Expresó que los próximos días serán definitivos para que los partidos y sus representantes en el Poder Legislativo definan si habrá modificaciones al Código Electoral respecto a una serie de temas como el recuento de votos, la distribución de diputaciones plurinominales y candados para evitar el financiamiento de campañas con recursos provenientes del narcotráfico y la delincuencia organizada.

“Nosotros recibimos una invitación para acudir cuando fuéramos llamados –al Congreso- a explicar este tipo de propuestas que hicimos sobre todo en materia jurisdiccional y creo que habría esta posibilidad. La última palabra la tendrían los legisladores. Entiendo que algunos presidentes de partidos políticos no están de acuerdo, no se han sentado para ponerse de acuerdo en este tema pero son los legisladores los que tendrían la última palabra porque son los que tienen la responsabilidad de legislar y actualizar el Código Electoral”, dijo.

Insistió en que el Tribunal Estatal Electoral tiene confianza en que habrá voluntad de todos los actores políticos para reformar el Código Estatal Electoral antes del 30 de septiembre, fecha límite para que entren en vigor dichas modificaciones y las nuevas reglas puedan ser aplicables al próximo proceso electoral que comienza oficialmente a partir del 1 de enero de 2012 para la renovación de 33 Ayuntamientos, diputados y gobernador.

Cuestionado sobre los candados para evitar el uso de recursos ilícitos en las campañas electorales, Blumenkron Escobar detalló que dependerá de los diputados legislar sobre este tema ya que “actualmente existe en el Código una causal de nulidad, una sanción por tener el manejo de recursos que procedan de la delincuencia organizada, pero no es factible para el TEE –por ejemplo- anular una elección porque no tenemos las herramientas procesales de prueba para poder hacerlo; por eso, esa propuesta”.

Afirmó que es un tema complejo porque hasta ahora es competencia exclusiva de la Procuraduría General de la República, pero para que el Tribunal Electoral pueda tener facultades para actuar en caso de supuestos financiamientos ilícitos sería necesario separar lo administrativo sin invadir la jurisdicción de la procuraduría federal.