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El abogado de los agraviados, Humberto Garduño García, difundió la recomendación emitida por la CDHEM el pasado 23 de mayo en la que se pide al alcalde de Tlaltizapán ofrecer una disculpa pública por actos cometidos en contra de los hermanos Verónica y Mario Bustamante Martínez, quienes fueron detenidos, golpeados y amenazados tanto por el edil como el director de seguridad pública municipal y varios elementos más la noche del 4 de enero de 2010.
Además solicitó la reparación del daño moral, económico y físico causado tanto por el alcalde como los que perpetraron una serie de actos crueles, inhumanos y degradantes a las víctimas, así como iniciar sendos procedimientos administrativos en contra Agripino Casales Zúñiga, Trinidad Sánchez Cadena, Pedro Reyes Landa, Albert López Cortés, Javier Córdova Olmos, Santos Barrientos Campos, Alex Germán Bárcenas García, Edgar Anzúrez Hernández, Arcos Pineda Erick, Wendy Vargas Rosas, Patricia Castañeda Delgado, Carlos Peña López, Iván Marcelo Morales, Edgar Cárdenas Rueda, Pablo Romero Manzanarez y Rafael Félix Ocampo, quienes incurrieron en las vejaciones.
En particular, la CDHEM requirió al edil que resarza económica y moralmente el daño ocasionado a las víctimas: “Se pague el daño económico a los quejosos Mario y Verónica Bustamante Martínez, por parte del C. Ennio Pérez Amador, presidente municipal de Tlaltizapán, Morelos, en atención que vulneró su integridad y su salud de los hoy sujetos de agravio, por sobrepasar sus funciones y ordenar la detención de éstos sin que existiera delito que perseguir, el permitir que sus policías ejercieran detención arbitraria, uso excesivo de la fuerza, lesiones, tortura, tratos crueles e inhumanos y degradantes”.
Además, la Comisión pidió que la Dirección de Tránsito Municipal, a la que están adscritos los 16 policías acusados, de asentar en sus expedientes laborales tan inaceptable conducta.
En tanto, emitió dos solicitudes a la Secretaría de Seguridad Pública Estatal y la Procuraduría General de Justicia.
A la SSP el organismo defensor de los derechos humanos requirió revisar si los 16 policías municipales están registrados en el Sistema Nacional de Seguridad Pública, verificar sus antecedentes, si cumplieron ya con los exámenes de control de confianza y en caso de no cumplir con los requisitos de permanencia, solicitar su baja de la corporación.
En cuanto a la procuraduría estatal, pidió agilizar la integración de las carpetas de investigación JO01/025/2010 y JO01/026/2010, aplicar las evaluaciones médico-psicológicas para acreditar el delito de tortura y las secuelas, y judicializar de inmediato el caso.
El Ayuntamiento de Tlaltizapán tiene 10 días naturales para informar si acepta o no la recomendación.
Presión de EU
Mario Bustamante Martínez, de origen mexicano y nacionalizado estadounidense, afirmó que han existido amenazas del alcalde en contra de su familia y por ello ha solicitado a la embajada de Estado Unidos no sólo su intervención directa para que se haga cumplir la ley y se establezcan sanciones a quienes lo torturaron junto a su hermana, sino para solicitar asilo político al resto de su familia que reside en el municipio de Tlaltizapán.
Indicó que con el apoyo de la senadora por California en EU, Loreta Sánchez, y la embajada norteamericana seguirá el caso, pues no está dispuesto a aceptar más impunidad.
El abogado de Mario, Humberto Garduño, expresó que esperarán a que el alcalde acepte la recomendación y que todas las autoridades cumplan con todos los procedimientos de ley, incluso que la misma procuraduría (por haber elementos que demuestren la tortura y abuso de autoridad) ejercite acción penal contra los responsables y solicite al Congreso el desafuero de Ennio Pérez Amador.
Vacaciones que terminaron en terror
Mario Bustamante Martínez, quien adquirió la ciudadanía estadounidense tras radicar durante 25 años en Santa Anna California, en diciembre de 2009 arribó a Morelos para pasar las fiestas navideñas con su familia en el municipio de Tlaltizapán.
Un día antes de partir de nuevo a Estados Unidos, la noche del 4 de enero pasado, se encontraba en casa de su madre que se ubica frente a la vivienda del presidente municipal Ennio Pérez Amador, que permanentemente está custodiada por policías municipales.
Su hermana Verónica salió a pedir a los policías que retiraran las patrullas del portón para que pudiera estacionar su vehículo en el garage, sin embargo, fue atacada por los agentes por órdenes del alcalde que ahí se encontraba.
Al percatarse de la agresión, Mario salió en defensa de su hermana pero de inmediato fue atacado y sometido a golpes por varios policías, que estimó eran más de 15. Incluso, existe un video casero tomado por la familia en el que se observa por unos segundos como los agentes municipales agreden a la familia.
De inmediato, el resto de la familia salió a la calle a ver qué sucedía e intentó ayudar a Mario, pero en la trifulca su madre, de 75 años, su esposa y seis menores de edad resultaron lastimados y entraron en crisis nerviosa.
A pesar de las súplicas de la familia, el presidente municipal ordenó al coordinador de la Policía Municipal, Anuar Cadenas, dar un escarmiento a Mario y su hermana. Ambos fueron subidos a las patrullas y por tiempo indeterminado fueron “paseados” mientras eran golpeados; luego fueron llevados a certificar y finalmente custodiados en la comandancia municipal.
Sin embargo, Mario narró que durante su traslado, los policías encapuchados lo golpearon en todo el cuerpo, lo amenazaron de muerte y “me hicieron lo peor que le pueden hacer a un hombre”. Los agentes policíacos lo desnudaron y le introdujeron un palo por el ano. El diagnóstico firmado por un médico privado, dio fe las lesiones de que fue víctima.
Su hermana Verónica también fue desnudada y golpeada al grado de causarle sangrado vaginal, como así se certifica en un diagnóstico médico.
Incluso, a petición de un vecino, horas después intervino el diputado perredista Fidel Demédicis, quien encontró a Mario desnudo y le dio un suéter para que se cubriese. El legislador se ha ofrecido en varias ocasiones como testigo ante la Procuraduría General de Justicia, sin embargo el Ministerio Público –según dijo el abogado de los afectados- se ha negado a tomar su declaración bajo el argumento de que tiene fuero. “Le hemos dicho al MP en varias ocasiones que el diputado está dispuesto acudir voluntariamente, a ser testigo de Mario, pero dice que no porque tiene fuero”, afirmó Humberto Garduño García.
