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Casi tres años antes, Cárdenas expidió un decreto el 9 de julio de 1935, por el cual el Partido Nacional Revolucionario (PNR) se daría a la tarea de la organización de una liga de comunidades agrarias en cada estado, para, una vez realizada esa labor, proceder a la constitución de una gran central campesina única.
Para lograr este fin, el PNR integró el Comité Organizador de la Unificación Campesina, bajo la dirección de Emilio Portes Gil. De esa forma se logró organizar a ligas campesinas locales, realizar convenciones de unificación, lo que se hizo durante 7 meses en 14 entidades del país, con lo que se logró agrupar a aproximadamente 700 mil campesinos.
El proceso de designación del nuevo dirigente de la Confederación Nacional Campesina en Morelos, confirma que ningún partido político tiene hoy un proyecto para el sector primario de la economía, que impulse la rentabilidad financiera de las actividades agrícolas y propicie que el resultado de esas operaciones impulsen la elevación de la calidad de vida de los “hombres del campo”, elemento fundamental en los discursos de posicionamiento de todos los partidos políticos.
Desde 1937, en las elecciones internas del PNR en Durango, Yucatán y el Distrito Federal para elegir sus candidatos a diputados, fueron dirigidas exclusivamente por representantes de las ligas agrarias y los sindicatos obreros. Resultaron ser experiencias exitosas que sirvieron para poner las bases para el futuro funcionamiento del Partido de la Revolución Mexicana.
Pese a su indiscutible fuerza, habrá algunas organizaciones campesinas que no quedarán conformes con darle el estatus de central campesina única, como la Liga Nacional Campesina Úrsulo Galván.
Si no única, la CNC será, a lo largo del siglo, la central campesina más importante, que tendrá un papel no sólo como la organización agraria más importante sino también como un gran instrumento de control político en el campo, con lo que se convertirá en un baluarte del régimen político. Será parte fundamental de la estructura corporativa del Partido Revolucionario Institucional, donde formará parte fundamental del sector campesino.
Creada también como un contrapeso a la creciente influencia de la CTM en la política, será una pieza clave en el sistema político. De la Confederación ha dicho Clarisa Hardy: “La historia de la CNC es finalmente la historia de una peculiar y cambiante relación entre Estado y campesinos. Si bien organizada por y desde el Estado, su constitución se vinculó a la movilización social en el campo. Con Cárdenas, la CNC fue construida en el juego de mutuas determinaciones de la acción estatal y de la presión del campesinado movilizado. Desde 1940, el desenvolvimiento de la organización cenecista se explica por el pero creciente que adquiere, en esta articulación de acciones estatales y acciones campesinas, la presencia estatal en el control del movimiento campesino.” De ese entrelazamiento concluye que la CNC es “un órgano estatal que penetra a la sociedad campesina y un órgano de clase que penetra al aparato estatal, político e institucional.”
Un tema es la necesidad de motivar la ordenada y sustentable de recursos naturales a través de las actividades agrícolas, ganaderas y piscícolas, entre otras, y otro tema es el “potencial político electoral” que significa para el gobierno y los partidos políticos el que los “hombres del campo” continúen en la ignorancia y la pobreza para preservar sistemas medievales de explotación y restringir a las áreas urbanas el reparto controlado de la riqueza. Sólo para motivar el incremento de consumidores que puedan satisfacerse con el desarrollo de nuevas tecnologías de producción.
EL PRI Y SU CNC “MODERNA”
Al extinguirse el voto corporativo, el Partido Revolucionario Institucional tiene que observar el efecto que le ocasiona el preservar el esquema con el que se diseñó para ser un partido de Estado, a través de organizaciones nacionales, enfocadas a la condición social de cada individuo, al margen de su ubicación geográfica, a todos se les insertó por su condición: Obreros (CTM), Campesinos (CNC), profesionistas, técnicos y habitantes de zonas urbanas (CNOP), el efecto que “liderazgos corporativos simulados” tienen sobre el reparto de candidaturas, presupuesto y acceso al poder, resulta ya nocivo para esa organización, hay que observar el peso político real que mantiene ante quienes son considerados sus agremiados. En el caso de Morelos, está confirmado que a 12 años de la salida del PRI del gobierno estatal, la CTM se convirtió en una estructura de membrete que recurre a apoyos negociados con lideres sindicales que consideran inútil participar al interior de los partidos, salvo las ocasiones en las que advierten la posibilidad de ampliar o crear nuevas representaciones laborales. En los últimos once años el PAN y la CTM-PRI por la visión divergente del valor de la fuerza de trabajo, no lograron realizar una reforma laboral que colocara a los sindicatos en condiciones de fomentar el crecimiento de empleos formales.
