciones son la fuente de legitimación tanto del sistema político, como de sus líderes o dirigentes. En tercer lugar, las elecciones son el medio a través del cual se verifica la participación política en las grandes mayorías.

En los sistemas autoritarios las elecciones tienen una importancia más relativa. Teniendo presente la variedad de contextos que ofrecen estos sistemas es posible afirmar que en ellos las elecciones representan un medio, entre otros, de regular el poder político y que su verificación tiene importancia en la medida en que puede representar un cambio en la orientación del régimen. Las elecciones semicompetitivas tienen importancia en el respaldo que busca el régimen político, que se encuentra más expuesto que el totalitario a la opinión pública interna y externa.

En los sistemas totalitarios las elecciones no juegan un rol en el poder político. No legitiman su ejercicio ni originan su cambio. Las elecciones son instrumentos de dominación política y social.

En 2008, el investigador alemán sugirió que en lugar de pugnar por el parlamentarismo, a México le conviene fortalecer su régimen presidencialista. Sugiere a la clase política y a los partidos trabajar para mejorar las relaciones entre el Ejecutivo y el Legislativo a través de reformas institucionales que faciliten la acción del gobierno. Y aventura una propuesta: crear la figura de un primer ministro dentro del molde de un sistema presidencial, siempre que su nombramiento y su destitución dependan exclusivamente del presidente.

ELECCIONES EN AMÉRICA LATINA

El marco conceptual hasta ahora descrito tiene una variada aplicación en América Latina, especialmente por la diversidad de situaciones que ofrece la historia de la región y de cada país. Como un intento de sistematizar esa amplitud contextual, según los conceptos expuestos, se debieran considerar los siguientes problemas: la especificidad latinoamericana de “democracia”.

La correspondencia entre sistemas democráticos y elecciones competitivas en América Latina está asociada a agudos problemas de la práctica política. Según la letra constitucional, en la gran mayoría de los países de la región la democracia liberal tiene una tradición de más de un siglo y medio. La práctica, sin embargo, se aleja de este dato. No nos referimos aquí a los sistemas o regímenes formalmente no democráticos (autoritarios y totalitarios) que también tienen arraigo en la región, sino a aquellas fases en que se han efectuado elecciones y ha tenido vigencia la institucionalidad plena. Se sabe que la democracia es a la vez formal y sustantiva y que, aunque lo sustantivo otorga el grado de contenido democrático de un sistema, es imprescindible que esté vigente un conjunto normativo-institucional de reglas de juego político. Sin embargo, en América Latina este aspecto formal tiende a cubrir el resto y en él tiende a radicarse la legitimidad del sistema político. El tardío aumento de la participación política hasta el pleno voto universal o la efectiva garantía de la limpieza del acto electoral a través de órganos imparciales de control y de escrutinio, así como la fiscalización del cohecho, que sólo se estableció en las últimas décadas, contrastan con la tradición democrática formal tan antigua.

La precisión sobre el concepto de democracia en América latina se complica aún más con la conformación de las estructuras socio-económicas y sus efectos electorales. La garantía legal de la participación política universal no basta para que vastos sectores marginales se integren a los procesos electorales, a pesar de la obligatoriedad del voto. Por otra parte, cuando esa integración se produce, está amenazada por la manipulación, el caciquismo, el clientelismo y otras deformaciones político-culturales enraizadas en varios países o regiones de América Latina.

Las primeras expresiones del gobierno (federal, estatal y municipales) advierten que en Morelos se buscará el triunfo por el triunfo mismo, aun en los tribunales.