Y el adjetivo se los dieron el Gobernador y el Congreso del Estado. Y los Consejos Municipales que sustituyeron a los ayuntamientos también fueron destituidos por la misma razón: O sea, en seis años, cuatro gobiernos municipales en Cuernavaca fueron depuestos por las autoridades estatales por la causal de robo de fondos públicos. Fueron destituidos, pero no procesados, como debieron serlo. Si el ladrón común y corriente, que de algún modo expone la vida y la honra, se le aprehende y se le obliga a restituir lo robado; al ladrón calificado que usa investidura de la autoridad como patente de impunidad, se le debía castigar con mucho más rigor; pero parece que en México las autoridades pueden robar a mansalva sin más riesgo que el de ser destituidas en caso de grande escándalo. Si el gobernador pidió al Congreso del Estado la destitución de los ayuntamientos y Consejos Municipales por robo de fondos públicos, y el Congreso la decretó. ¿Por qué no los consignó para que fueran juzgados, castigados y obligados a devolver lo robado?”
Este fue el discurso de José González Torres, candidato a la Presidencia de la República el 23 de febrero de 1964, durante su gira por Morelos, en la reunión que presidió en Cuernavaca con el tema “Municipio libre: castigo a autoridades infieles”, al inicio de su intervención denunció: “Hace poco se celebró en esta ciudad una convención estatal del PRI para que ante todos los delegados allí reunidos, muchos de ellos a la fuerza, el presidente del PRI (Alfonso Corona del Rosal), proclamara el nombre de la persona designada por el presidente de la república para gobernador de Morelos el próximo sexenio.
43 años después Morelos es considerado uno de los cinco estados con más conflictos de de corrupción en todo el país donde solamente lo superan entidades que han sido gobernadas por el PRI y el PRD, como son el Estado de México, el Distrito Federal, Tlaxcala y Puebla, del 2000 al 2007 siempre aparece con una baja calificación en los análisis que presenta Transparencia Mexicana.
En esta entidad, hoy el escándalo central es el debate que libran dos importantes despachos de litigantes, que representan a clientes que reclaman la acción de la justicia, por un lado está Promotora Ambiental de Cuernavaca (PASA), que es representada por Guillermo Pasquel, y por el otro el ex presidente municipal de Cuernavaca Manuel Martínez Garrigós, que es representado por Juan Velázquez.
El impacto que tendrá entre los electores este proceso impacta en el ánimo de los simpatizantes de Manuel Martínez Garrigós, en forma directa, y también tendrá expresiones en torno a la figura primero de otros precandidatos del Partido Revolucionario Institucional y posteriormente a los precandidatos y abanderados de otros partidos políticos. Hay que recordar que el tema de la recolección de los desechos sólidos en la capital del estado ha generado mala imagen a varios gobiernos, durante casi una década, los pobladores de Cuernavaca se acostumbraron acudir a contenedores públicos a depositar su basura, estos lugares se convirtieron en focos de infección en las zonas donde se localizaban.
Una crisis en el manejo de los desperdicios, en el ocaso del gobierno de Cuernavaca que encabezó el actual senador panista Adrián Rivera Pérez, generó las condiciones para que el Ayuntamiento que presidió el actual diputado federal panista Jesús Giles Sánchez, concesionara el servicio a Promotora Ambiental Sociedad Anónima, empresa que ya realiza esa actividad en una veintena de localidades de todo el territorio nacional y que son gobernados por diversos partidos políticos.
Durante la campaña para la Presidencia Municipal de Cuernavaca, grupos de ambientalistas le solicitaron al entonces candidato priista, que al llegar al ayuntamiento realizara una revisión a fondo a la concesión otorgada a la empresa con oficinas centrales en Monterrey, Nuevo León, durante la administración anterior. Los grupos de promotores de la defensa de los recursos naturales y académicos se enfrentaron a través de los medios de comunicación, algunos consideraban “ambientalista” el proyecto y otros los consideraron nocivo para los recursos naturales, debido al lugar que se eligió para el confinamiento final, un espacio en los límites con Temixco, denominado Loma de Mejía.