Las organizaciones campesinas tuvieron un destino que requiere mayor atención. Desde fines de los años setenta se generalizó la opinión, tanto en el Gobierno como entre las organizaciones campesinas y los estudiosos, de que la situación del campo era crítica. Era evidente que el medio rural presentaba serios rezagos frente al urbano, en su economía, su contribución al producto interno bruto, la dotación de servicios con que contaba, los ingresos de la población y en general en todos los indicadores del bienestar social, familiar y personal. Reconoce la Secretaría de la Reforma Agraria el 25 de octubre de 2010.
En un análisis sobre la iniciativa de Reforma al artículo 27 de la Constitución, señala que en las campañas políticas que para la Presidencia de la República se llevaron a cabo en 1988 siempre estuvo presente el tema. De manera particular, el candidato del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Carlos Salinas de Gortari se comprometió a revisar a fondo la legislación agraria, pues por su excesiva regulación se había convertido en una traba para el desarrollo rural; era preciso adaptar el proceso de la Reforma Agraria a las nuevas condiciones económicas y sociales del país y del campo. Entre otras cosas, propuso dejar atrás el paternalismo y la injerencia del gobierno en las decisiones internas de los ejidos, las comunidades y las organizaciones campesinas.
En general, todos los analistas e investigadores reconocían que la Reforma Agraria había transformado de raíz la estructura de la tenencia de la tierra y creado una nueva clase social en el campo. Si en 1910 menos de 2 mil familias eran propietarias del 87% de la superficie del país, a fines de los años ochenta había más de 5 millones de ejidatarios, comuneros y pequeños propietarios que tenían el control directo de 90% del territorio.
La infraestructura agrícola también se había modificado. La superficie de riego aumentó de 700 mil hectáreas en 1910, a 5.4 millones en 1988 y los caminos de 26 mil a 220 mil kilómetros. Del analfabetismo casi absoluto de 1910, ahora tres de cada cuatro habitantes del medio rural sabían leer y escribir. La esperanza de vida en el campo se elevó de 25 a 65 años.
Empero, el esquema de desarrollo del campo exhibía su total agotamiento. Desde 1965 el ritmo de crecimiento de la producción agropecuaria era inferior al de la población, lo cual dio origen a una cada vez mayor importación de alimentos básicos, en especial de maíz. Asimismo, la creciente población rural no poseía tierras de cultivo y no podría adquirirlas por la vía de la dotación ejidal, carecía de empleo o ingresos permanentes y razonables. Ello generó una masiva emigración temporal y definitiva a las ciudades medias y grandes y a Estados Unidos. Era ampliamente reconocida, en resumen, la necesidad de abrir nuevas opciones productivas y de bienestar a los habitantes del campo, pero con respeto pleno a las tres formas de propiedad reconocidas en la Constitución: el ejido, la comunidad y la pequeña propiedad.
El 1 de noviembre de 1991, en ocasión de su Tercer Informe de Gobierno, el Presidente de la República, Carlos Salinas de Gortari, expuso una nueva estrategia de desarrollo rural.
“Debemos partir del reconocimiento de nuevas realidades. Nuestra población está creciendo, pero nuestro territorio es el mismo. Sólo en el campo viven hoy 25 millones de compatriotas, casi el doble de la población que había en todo el país en 1910, y su número va en aumento. Existen 25 millones de hectáreas de labor, 5 millones de riego, mientras que la fuerza de trabajo en la agricultura es ya de 6 millones de productores. Ha crecido la producción, pero la productividad no es suficiente. El minifundio se extiende tanto entre ejidatarios como entre pequeños propietarios y los campesinos tienen que trabajar más para sacar menos. En nuestro campo todavía hay mucha miseria.”
“El reparto agrario establecido hace más de 50 años se justificó en su época, y es reconocido hoy en día por su compromiso con los campesinos. En su momento llevó justicia al campo: pero pretender, en las circunstancias actuales, continuar por el camino de antes ya no significa prosperidad para la patria ni justicia para los campesinos. No porque haya fallado la reforma agraria sino por la propia dinámica social, demográfica y económica a la cual contribuyó. Hoy la mayoría de los ejidatarios o de los pequeños propietarios es minifundista; dos terceras partes de los campesinos que siembran maíz en la nación tienen menos de tres hectáreas de tierra de temporal por familia; muchos sólo poseen surcos. Así no pueden satisfacer sus propias necesidades.”
