A través de un escrito entregado en la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, Martha Alpizar viuda de Zaizar, expresa al Congreso su “temor de que el magistrado presidente (Ricardo Rosas Pérez) de línea al juez para que dicte una sentencia favorable a los acusados y a su defensa, y los dejen libres prevaleciendo como siempre la impunidad y la injusticia”.
El 24 de enero del 2000 fue encontrado el cadáver de la joven Dayana Zaizar Alpizar, originaria de Cuautla y quien estudiaba la universidad en la capital del estado, para lo cual compartía un departamento con su amiga Laura Patricia Flores. Fue asesinada de una cuchillada en el cuello. Su novio, Erick Trotter Bustamante, hijo de un importante empresario regiomontano, fue detenido al ser reconocido por vecinos como quien salió del departamento a la misma hora del homicidio, pero la Procuraduría de Justicia (encabezada en aquel momento por Rogelio Sánchez Gatica) lo dejó en libertad.
Fue hasta el primero de febrero del 2002 que la Policía Ministerial ejecutó en Monterrey una orden de aprehensión girada por el Juzgado Tercero Penal y horas más tarde también fue detenida Laura Patricia Flores.
“Erick Trotter Bustamante declara ante el Ministerio Público los hechos del homicidio y cómo participan él y Laura Patricia Flores Medina, señalando que él estaba sujetando a nuestra hija Dayana y Laura Patricia Flores Medina le encajó el cuchillo en el cuello de mi hija, causándole la muerte”, dice la madre en su misiva.
Agrega que “Erick Trotter habló conmigo a solas y también me confiesa los hechos de igual manera que lo hiciera ante el Lic. Roberto Quiñones. Debo decir señores diputados que en ningún momento mostró tristeza o arrepentimiento, quiero decirles que no tuve fuerzas para pegarle o insultarle como se lo merecía o como cualquier otro padre lo hubiera hecho al escuchar tan dolorosa y aberrante confesión”.
Explica la señora Martha Alpizar que el 4 de abril del 2006 la Juez María Luisa Sánchez Osorio dictó sentencia condenatoria a los dos acusados aplicándoles la pena de 38 años de prisión. La defensa apeló el resolutivo y los magistrados Ramón García Jácome, Leticia Robles Santoyo y Rodolfo Cuevas Salazar revocó la sentencia y ordenó la reposición del procedimiento “porque supuestamente no se les dijo a los acusados el alcance que tenía el desistirse de algunas pruebas”.
Además de que la Juez Sánchez Osorio fue cambiada de juzgado.
El pasado 14 de diciembre se llevó a cabo la última audiencia y se cerró la instrucción, por lo que ahora sólo resta que el Juez Oscar Román Segura dicte una nueva sentencia.
“Señores diputados: a mi hija le quitaron el principal derecho humano y divino de la vida. Por favor, que nadie le quite su derecho a la justicia”, dice para finalizar el documento entregado en el Congreso y cuya copia fue remitida a este medio de comunicación.