Durante la campaña y al inicio de la administración en diversas ocasiones, los vecinos de la avenida Subida a Chalma, que es por donde se pretendió que transitaran los camiones con el desperdicio, bloquearon aquella vialidad y se enfrentaron con los trabajadores de la empresa neoleonesa, hasta que desde el ayuntamiento se determinó la clausura y no utilización de aquel depósito de desperdicios, por considerar que afectaba al patrimonio natural de la zona, durante la administración anterior grupos de investigadores consideraron apto el predio para recibir el desperdicio, pero los vecinos lo rechazaron.
Esto confirma que el manejo de los desperdicios en Cuernavaca se ha partidizado y politizado, desde que se duplicó la población luego del terremoto de 1985, en cada administración se ha manejado de diferente manera.
Hoy este tema advierte que con el mismo, actores ajenos al proceso electoral, pueden influir en la determinación que tomará el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, y luego los ciudadanos en el proceso constitucional, que se realizará el 1 de julio de 2012, ya que por una lado se ventilará el proceso jurídico y con aquellos elementos se desarrollará una confrontación mediática, bajo el esquema de que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”, método que aplicarán ambos contendientes.
CHOQUE DE TRENES
El 27 de agosto de 2010, Jesús Castillo publicó en La Unión de Morelos, un perfil de cada uno de los abogados que han estado involucrados en este caso, cuando señaló: Ante el inminente enfrentamiento jurídico entre el Ayuntamiento de Cuernavaca, y la empresa Promotora Ambiental S.A. Para resolver quién se queda con el servicio de recolección de basura, ambas partes han buscado a los mejores abogados para que los represente.
Los empresarios dieron a conocer a principios de agosto que su abogado es Guillermo Pasquel Hernández, egresado de la Universidad La Salle. De acuerdo a la información recabada en páginas de internet y revistas jurídicas, Pasquel tiene Especialización y Maestría en Ciencias Penales por la Universidad Anáhuac y también ha realizado estudios de postgrado y especialización en la Universidad de Salamanca, España, en Materia de Derecho Constitucional, Ciencias Políticas, Derecho Penal, Crimen Organizado, Terrorismo y Lavado de Dinero.
Actualmente realiza trabajos de protocolo de investigación en el Doctorado de Libertades Informativas, que imparte la Universidad Panamericana, en convenio con la Universidad de Salamanca, España.
Ha participado en diversos foros académicos como conferencista y exponente en mesas de discusión, sobre temas de actualidad, relacionados especialmente con el ámbito del Derecho Penal y Constitucional.
Pero el Ayuntamiento de Cuernavaca no se quiso quedar atrás y contrató los servicios del famoso penalista Juan Velázquez, quien alguna vez fue contratado por los ex presidentes mexicanos Carlos Salinas de Gortari y Luis Echeverría para que los defendiera. Arturo “El Negro Durazo”, el ex jefe de la policía acusado de corrupción también fue uno de sus clientes satisfechos. Por eso, le llaman a Velázquez el “Abogado del Diablo”.
Entre la impresionante lista de sus clientes no hay sólo políticos. Están, también, bancos, empresas privadas, medios de comunicación y famosas víctimas de la violencia en México. Diana Laura Riojas (viuda del asesinado candidato priista a la presidencia, Luis Donaldo Colosio) y las hijas de José Francisco Ruiz Massieu (también asesinado en 1994) buscaron los consejos legales de Velázquez.
Quienes lo conocen aseguran que se avecina un “choque de trenes” entre estos juristas que tienen algo en común: cobran caro. Concluye la información de Jesús Castillo.
En noviembre del 2004, el entonces secretario de Asuntos Electorales del comité nacional del PRD, Graco Ramírez, difundió una investigación realizada por Agustín Aragón Sosa, entonces apoderado legal de la diócesis de Cuernavaca y presidente del Centro de Inteligencia Ciudadana, en donde confirmó que el jurista cobró a la Procuraduría General de Justicia en tiempos de Guillermo Tenorio, un millón 750 mil pesos, por llevar la defensa del entonces gobernador Sergio Estrada Cajigal, al que el hoy senador perredista señaló acusándolo de estar involucrado en diversos delitos.