“El gobierno está obligado por mandato constitucional a seguir repartiendo tierras, pero desde hace años los efectos del reparto son contrarios a su propósito revolucionario y cumplirlo no responde al espíritu de justicia de la propia Constitución. Antes el camino del reparto fue de justicia; hoy es improductivo y empobrecedor. Seguir por esa ruta sería traicionar la memoria de nuestros antepasados revolucionarios, defraudar a los campesinos ya beneficiados por el reparto y burlar a los que esperan nueva tierra, hombres y mujeres de carne y hueso, de ideas y sueños. Con toda razón se indignarían ante repartos de pura estadística, en el papel. Nos exigen claras opciones productivas con su participación en el trabajo y para el progreso nacional.”
El 7 de noviembre de 1991, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la exposición de motivos e iniciativa de decreto que reforma el Artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
“El reparto agrario ha sido sin duda uno de los procesos sociales más vinculados con nuestro nacionalismo. Su extraordinaria vitalidad transformó de raíz la estructura propietaria del territorio nacional. Dio prosperidad a la patria y justicia a los campesinos, los liberó de la hacienda, restituyó la vida del pueblo, de la comunidad, del ejido y se consagró en la Constitución y en las leyes del país. Sin embargo, pretender en las circunstancias actuales que el camino nacionalista debe seguir siendo el mismo de ayer, el del reparto agrario, pone en riesgo los objetivos mismos que persiguió la reforma agraria y la Revolución Mexicana. Ese extraordinario cambio es y seguirá siendo motivo de orgullo en nuestra historia. Pero hoy, debemos emprender nuevos caminos”.
“Necesitamos cambiar no porque haya fallado la reforma agraria. Vamos a hacerlo porque tenemos hoy una diferente realidad demográfica, económica y de vida social en el campo, que la misma reforma agraria contribuyó a formar y que reclama nuevas respuestas para lograr los mismos fines nacionalistas. Necesitamos un programa integral de apoyo al campo para capitalizarlo, abrir opciones productivas y construir medios efectivos que protejan la vida en comunidad, como la quieren los campesinos de México.”
“Para lograr los cambios que promuevan la capitalización del campo, esta iniciativa propone la reforma de las fracciones IV y VI del artículo 27 constitucional, eliminando las prohibiciones a las sociedades mercantiles y estableciendo los criterios generales que deben satisfacer. Para la operación de empresas por acciones en el campo, la ley determinará los límites y los requisitos y condiciones para formar una sociedad mercantil por acciones, propietaria de terrenos rústicos. Se desea promover nuevos vínculos entre actores productivos, pero también proteger al campesino en su asociación con socios mercantiles y garantizar que las sociedades no se orienten hacia la concentración de tierra ociosa o con fines especulativos. También se suprime en la fracción VI la prohibición genérica a las corporaciones civiles de poseer, tener en propiedad o administrar bienes raíces.”
Estos fueron los soportes de los argumentos que utilizó en Morelos el entonces gobernador priista Antonio Rivapalacio López en un recorrido que realizó con la intención de conocer la reacción que sobre aquella iniciativa tendrían los ejidatarios de la entidad, ante un proceso político administrativo en la “entidad cuna del agrarismo”, ya que fueron los ideales y propuestas de Emiliano Zapata, los que dieron sustento a la redacción del precepto constitucional que en ese momento se modificaba, a unos meses del proceso electoral que legitimó al gobierno de Carlos Salinas de Gortari, a 3 años de la caída del sistema electoral, el PRI recuperaba en Morelos “El Carro Completo”.
El Programa Nacional de Solidaridad que impulso el gobierno federal en aquella administración en Morelos se destinó a inversiones en las zonas rurales, lo que permitió que en 1994, el voto campesino diera un amplio margen al triunfo del siguiente gobernador, último que se decidió en una elección separada de la federal.
En 1994 el gobernador Jorge Carrillo Olea se distanció de toda la estructura del PRI, sus colaboradores aseguraban que fue para limitar la influencia de Antonio Rivapalacio López en su gobierno, el presidente municipal Alfonso Sandoval, el líder del congreso local Jorge Morales Barud y el senador Rodolfo Becerril eran considerados afines al ex gobernador, el diputado federal del primer distrito Jorge Meade Ocaranza fue secretario general del PRI y un importante impulsor de la precandidatura del militar. Luego de la elección se distanció del nuevo gobernador.