Esta entrevista describe la personalidad de uno de los implicados, Juan Velázquez: Hombre de personalidad seria y solitaria, prolijo con sus cosas y su vida, reconocido por muchos y calificado por otros como el ‘Abogado del Diablo’, por los personajes controvertidos a quienes ha defendido y por la tenacidad que le ha puesto a sus casos difíciles, el penalista Juan Velásquez, maestro de Derecho Procesal Penal desde hace 33 años, nos dice quién es, cómo considera su profesión, cuáles son sus gustos y su peor tragedia profesional.
“No, y considero ofensivo que así me llamen”.
“Me parece que por mi formación, cuando la adolescencia, internado en un plantel militar que me dio valores; y también por el aprendizaje de la abogacía que tuve de los más grandes maestros, incluido mi papá”.
“Desde siempre, mi padre, Víctor Velásquez, fue el penalista más prominente y me hizo crecer en los tribunales. Se han publicado fotos en las que aparezco de siete años de edad en un juzgado, acompañando a mi papá, con mi traje, mis lentes, mis códigos en la mano y por supuesto, sin que alguien me hiciera el menor caso. La herencia que me dejó mi padre fue la fe ciega en que los jueces administran justicia”.
“El del ex presidente de la república Luis Echeverría, acusado indebidamente de genocidio”.
“Y más aberrante, el del ingeniero Raúl Salinas de Gortari, al que la Procuraduría General de la República del sexenio pasado le fabricó pruebas para inculparlo por homicidio”.
“El de Diana Laura, viuda de Colosio, cuando la asistí como abogado por la muerte de su marido”.
“Sí, mediática y legalmente por mi defensa del ingeniero Salinas, a la que me dediqué exclusivamente por más de siete años. Desde su detención advertí públicamente que era inocente y que el cargo de homicidio en su contra era fabricado, por lo cual sufrí la furia de esa Procuraduría General de la República”.
“Por lo extenso y complicado del caso y porque tuve la culpa de la detención del ingeniero. Fui yo quien recomendó estúpidamente al Fiscal de las Brujas para que asumiera su encargo y porque ese fiscal, luego de mi recomendación, me usó muy malamente para lograr esa detención. Un día me pidió engañosamente entrevistar al ingeniero, a lo cual éste accedió inmediatamente, para que en esa entrevista, sorprendiéndonos, lo detuviera”.
“Los de la entonces PGR, ya que nunca ni en mis peores pesadillas había soñado que esa institución, antes tan digna, sobornara ‘testigos’, sembrara osamentas, fabricara pruebas, persiguiera a familiares y abogados, etcétera, con tal de acusar y mantener en prisión a un inocente y por puros motivos políticos”.
“No, ninguno de mis defendidos ha merecido eso y la cárcel es tan horrible que casi nadie la merece”.
“Quizás no por la duración de los juicios, pero todos mis defendidos han recuperado su libertad”.
“Los juicios del Pemexgate y de Luis Echeverría, principalmente”.
“No, pero ésa es la gente que me busca usualmente”.
“A los jueces y a los militares. Para mí las instituciones más valiosas del país son las de justicia y el Ejército Mexicano”.
“La ingenuidad, debido a la experiencia desastrosa que ya conté y que ha sido profesionalmente la única mala y dolorosa que he tenido”.
“Ser desconfiado. Ahora sé que en la vida profesional hay que ser así, desgraciada y tristemente”.
“Sí, por mi muy querido y antiguo amigo Roberto Madrazo, que creo que es el que más experiencia tiene en el ejercicio del poder. Cuando el sexenio cambia hay generalmente políticos a los que se persigue penalmente y si eso llega a pasar, a lo mejor alguno de ellos quiere que lo defienda; pero es mera especulación”.
“Sí. Mi familia es lo más importante, pero sé que pude haber sido mejor esposo y padre, si no le hubiese dedicado tanto tiempo a mi trabajo, que a lo mejor ni ha valido la pena; me doy cuenta de que uno deja la vida defendiendo a quienes ya libres ni se acuerdan. Mi familia aborrece mi trabajo”.
“Sí, a uno, que es el muy talentoso: Rodolfo Echeverría Ruiz y a quien aprecio como a un hermano”.
“El ex presidente don José López Portillo, que fue uno de los hombres más cultos y buenos que he conocido y quien me distinguió con su amistad y me designó su albacea y tutor de sus hijos menores”.
“Todos, aunque si me piden escoger serían el que el señor presidente Vicente Fox me dio por excelencia en el ejercicio de mi profesión y los que he recibido del Colegio de Defensa Nacional”.
“Un abogado simplemente.” concluye el documento realizado recientemente
2011 LA CRISIS DE GOBERNABILIDAD
“La corrupción continúa afectando de manera profunda a demasiados países en todo el mundo, según se observa en los resultados del Índice de Percepción de la Corrupción de 2011 de Transparencia Internacional. El índice muestra que algunos gobiernos no protegen de forma adecuada a sus ciudadanos frente a la corrupción, ya se manifieste ésta en abuso de recursos públicos, sobornos o el hermetismo en la toma de decisiones”, señala el comunicado emitido el primero de diciembre desde Berlín por parte de Transparencia Internacional, organismo que ubica a México en el lugar 100 con un tres de calificación, en donde 10 es para las naciones con menor corrupción, en ese rango están países, como Indonesia, Madagascar, Gabón, Malawi y Durkina Faso, entre otros.
Esta organización advierte de que las manifestaciones en todo el mundo, relacionadas en muchos casos con hechos de corrupción y con la inestabilidad económica, son una clara muestra de que los ciudadanos consideran que sus líderes e instituciones públicas no son suficientemente transparentes ni rinden cuentas de manera adecuada.
“Este año hemos visto referencias de corrupción en los reclamos de los manifestantes, tanto de origen rico como pobre. En una Europa golpeada por la crisis de la deuda, y en un mundo árabe que se asoma a una nueva era política, los lideres deben tener en cuenta las reclamaciones que exigen un gobierno más efectivo”, señaló Huguette Labelle, presidenta de Transparencia Internacional. En aquella reunión se reconoció que más de las dos terceras partes de los países obtuvieron calificación inferior a cinco: Nueva Zelanda, Finlandia y Dinamarca son las naciones con calificación más alta, Somalia y Corea del Norte, ocupan el último lugar.
Transparencia Internacional advierte que corrupción es el abuso del poder delegado para beneficio propio, concepto que se aplica a los sectores público y privado, el IPC se centra en la corrupción, en el sector público, es decir la modalidad en la que intervienen funcionarios o empleados públicos y políticos.
CORRUPCIÓN A LA MEXICANA
Con el nuevo siglo surgieron siguiendo tendencias internacionales, organizaciones no gubernamentales en México, dedicadas al combate a la corrupción, a finales del siglo pasado, Víctor González Torres impulso el “Movimiento Nacional Anticorrupción”, desde ahí surgieron otras organizaciones, creó una cadena de distribución de medicamentos de libre patente conocida como Farmacias de Similares, y apoya con recursos propios a un importante número de organizaciones de servicio social, ha buscado ser candidato independiente a la Presidencia de la República.
Éste es quizá el ejemplo más difundido de organizaciones dedicadas a denunciar los malos manejos de servidores públicos, también existe Transparencia Mexicana, que cada dos años ha realizado encuestas para determinar cual es la percepción que tienen los habitantes sobre el nivel de corrupción con el que se desempeñan sus autoridades, según el informe correspondiente a 2007, que se publicó en la revista expansión de aquella época, el Estado de México, el Distrito Federal, Tlaxcala, Puebla y Morelo, son las entidades donde la corrupción es mayor.
Transparencia Mexicana utiliza el Índice Nacional de Corrupción y Buen Gobierno (INCBG) que mide la percepción de la ciudadanía respecto a los actos de corrupción, que se registran en los servicios ofrecidos por los tres niveles de gobierno y por particulares, mide 35 servicios, como el pago del predial, recolección de basura, relación de la ciudadanía con agentes de tránsito o solicitar una beca, reconoce aquel informe que la corrupción ha disminuido en la recuperación de vehículos en los corralones, trabajar o vender en la vía pública, recuperar un auto robado y solicitar un trámite en el registro público de la propiedad, la corrupción sigue incrementándose, según la percepción ciudadana en temas como evitar las infracciones de tránsito, estacionarse en la vía pública, en lugares para personas con capacidades diferentes, pedir agua a los servicios municipales y la recolección de los desechos sólidos.