La Confederación Nacional Campesina en Morelos no pudo por el desquebrajamiento de sus estructuras impulsar resultados electorales en 1997 y en el 2000, 2003 y 2006 su participación fue mínima, como lo confirman los resultados de las elecciones en las zonas rurales de la entidad, en 2006 el PRI fue la tercera fuerza.
EL PAN Y LOS CAMPESINOS
El Partido Acción Nacional, durante el gobierno de Sergio Estrada Cajigal, impulsó una serie de acciones a favor de los hombres del campo, que se continuaron y se incrementaron durante la presente administración. Sin embargo, estos resultados administrativos no se reflejaron en la construcción de alguna estructura política a fin a ese partido, así lo demostró la derrota electoral del 2009, en la cual el ex secretario de Desarrollo Agropecuario Víctor Sánchez Trujillo perdió una diputación local en Cuernavaca, luego de que en 2006 logró el triunfo en una diputación federal.
Durante la administración municipal de Estrada Cajigal en Cuernavaca, Sánchez Trujillo, ex dirigente de la Federación de Estudiantes Universitarios de Morelos (FEUM) ingresó por el PRI al cabildo como regidor, el coordinador de los regidores priistas fue Otilio Rivera Navarro, quien mantuvo enfrentamientos y criticas permanentes contra la primera administración, en esa etapa el comité estatal del Partido Acción Nacional, que presidió Adrián Rivera Pérez, se dedicó a incrementar la militancia en zonas urbanas y en cabeceras municipales de la entidad las zonas rurales eran gobernadas por el PRI y el PRD a Víctor Sánchez se le encargó el área de Desarrollo Agropecuario de un municipio, en donde el trabajo del campo está prácticamente limitado al área de los viveristas de Tetela del Monte.
Sánchez Trujillo mantenía una cercana relación de amistad con Jesús Giles Sánchez, secretario particular del edil, ambos trabajaron en Coparmex, en un proyecto de jóvenes emprendedores a principios de los noventa, Sánchez Trujillo determinó dejar las filas del PRI y sumarse a la causa de Estrada Cajigal, adquirieron para el municipio 2 trilladoras, que: “Cuando no apoyaban el desarrollo de las zonas agrícolas de Cuernavaca se destinaban para apoyar el trabajo del campo en otros municipios”.
Al triunfo de Acción Nacional, en el 2000, Sánchez Trujillo se incorpora al gabinete como secretario de Desarrollo Agropecuario, ahí permanece y desde aquella oficina se impulsan proyectos productivos, entre los que destaca el desarrollo de la producción de “El Refino”, un licor similar al mezcal y al tequila que se extrae del agave, así como empacadoras para durazno y otros frutos.
Con estos proyecto conservan la simpatía de los “Hombres del Campo, durante los procesos electorales del 2003 y 2006, durante la actual administración han estado en esa dependencia el ex gobernador Jorge Morales Barud y el ex diputado federal panista Bernardo Pastrana, se han conservado y se han incrementado los proyectos productivos para el campo, sin la presencia de los integrantes del comité directivo estatal del PAN que encabeza Germán Castañón Galaviz.
EL PRD Y LOS CAMPESINOS
El Partido de la Revolución Democrática no ha logrado construir una relación “institucional” con los campesinos, en algunos procesos se han volcado en su favor en las urnas, así lo demuestran los resultados obtenidos en las casillas de las zonas rurales, en los procesos de 1988, 1997 y 2006, cuando lograron ser la primera fuerza, gracias a candidaturas como las de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, en 88, abanderados a diputado federal de las zonas rurales, como Anastasio Solís de Tepoztlán, y en el 2006 a favor de Andrés Manuel López Obrador y cuando sus candidatos a gobernador Fernando Martínez Cue y al senador Graco Ramírez, logran quedar en segundo lugar.
En el 2009 el sol azteca no logró conservar ningún distrito ni federal ni estatal y se convirtió en la tercera fuerza electoral de la entidad, el trabajo de esa organización ha enfocado sus esfuerzos en las zonas urbanas, los líderes sociales que mantenían vínculos con el campo, como Plutarco Emilio García Jiménez, que fue diputado federal en 1997, se han separado de la actual dirigencia formal de esa organización, participa en una agrupación campesina llamada Unión de Pueblos de Morelos, así como en la Universidad del Sur de Morelos.