Según transparencia las entidades más transparentes son Colima, Aguascalientes, Guanajuato, Nayarit y Michoacán, advierte el registro de 2007, cuando se contabilizaron 197 millones de actos de corrupción (casi dos por habitante), se estima que cada hogar en promedio destinó el 8% de sus ingresos para actos de corrupción en ese año, lo que significó 27 mil millones de pesos, distribuidos en los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal.
La percepción que sobre la corrupción manifiestan los encuestados, no corresponde a la reacción social, dentro de los procesos electorales, en el 2007 fue señalado como el más corrupto del país el gobierno del Estado de México, en 2011 el gobernador de esa entidad Enrique Peña Nieto, entrega el gobierno a un militante de su partido, Eruviel Ávila Villegas, y se coloca como único precandidato a la Presidencia de la República por su partido, el PRI.
Seis años antes su antecesor Arturo Montiel determinó no participar en la contienda presidencial, luego de una serie de señalamientos en diversos medios de comunicación en torno a denuncias por el enriquecimiento y los excesos cometidos por él y sus familiares durante su gestión. Reapareció públicamente y todavía como militante de su partido en la ceremonia de entrega de poderes en Toluca seis años después.
LA CORRUPCIÓN EN MORELOS.
Luego de la denuncia pública de José González Torres, los señalamientos de corrupción se convirtieron en tradición, para legitimarse cuando se arriba al poder o para descalificar al adversario, asegurar que ha dispuesto de recursos públicos para enriquecerse o para financiar su campaña se ha convertido en parte del discurso y una de las razones por las cuales, un importante número de ciudadanos rechazan la posibilidad de involucrarse en la vida pública para avanzar y consolidar una verdadera cultura de la democracia.
Existen estudios donde se afirma que los jóvenes, que no conocieron los gobiernos del PRI, hoy consideran que los gobiernos y su relación con las otras fuerzas políticas, son razón suficiente para no acercarse a votar el día de la elección y con ello dejan sin analizar posibilidades y dejan la responsabilidad de decidir en manos de otros que por distintas razones acuden a las urnas.
Durante el gobierno de Lauro Ortega surgió un escándalo que para aquella época se consideró importante, ya que provocó la salida del ex gobernador Armando León Bejarano fuera del territorio nacional, él y varios de sus colaboradores fueron señalados por el gobierno de Ortega Martínez por haberse involucrado en distintos casos de corrupción. Era una época en la que los gobernadores no señalaban los desvíos de sus antecesores, para así evitar señalamientos similares al final de su gestión. Era una regla no escrita entre priistas.
Antonio Rivapalacio extinguió los proyectos sociales de Ortega Martínez, durante el gobierno de Carrillo Olea se persiguió a algunos colaboradores de Rivapalacio, Jorge Morales Barud fue gobernador de la reconciliación durante un interinato de 24 meses, Sergio Estrada el primer gobernador panista, no actuó contra los priistas, el actual gobierno realizó una intensa investigación en relación a algunas adquisiciones de equipos de comunicación implicando a algunos funcionarios.
Hoy los tres partidos con posibilidades de triunfo enfrentan señalamientos al interior de sus estructuras y desde las otras organizaciones.
El PRI vive una sobre exposición mediática, primero con el asunto del PASA - Martínez Garrigós y el martes con la reunión a la que fueron convocados los 12 aspirantes a la candidatura para gobernador, al interior de esa organización establecen que uno de los temas ahí tratados fue la posibilidad de incluir a algunos de los precandidatos, en alguna de las siete posiciones federales que se buscarán en la misma elección en la que participa para presidente de la república Enrique Peña Nieto.
Aseguran que de entre aquellos están la mayoría de los que buscarán un espacio en el Senado de la República o en alguna de las cinco diputaciones federales de Morelos, con lo que se ajustará la lista de aspirantes al gobierno estatal y posteriormente se definirán las candidaturas locales, que acompañarán al abanderado al gobierno del estado.
El CEN del PRI envió un comunicado advirtiendo la unidad de los aspirantes, al arribar a Morelos, las diferencias entre éstos siguen ventilándose en los medios de comunicación.