Los actuales legisladores locales del PRD según su trayectoria publica y profesional, no conocen el trabajo del campo, Fidel Demedicis Hidalgo nació en Temixco, ha trabajado permanentemente en el sector educativo, principalmente en secundarias técnicas. Hortensia Figueroa nació en Jojutla, es licenciada en derecho y en filosofía egresada de la UAEM. Y Rabindranath Salazar Solorio nació en Jiutepec, es contador público, colaboró en el Sistema de Agua Potable de Jiutepec, fue presidente municipal y ha sido catedrático.
Graco Ramírez Garrido Abreu es fundador del PST en 1978, del PMS en 1987 y del PRD en 1989, es senador de primera minoría, participa en las comisiones de desarrollo social, de energía y de defensa.
En la actual legislatura, local o federal, desde Morelos no existe un vínculo entre representantes populares de ese partido y “los hombres del campo”, algunos dirigentes sociales con relación en zonas rurales, observan el desempeño de esta organización y sobre todo la selección de candidatos y en ese momento determinarán si apoyan o no a dicha organización, ya que no existe vínculo formal.
EL CONFLICTO ACTUAL
El 9 de abril en Cuautla y ante los presidentes de 15 comités municipales de la CNC en la región oriente, el diputado Félix Rodríguez Sosa, aspirante a la dirigencia de la más importante central campesina de la entidad, prometió contratar ingenieros y abogados y recuperar para la organización la importancia que tuvo cuando fue dirigida por Rubén Román Sánchez. (Ex líder de la CNC y presidente del CDE del PRI durante el gobierno de Antonio Rivapalacio López). En esa fecha reconoció que en la actualidad no existe en Morelos un padrón cenecista y dio a conocer negociaciones que se realizaban entre el ex líder de la CNC, Amado Orihuela, y quien fuera su secretaria general Rosalina Mazarí, para que se convierta en dirigente del Movimiento Territorial, otra estructura priista, y señaló que la también legisladora federal estaba “encaprichada” en dirigir a los campesinos.
El 24 de mayo la diputada federal Rosalina Mazari rechazó la posibilidad de que existiera una “mano negra” a favor de Félix Rodríguez Sosa y aseguró que serían los cenecistas locales los que determinaran quién sería su líder, la legisladora (en la elección del PRI se realizó una consulta abierta y es lo que plateó la legisladora) ahí rechazo la “cultura del dedazo”, recordó que el sector campesino es el más importante del PRI.
El 30 de julio Rosalina Mazari modificó su perspectiva de la elección, aseguró que era un proceso amañado, donde se falsificaron firmas, con sellos apócrifos y se realizaron practicas reprobables, por el temor a perder no se jugó limpio, lo que deja un sector campesino dividido.
“La tibieza de Amado Orihuela” dio paso a la deshonestidad, lo que dejo a un importante número de comisariados ejidales enojados a impedir el uso de urnas para determinar quien sería dirigente.
En el Gobierno de Rivapalacio López, la Comisión Nacional del Agua determinó cerrar más de 20 mil hectáreas de cultivo en los municipios del sur del valle de Cuernavaca, que eran regadas con aguas que estaban contaminadas por derrames de la zona industrial de Civac, hoy son áreas destinadas a desarrollos inmobiliarios en Jiutepec, Temixco Xochitepec y Zapata. Ahí dejaron de laborar más de 23 mil campesinos, muchos emigraron a las ciudades y a los Estados Unidos, formaban parte de la CNC.
Hoy es mínima la población que continúa desarrollando actividades agrícolas y ganaderas en Morelos. El peso cuantitativo de la organización al interior del PRI se ha reducido, sin embargo, al igual que la CTM y que la CNOP, forma parte de los “pilares” que soportan a esa organización.
Para poder registrar una intención de candidatura al interior del PRI se requiere de la “aprobación” de los sectores, por ello esta organización, al igual que la obrera, tiene importancia para las aspiraciones de los precandidatos. Lo que las ha convertido en estructuras burocráticas más cercanas a las agencias de colocación laboral que a una representación sectorial, el efecto de la determinación de impedir el uso de urnas por parte de la dirigencia estatal, se reflejará en el próximo proceso electoral.
Hay que recordar que durante los últimos años, el PRI no ha gobernado Morelos y que los apoyos a los campesinos se entregan desde dependencias federales como la Secretaría de Desarrollo Social y la Secretaría de Desarrollo Agropecuario-Sagarpa a través de programas que “están blindados de la intervención de los partidos”.
